Sentencia

Sentencia n° 2011-635 DC de 4 de Agosto de 2011

Ley sobre la participación de los ciudadanos en el funcionamiento de la justicia penal y el enjuiciamiento de menores

El Consejo Constitucional ha sido requerido, en las condiciones previstas en el segundo párrafo del artículo 61-1 de la Constitución, sobre la Ley de participación de los ciudadanos en el funcionamiento de la justicia penal y el juicio de menores, el 7 de julio de 2011, por don Jean−Marc AYRAULT, doña Sylvie ANDRIEUX, los señores Jean−Paul BACQUET, Gérard BAPT, las señoras Delphine BATHO, Marie−Noëlle BATTISTEL, los señores Serge BLISKO, Jean−Michel BOUCHERON, doña Monique BOULESTIN, don Pierre BOURGUIGNON, doña Danielle BOUSQUET, los señores François BROTTES, Alain CACHEUX, Guy CHAMBEFORT, Jean−Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Alain CLAEYS, doña Marie−Françoise CLERGEAU, los señores Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, doña Pascale CROZON, don Frédéric CUVILLIER, doña Claude DARCIAUX, los señores Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, Bernard DEROSIER, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Jean−Pierre DUFAU, William DUMAS, doña Laurence DUMONT, los señores Jean−Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Albert FACON, Hervé FÉRON, las señoras Aurélie FILIPPETTI, Geneviève GAILLARD, los señores Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Jean−Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Jean GRELLIER, doña Élisabeth GUIGOU, don David HABIB, doña Danièle HOFFMAN−RISPAL, los señores Serge JANQUIN, Régis JUANICO, las señoras Marietta KARAMANLI, Conchita LACUEY, los señores Jérôme LAMBERT, Jack LANG, doña Colette LANGLADE, los señores Jean LAUNAY, Jean−Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean−Yves LE DÉAUT, Jean−Marie LE GUEN, doña Annick LE LOCH, don Bruno LE ROUX, doña Marylise LEBRANCHU, los señores Michel LEFAIT, Bernard LESTERLIN, Albert LIKUVALU, Jean MALLOT, Jean−René MARSAC, Philippe MARTIN, doña Frédérique MASSAT, don Didier MATHUS, doña Sandrine MAZETIER, los señores Michel MÉNARD, Pierre−Alain MUET, Alain NÉRI, doña George PAU−LANGEVIN, los señores Germinal PEIRO, Jean−Luc PÉRAT, Jean−Claude PEREZ, Philippe PLISSON, François PUPPONI, Dominique RAIMBOURG, Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Jean−Louis TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Jean−Jacques URVOAS, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES, Philippe VUILQUE, doña Marie−Hélène AMIABLE, don François ASENSI, doña Martine BILLARD, los señores Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean−Pierre BRARD, doña Marie−George BUFFET, los señores Jean−Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, doña Jacqueline FRAYSSE, los señores André GERIN, Pierre GOSNAT, Jean−Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean−Claude SANDRIER, Michel VAXES, Yves COCHET, Noël MAMÈRE, François de RUGY et doña Anny POURSINOFF, diputados.

y, el 8 de julio de 2011, por don Jean−Pierre BEL, las señoras Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, los señores Serge ANDREONI, Bernard ANGELS, Alain ANZIANI, David ASSOULINE, Bertrand AUBAN, Robert BADINTER, Claude BÉRIT−DÉBAT, Jacques BERTHOU, las señoras Marie−Christine BLANDIN, Maryvonne BLONDIN, don Yannick BODIN, doña Nicole BONNEFOY, don Yannick BOTREL, doña Alima BOUMEDIENE−THIERY, don Martial BOURQUIN, doña Bernadette BOURZAI, M. Michel BOUTANT, doña Nicole BRICQ, don Jean−Pierre CAFFET, Mme Claire−Lise CAMPION, don Jean−Louis CARRÈRE, doña Françoise CARTRON, don Bernard CAZEAU, doña Monique CERISIER−ben−GUIGA, los señores Yves CHASTAN, Pierre−Yves COLLOMBAT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Jean−Pierre DEMERLIAT, doña Christiane DEMONTÈS, don Jean DESESSARD, doña Josette DURRIEU, los señores Alain FAUCONNIER, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, doña Samia GHALI, los señores Serge GODARD, Jean−Pierre GODEFROY, Didier GUILLAUME, Claude HAUT, Edmond HERVÉ, doña Annie JARRAUD−VERGNOLLE, los señores Claude JEANNEROT, Ronan KERDRAON, las señoras Bariza KHIARI, Virginie KLÈS, los señores Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Jacky LE MENN, Roger MADEC, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, Jean−Pierre MICHEL, Jean−Jacques MIRASSOU, doña Renée NICOUX, los señores Jean−Marc PASTOR, François PATRIAT, doña Gisèle PRINTZ, los señores Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Paul RAOULT, Daniel REINER, Thierry REPENTIN, doña Patricia SCHILLINGER, don Jean−Pierre SUEUR, doña Catherine TASCA, los señores Michel TESTON, René TEULADE, Jean−Marc TODESCHINI, Richard YUNG, Jacques MÉZARD, Yvon COLLIN, las señoras Françoise LABORDE, Anne−Marie ESCOFFIER, Nicole BORVO COHEN−SEAT, Eliane ASSASSI, Marie−France BEAUFILS, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Evelyne DIDIER, los señores Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, doña Brigitte GONTHIER−MAURIN, don Gérard LE CAM, doña Josiane MATHON, los señores Jack RALITE, Ivan RENAR et Jean−François VOGUET, senadores.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL

Vista la Constitución;

Vista la ordenanza 58-1067, de 7 de noviembre, modificada, relativa a la ley orgánica sobre el Consejo constitucional;

Visto el código penal;

Visto el código procesal penal;

Vista la ordenanza 45-174, de 2 de febrero de 1945, relativa a la delincuencia juvenil;

Vista la decisión del Consejo constitucional 2011-113/115 QPC de 1 de abril de 2011;

Vista la decisión del Consejo constitucional 2011-147 QPC de 8 de julio de 2011;

Vistas las observaciones del Gobierno, recibidas el 25 de julio de 2011;

Tras haber escuchado al ponente;

  1. Considerando que los diputados y senadores recurrentes difieren ante el Consejo constitucional la Ley sobre la participación de los ciudadanos en el funcionamiento de la justicia penal y el enjuiciamiento de menores; que impugnan el proceso de adopción del artículo 19; que recurren igualmente las disposiciones del título primero, especialmente en tanto que son sometidas a experimentación en virtud del artículo 54; que cuestionan, en fin, la conformidad de ciertas disposiciones de sus artículos 12 y 13, relativos al Tribunal de apelación, con la Constitución, así como los artículos 33, 38, 49 y 50 relativos a la justicia penal de menores; que los senadores recurrentes impugnan, por otra parte, la conformidad de ciertas disposiciones de sus artículos 32 y 34 con la Constitución;
  • SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DEL ARTÍCULO 19:
  1. Considerando que el artículo 19 de la ley deroga el artículo 131-36-1 del código penal que preveía que la puesta bajo vigilancia electrónica móvil debe ser ordenada sea por una decisión especialmente motivada del tribunal correccional [tribunal correctionnel] sea, tratándose del jurado [cour d'assises], por mayoría cualificada.

  2. Considerando que, según los recurrentes, este artículo ha sido adoptado desconociendo el artículo 45 de la Constitución;

  3. Considerando que, según los términos de la segunda frase del primer párrafo del artículo 45 de la Constitución: “Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 40 y 41, toda enmienda será admisible en primera lectura a condición de que presente un vínculo, incluso indirecto, con el texto presentado o trasladado”,

  4. Considerando que las disposiciones del artículo 19, que han sido insertadas en el proyecto de ley en primera lectura en la Asamblea Nacional, presentan un vínculo con las disposiciones relativas a la motivación de las decisiones en materia criminal así como con las relativas al arresto domiciliario con vigilancia electrónica que figuraban en el proyecto de Ley inicialmente presentado; que la queja de que este artículo ha sido adoptado siguiendo un procedimiento contrario a la Constitución debe ser descartada; que este artículo no desconoce ninguna otra exigencia constitucional; que, por consiguiente, debe ser declarado conforme a la Constitución.

  • SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL

. En lo que concierne a la participación de los ciudadanos asesores en el enjuiciamiento de asuntos penales.

  1. Considerando que el capítulo primero de la Ley se dedica a los ciudadanos asesores; que su artículo primero inserta en el código procesal penal los artículos 10-1 a 10-14; que los tres últimos párrafos del artículo 10-1 establecen que los ciudadanos pueden ser llamadas como asesores a completar el tribunal correccional y la Sala de apelaciones correccionales [chambre des appels correctionnels], en los casos previstos en los artículos 399-2 y 510-1 del código procesal penal, y a completar el Tribunal de aplicación de las penas [tribunal de l'application des peines] y la Sala de aplicación de las penas del tribunal de apelación [chambre de l'application des peines de la cour d'appel], en los casos previstos en los artículos 712−13−1, 720−4−1 et 730−1 del mismo código.

  2. Considerando que, en virtud del artículo 10-2, una lista de ciudadanos asesores se establece, cada año, para cada tribunal de gran instancia [tribunal de grande instance]; que el artículo 10-3 fija las condiciones requeridas para poder figurar en tal lista; que el artículo 10-4 prevé que los ciudadanos asesores son designados entre las personas inscritas sobre una lista provisional establecida al azar mediante sorteo realizado sobre las listas electorales; que el artículo 10-5 determina las modalidades según las cuales la lista de ciudadanos asesores se establece por la comisión prevista en el artículo 262 que examina la situación de las personas inscritas sobre la lista provisional en un orden determinado al azar mediante sorteo; que prevé que la comisión excluirá a las personas que no cumplan las condiciones requeridas, aquellas respecto de las cuales se acuerde una dispensa y los que no “parezcan manifiestamente estar en posición de ejercer las funciones de ciudadano asesor”, especialmente por razones que hacen dudar de su imparcialidad, honorabilidad o probidad; que el artículo 10-6 determina los motivos por los que los ciudadanos asesores pueden ser retirados de la lista por decisión del presidente del tribunal de apelación [cour d'appel]; que los artículos 10-7 a 10-9 determinan las modalidades según las cuales se define el servicio de los ciudadanos asesores; que el artículo 10-10 prevé que cada ciudadano asesor no puede, en principio, ser llamado a juzgar más de diez días de audiencia por año; que el artículo 10-11 prevé le juramento de los ciudadanos asesores; que el artículo 10-12 define las causas por las que pueden ser recusados; que el artículo 10-13 dispone que el ejercicio de funciones de ciudadano asesor constituye un deber cívico y reprime los incumplimientos a dicho deber; que, en fin, el artículo 10-14 remite a un decreto adoptado por el Consejo de Estado el establecimiento de las reglas para la aplicación de las disposiciones anteriores y, especialmente, “las modalidades según las cuales los ciudadanos asesores deban beneficiarse, antes de ejercer sus funciones, de una formación sobre el funcionamiento de la justicia penal así que sobre el papel de los ciudadanos asesores”.

  3. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones desconocen el derecho a un juez independiente e imparcial, y las exigencias de capacidad que resultan del artículo 6 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789;

  • En cuanto a las normas aplicables de constitucionalidad.
  1. Considerando que según el artículo 64 de la Constitución: “El Presidente de la República es el garante de la independencia de la autoridad judicial. - Le auxiliará el Consejo superior de la magistratura - Una ley orgánica determinará el estatuto de los magistrados y fiscales - Los magistrados serán inamovibles”; que, según el artículo 66 de la Constitución: “Nadie podrá ser detenido arbitrariamente. - La autoridad judicial, garante de la libertad individual, asegurará el respeto de este principio en la forma prevista por la ley”; que, en virtud del artículo 6 de la Declaración de 1789, todos los ciudadanos son igualmente admisibles a cualquier dignidad, cargo o empleo públicos, “según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes”

  2. Considerando que, de una parte, si las funciones de magistrado del orden judicial deben ser ejercidas en principio por personas que pretendan consagrar su vida profesional a la carrera judicial, la Constitución no impide que, limitadamente, funciones normalmente reservadas a magistrados de carrera puedan ser ejercidas de forma temporal por personas que no pretenden, sin embargo, realizar una carrera judicial; que, de otra parte, si las disposiciones del artículo 66 de la Constitución se oponen a que el poder de pronunciar medidas privativas de libertad sea confiado a una jurisdicción que no se encuentre compuesta más que por jueces no profesionales, no prohíben, por ellas mismas, que este poder sea ejercido por una jurisdicción penal de derecho común en cuyo seno participan tales jueces; que, sin embargo, deben ser aportadas en tal caso garantías apropiadas permitiendo satisfacer el principio de independencia, indisociable del ejercicio de funciones judiciales, así como las exigencias de capacidad que derivan del artículo 6 de la Declaración de 1789; que, además, tratándose de formaciones correccionales de derecho común, la proporción de jueces no profesionales debe ser minoritaria;

  3. Considerando que las exigencias que resultan de los artículos 64 y 66 de la Constitución no imponen que los ciudadanos llamados por azar mediante sorteo a participar ocasionalmente en calidad de asesores al ejercicio de la justicia penal sean sometidos a los derechos y obligaciones aplicables al conjunto de los magistrados sujetos, sino únicamente a las disposiciones específicas que imponen el ejercicio a título temporal o parcial de sus funciones; que, consecuentemente, el artículo primero de la ley debe ser declarado conforme a la Constitución.

  4. Considerando que, sin embargo, las disposiciones citadas no subordinan el ejercicio de las funciones de ciudadano asesor a competencias jurídicas o una experiencia en las cuestiones susceptibles de ser sometidas a su conocimiento; que, por consiguiente, el artículo 6 de la Declaración de 1789 impone que la naturaleza de las cuestiones de derecho o de hecho sobre las que los ciudadanos son llamadas a pronunciarse, así como los procedimientos según los cuales juzgan, sean definidos de manera que sean llevados a pronunciarse de manera clara sobre las materias sometidas a su apreciación;

. En lo que concierne a la participación de los ciudadanos asesores en el enjuiciamiento de asuntos penales:

  1. Considerando que el artículo 5 de ley completa la sección segunda del capítulo primero del título II del Libro II del código procesal penal con un párrafo segundo titulado: “Del tribunal correccional [tribunal correctionnel] en su formación ciudadana”, comprendiendo los artículos 399-1 a 399-11; que el artículo 399-1 dispone que, para el enjuiciamiento de los delitos enumerados en el artículo 399-2, el tribunal correccional [tribunal correctionnel] está compuesto de tres magistrados del tribunal de gran instancia [tribunal de grande instance] y dos ciudadanos asesores; Que, según dispone el artículo 399-2: “son enjuiciados por el tribunal correccional [tribunal correctionnel] en su formación ciudadana, en aplicación del artículo 399-1, los delitos siguientes:
    “1° Los atentados contra la persona humana castigados con una pena de cárcel de una duración igual o superior a cinco años previstos en el título II del libro II del Código penal;
    “2° Los robos con violencia previstos en el último párrafo del artículo 311-4, en el primer apartado y el último párrafo del artículo 311-5 y en el artículo 311-6 del código penal, así como las extorsiones previstas en los artículos 312-1 y 312-2 del mismo código;
    “3° Las destrucciones, degradaciones y deterioros peligrosos para las personas castigados con una pena de cárcel de una duración igual o superior a cinco años previstos en la sección 2 del capítulo II del título II del libro III del código penal; “4° La usurpación de identidad previsto en el artículo 434-23 del código penal;
    “5° Las infracciones previstas en el código de medio ambiente castigadas con una pena de cárcel de una duración igual o superior a cinco años.
    “El tribunal correccional [tribunal correctionnel] en su formación ciudadana no es sin embargo competente para el enjuiciamiento de los delitos previstos en el presente articulo cuando se trate de un delito mencionado en los artículos 706−73 et 706−74 o, bajo reserva de las disposiciones del artículo 399-3, mencionado en el artículo 398-1 del presente código”;

  2. Considerando que resulta del artículo 399-4 del código procesal penal que los ciudadanos asesores sólo participan en las decisiones del tribunal correccional en la calificación de los hechos, la culpabilidad del acusado y la pena, y que cualquier otra cuestión es juzgada únicamente por los magistrados, que el legislador ha adoptado así reglas propias para garantizar que el enjuiciamiento de delitos propios del derecho penal general por personas seleccionadas por sorteo no sea incompatible con las exigencias del artículo 6 de la Declaración de 1789; que, sin embargo, las infracciones previstas en el libro IV del código penal y estas previstas en el código de medio ambiente son de tal naturaleza que su examen precisa de competencias jurídicas especiales que impide que puedan participar en ellas personas seleccionadas al azar; que, consiguientemente, los apartados cuarto y quinto del artículo 399-2 deben ser declaradas contrarios a la Constitución;

  • En cuanto a la participación de los ciudadanos en las decisiones en materia de aplicación de penas:
  1. Considerando que el artículo 15 de la ley impugnada prevé que los ciudadanos asesores participan en el proceso en materia de aplicación de las penas para pronunciarse sobre la reducción del periodo de seguridad, sobre la libertad condicional cuando la pena privativa de libertad es de una duración superior a cinco años y, en este caso, para ordenar que la pena se ejecute bajo un régimen de semi-libertad y de situación bajo vigilancia electrónica, cuando estas medidas sean adoptadas a modo de prueba previamente a una libertad condicional; que este artículo prevé igualmente que participan en el examen, en apelación, del conjunto de medidas adoptadas por el tribunal de aplicación de las penas sobre la base del artículo 712-7 del código procesal penal;

  2. Considerando que la participación de los ciudadanos asesores en la apreciación por las jurisdicciones de la aplicación de las penas, las condiciones de fondo que determinan la ejecución de las penas no desconoce, en sí misma, las exigencias del artículo 6 de la Declaración de 1789; que, sin embargo, incluso en ausencia de una disposición expresa que limite esta participación a las solas cuestiones de fondo, la complejidad jurídica del régimen de aplicación de penas no podría permitir que los ciudadanos asesores participen en el juicio de cualquier otra cuestión sobre la que el tribunal de aplicación de las penas [tribunal de l'application des peines] o la sala de aplicación de las penas [chambre de l'application des peines] estuviera llamada a resolver, tal como la apreciación de las condiciones de admisión de las demandas o el examen de incidentes procesales; que, bajo esta reserva, el artículo 15 no es contrario a la Constitución;

. En lo que concierne al recurso a la experimentación.

  1. Considerando que el artículo 54 de la ley, en el primer párrafo de su parágrafo II, dispone que “Los artículos 10-1 a 10-14, 258−2, 264−1, 399−1 a 399−11, 461 1 a 461−4, 486−1 a 486−5, 510−1, 512−1, 712−13−1, 720−4−1 y 730−1 del código procesal penal y el artículo 24-4 de la citada ordenanza 45-174 de 2 de febrero de 1945, que resultan de la presente ley, son aplicables a título experimental a partir del primero de enero de 2012 en al menos dos tribunales de apelación [cours d'appel] y hasta el primero de enero de 2014 en más de diez tribunales de apelación [cours d'appel]. Los tribunales de apelación [cours d'appel] afectados son determinadas por un decreto del Ministro de Justicia”; que, así, estas disposiciones prevén la experimentación de la inclusión de ciudadanos asesores en los tribunales correccionales [tribunaux correctionnels], en las salas de apelación correccionales [chambres des appels correctionnels], a los tribunales y a las salas de aplicación de penas [chambres de l'application des peines] y a los tribunales correccionales de menores [tribunaux correctionnels pour mineurs];

  2. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones vulneran el principio de igualdad ante la ley así como el carácter limitado y reversible que debe revestir la experimentación y desconocen la competencia del legislador;

  3. Considerando que, según el artículo 37-1 de la Constitución, “La ley y el reglamento pueden contener disposiciones de carácter experimental para una duración y un fin determinados”; que, si, sobre el fundamento de esta disposición, el Parlamento puede autorizar, desde la óptica de su eventual generalización, experimentaciones que derogan, por un objeto y una duración limitados, el principio de igualdad ante la ley, debe definir de forma suficientemente precisa el objeto y las condiciones y no desconocer otras exigencias de valor constitucional;

  4. Considerando que, adoptando las citadas disposiciones del artículo 54, el legislador ha definido de forma suficientemente precisa el objeto y las condiciones de la experimentación en causa; que no ha desconocido su competencia reenviando a un decreto del ministro de justicia la determinación de los tribunales de apelación dentro de cuya jurisdicción la experimentación tendrá lugar; que fija el término de experimentación que ha autorizado; que, consiguientemente, el artículo 54 de la Ley impugnada es conforme a la Constitución;

. En lo que concierne al tribunal de jurado francés [cour d'assises]:

  1. Considerando que los artículos 10 a 14 de la ley modifican las disposiciones del código procesal penal relativas al tribunal de jurado francés [cour d'assises]; que, en particular, estas disposiciones reducen de nueve a seis el número de los miembros del jurado que juzgan en el tribunal de jurado francés [cour d'assises] en primera instancia y de doce a nueve el número de los que resuelven en apelación; que modifican las disposiciones del artículo 359 del código procesal penal relativas a la mayoría necesaria de votos para la adopción de una decisión desfavorable para el acusado; que además, insertan en este mismo código un artículo 365-1 relativo a la motivación de las Sentencias del tribunal de jurado francés [cour d'assises];

  2. Considerando que de los artículos 7, 8 y 9 de la Declaración se deriva que corresponde al legislador, en el ejercicio de su competencia, fijar las reglas de derecho penal y procesal penal para excluir la arbitrariedad en la investigación de los autores de la infracción, el enjuiciamiento de las personas procesadas así como la imposición y la ejecución de las penas; que la obligación de motivar los enjuiciamientos y las sentencias condenatorias constituye una garantía legal de esta exigencia constitucional.

  • En cuanto al artículo 359 del código procesal penal:
  1. Considerando que el parágrafo XII del artículo 13 da una nueva redacción al artículo 359 del código procesal penal relativo a las reglas de mayoría aplicables a las deliberaciones del tribunal de jurado francés [cour d'assises]; que, según lo establecido en este artículo: “Toda decisión desfavorable para el acusado será adoptada por una mayoría de seis votos al menos cuando el tribunal de jurado francés [cour d'assises] resuelva en primera instancia y de ocho votos al menos cuando lo haga en apelación”;

  2. Considerando que, según los recurrentes, permitiendo que una decisión desfavorable para el acusado sea adoptada con solamente el acuerdo de tres jurados y tres magistrados estas disposiciones atentan contra “el principio fundamental reconocido por las leyes de la República, según el que la existencia de un jurado popular supone que sus decisiones no pueden ser tomadas más que por la mayoría absoluta de sus miembros”; que desconoce el sentido de la decisión de 1 de abril de 2011 sobre la motivación de las sentencias de jurados [arrêts d'assises] y atentan, en todo caso, contra las exigencias que derivan de los artículos 7, 8 y 9 de la Declaración de 1789;

  3. Considerando, en primer lugar, que una tradición republicana no podría ser seriamente invocada para defender que un texto legislativo que la contradice fuera contrario a la Constitución sino es en el supuesto de que hubiera dado lugar a un principio fundamental reconocido por las leyes de la República; que, en este caso, ninguna ley de la República anterior a la Constitución de 1946 ha fijado el principio según el cual cuando los jurados y los magistrados deliberan juntos, las decisiones de la Audiencia desfavorables al acusado no puedan ser adoptadas más que con la mayoría absoluta de sus miembros;

  4. Considerando, en segundo lugar, que en su citada decisión 2011-113/115 QPC de primero de abril de 2011, el Consejo constitucional señaló que el artículo 359 del código procesal penal impone que toda decisión del tribunal de jurado francés [cour d'assises] desfavorable para el acusado sea adoptada por al menos la mayoría absoluta de los miembros del jurado; que ha mencionado esta regla entre las garantías legales que regulan el procedimiento y la deliberación del tribunal de jurado francés [cour d'assises] lo que conduce a que la ausencia de motivación de las sentencias del tribunal de jurado francés [cour d'assises] no sea visto como incompatible con las exigencias que derivan de los artículos 7, 8 y 9 de la Declaración de 1789; que la ley impugnada prevé la motivación de las sentencias del tribunal de jurado francés [cour d'assises]; que se deriva de ahí que la queja presentada de que la modificación del artículo 359 del código procesal penal desconoce el sentido de la citada decisión del 1 de abril de 2011debe ser descartada;

  5. Considerando, en tercer lugar, que el nuevo artículo 359 impone que toda decisión desfavorable para el acusado sea adoptada mediante la mayoría de seis votos sobre nueve al menos cuando el tribunal de jurado francés [cour d'assises] resuelve en primera instancia y de ocho votos sobre doce cuando lo hace en apelación; que tal regla de mayoría no desconoce ninguna exigencia constitucional;

  6. Considerando, por consiguiente, que el artículo 359 del código procesal penal debe ser declarado conforme con la Constitución;

  • En cuanto al artículo 365−1 del código procesal penal:
  1. Considerando que el parágrafo II del artículo 12 completa la sección 1 del capítulo VII del título primero del Libro II del Código procesal penal con un artículo 365-1 que impone que las Sentencias del tribunal de jurado francés [cour d'assises] sean motivadas; que este artículo dispone que esta motivación sea redactada por uno de los magistrados que integran el tribunal sobre un documento adjunto a la hoja de preguntas, la cual es firmada “inmediatamente” por el presidente y el presidente del jurado; que, sin embargo, el último párrafo del artículo 365-1 dispone: “Cuando, por la particular complejidad del asunto, vinculada al número de acusados o los delitos que les son imputados, no es posible redactar inmediatamente la hoja de motivación, ésta debe ser entonces redactada, adjuntada al expediente y transmitida al secretario del tribunal de jurado francés [cour d'assises] en un plazo no superior a tres días a contar desde el pronunciamiento del fallo”;

  2. Considerando que, según los recurrentes, permitiendo diferir tres días la redacción de la motivación y suprimiendo así la posibilidad para los miembros del jurado de verificar que se corresponde con el enunciado de las principales pruebas incriminatorias que han convencido al tribunal de jurado francés [cour d'assises], el legislador ha privado de garantías legales la exigencia constitucional que prohíbe la arbitrariedad en la imposición de penas.

  3. Considerando que, de una parte, resulta de los artículos 380-1 y 380-9 de código procesal penal que las Sentencias condenatorias dictadas por el tribunal de jurado francés [cour d'assises] en primera instancia pueden ser apeladas en el plazo de diez días a contar desde su pronunciamiento; que, en virtud del artículo 568 del mismo código, las partes disponen de cinco tras dictarse el fallo de apelación del tribunal penal para recurrir en casación; que, de otra parte, la facultad abierta en razón de la particular complejidad del asunto, vinculada con el número de acusados o de delitos que les son imputados, de que la motivación sea redactada como muy tarde tres días después del pronunciamiento de la Sentencia por uno de los magistrados del tribunal no dispensa a este último de la obligación de mencionar en la motivación “el enunciado de las principales pruebas incriminatorias que, para cada uno de los hechos imputados al acusado, han convencido al tribunal”; que tal previsión no deroga tampoco la regla según la que el folio de la motivación debe ser firmado por el presidente y el presidente del jurado; que, en estas condiciones, la disposición impugnada no desconoce las citadas exigencias constitucionales; que, por consiguiente, el artículo 365-1 del código procesal penal debe ser declarado conforme a la Constitución;

  • SOBRE EL ENJUICIAMIENTO DE MENORES

32.Considerando que el título II de la ley relativo al enjuiciamiento de menores comprende los artículos 24 a 52 que modifican la ordenanza de 2 de febrero de 1945 sobre la delincuencia juvenil; que los recurrentes impugnan las disposiciones del artículo 38, relativas al arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica, los artículos 32 a 34 y 50, relativos al recurso ante el tribunal de menores [tribunal pour enfants] o del tribunal correccional de menores [tribunal correctionnel des mineurs], y el artículo 49, relativas al tribunal correccional de menores [tribunal correctionnel des mineurs];

  1. Considerando que la atenuación de la responsabilidad penal de los menores en función de la edad, así como la necesidad de buscar la recuperación educativa y moral de los jóvenes delincuentes por medidas adaptadas a su edad y a su personalidad, acordadas por una jurisdicción especializada o según procedimientos apropiados, han sido constantemente reconocidas por las leyes de la República desde el comienzo del siglo XX; que estos principios se expresan especialmente en la ley de 12 de abril de 1906 sobre la responsabilidad penal de los menores, la ley de 22 de julio de 1912 sobre los tribunales de menores [tribunaux pour enfants] y la ordenanza de 2 de febrero de 1945 sobre la delincuencia juvenil; que, sin embargo, la legislación republicana anterior a la entrada en vigor de la Constitución de 1946 no consagra la regla según la que las medidas impuestas o las sanciones deben ser evitadas siempre en beneficio de medidas puramente educativas; que, en particular, las disposiciones originales de la ordenanza de 2 de febrero de 1945 no descartaban la responsabilidad penal de los menores y no excluían, en caso de necesidad, que fueran pronunciadas en su contra medidas tales como el internamiento, la vigilancia, la retención o, para menores de más de trece años, la detención; que tal es el alcance del principio fundamental reconocido por las layes de las República en materia de justicia para los menores;

  2. Considerando, además, que se deriva de los artículos 8 y 9 de la Declaración de 1789 que deben ser respetados, tanto a la vista de menores como de mayores, el principio de la presunción de inocencia, el de la necesidad y proporcionalidad de las penas y el de los derechos de defensa; que debe ser igualmente respetada la protección de la libertad individual garantizada por el artículo 66 de la Constitución;

  3. Considerando, finalmente, que cuando fija las reglas relativas al derecho penal de los jóvenes, el legislador debe velar por conciliar las exigencias constitucionales arriba enunciadas con la necesidad de buscar a los autores de las infracciones y de prevenir los atentados contra el orden público, y especialmente contra la seguridad de las personas y los bienes, que son necesarios para la salvaguarda de derechos de valor constitucional;

. En lo que concierne al arresto domiciliario de un menor con vigilancia electrónica:

  1. Considerando que el artículo 38 de la ley introduce en la citada ordenanza de 2 de febrero de 1945 un artículo 10-3 en cuyos términos: “los menores de entre dieciséis y dieciocho años pueden ser situación bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica en las condiciones y según las modalidades previstas en los artículos 142-5 a 142-13 del código procesal penal cuando se expongan a una pena de prisión de, al menos, dos años. Los menores de entre trece a dieciséis años solamente podrán ser situados bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica, bajo las mismas condiciones y modalidades, en el caso en que, en aplicación de la presente ordenanza, puedan ser situados bajo control judicial. En caso de arresto domiciliario con vigilancia electrónica en el domicilio de los representantes legales del menor, el acuerdo escrito de estos debe ser previamente obtenido por el magistrado competente para acordar la medida. Las disposiciones relativas al arresto domiciliario con vigilancia electrónica móvil no son, sin embargo, de aplicación a los menores”;

  2. Considerando que, según los recurrentes, permitiendo el arresto domiciliario con vigilancia electrónica de los jóvenes de entre trece y dieciséis años en los casos en los que pueden ser situados bajo control judicial mientras que el artículo 142-11 del código procesal penal asimila el arresto domiciliario con vigilancia electrónica a una medida de prisión provisional, estas disposiciones entrañan un rigor innecesario; que, además, el artículo 37 de la ley relaja las condiciones que permiten situar a un menor bajo control judicial;

  3. Considerando que en virtud del artículo 10-2 de la ordenanza de 2 de febrero de 1945, el control judicial de un menor de entre trece y dieciséis años es posible en materia criminal; que en materia correccional este control es posible cuando se expone a una pena superior a siete años o, en ciertos casos, por los antecedentes del joven o la naturaleza de los hechos que se le imputan, cuando es superior a cinco años; que el arresto domiciliario puede ser ordenado en un lugar distinto del domicilio de los representantes legales del menor y sin su acuerdo; que, por consiguiente, permitiendo el arresto domiciliario con vigilancia electrónica de los jóvenes de entre trece y dieciséis años como una alternativa al control judicial en estos casos en los que el menor no puede ser objeto de una medida de prisión provisional, las disposiciones impugnadas han optado por un rigor excesivo que desconoce las citadas exigencias constitucionales; que la segunda frase del artículo 10-3 de la ordenanza de 2 de febrero de 1945 debe ser declarado contrario a la Constitución;

. En lo que concierne al recurso ante el tribunal de menores:

39.Considerando que el artículo 33 introduce en la ordenanza de 2 de febrero de 1945 un artículo 8-3 que dispone: “el Procurador de la República puede demandar ante el tribunal de menores en los casos previstos por el artículo 390-1 del código procesal penal sea sobre un menor de al menos trece años al que se le reprocha la comisión de un delito castigado al menos con cinco años de cárcel, sea un menor de al menos dieciséis años cuándo se le imputa la comisión de un delito castigado al menos con tres años de cárcel.
“El procedimiento previsto en el primer párrafo no puede ser actuado más que si el menor es objeto o ya ha sido objeto de uno o varios procedimientos en aplicación de la presente ordenanza.
“La citación judicial no puede ser efectuada más que si las investigaciones sobre los hechos no son necesarios y si las investigaciones sobre la personalidad del menor han sido completadas en el curso de los doce meses precedentes sobre el fundamento del artículo 8; sin embargo, cuando en razón de la ausencia del menor en el curso de las medidas previas de investigación no han podido ser recopilados elementos en profundidad sobre su personalidad con ocasión de un procedimiento anterior en aplicación del mismo artículo 8, pueden ser tomadas en consideración investigaciones realizadas en aplicación del artículo 12.
“La citación precisa que el menor debe ser asistido de un abogado y que, en defecto de la designación de un abogado por el menor o sus representantes legales, el Procurador de la República o el Juez de menores harán designar por el decanato del colegio de abogados uno de oficio.
“La citación es igualmente notificada lo antes posible a los padres, al tutor, a la persona o al servicio al que se le ha confiado.
“Se constata la citación mediante acta firmada por el menor y la persona a la que ha sido notificada, que reciben copia de ella.
“La audiencia debe tener lugar en un plazo que no puede ser inferior a diez días ni superior a dos meses”.

  1. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones que permiten la citación de un menor ante un tribunal de menores según las del procedimiento penal aplicable a los mayores desconoce el principio fundamenatl reconocido por las leyes de la República en materia de justicia penal de menores;

  2. Considerando que las disposiciones impugnadas autorizan al Procurador de la República a hacer convocar directamente a un menor por un oficial de la policía judicial ante el tribunal de menores sin instrucción preparatoria, que este procedimiento es aplicable a los menores de más de dieciséis años perseguidos por un delito castigado al menos con tres años de cárcel y a los menores de más de trece años perseguidos por un delito castigado con al menos cinco años de cárcel; que, en los dos casos, no puede ser aplicado más que si el menor ha sido demandado, anteriormente, en aplicación de la ordenanza de 2 de febrero de 1945; que solamente puede ser iniciado si las investigaciones sobre los hechos no fueran necesarias y si las investigaciones sobre la personalidad del menor hubieran sido reunidas durante los doce meses previos a la citación; que no ha derogado las disposiciones particulares que imponen la asistencia letrada del menor y la citación de sus representantes legales; que estas disposiciones toman en consideración la edad del menor, la gravedad de los hechos que le son imputados y sus antecedentes; que, por consiguiente, no desconocen las exigencias constitucionales en materia de justicia penal de menores; que el artículo 33 debe ser declarado conforme a la Constitución;

. En lo que concierne a la obligación de remisión del asunto ante el Tribunal de menores [tribunal pour enfants] o el Tribunal correccional de menores [tribunal correctionnel des mineurs]:

  1. Considerando que el artículo 32 de la ley diferida completa el artículo 8 de la ordenanza de 2 de febrero de 1945, relativa al juez de menores [juge des enfants], por un párrafo en el que se indica: “Cuando el delito es castigado con una pena igual o superior a tres años de cárcel y ha sido cometido en un supuesto de reincidencia legal por un menor de más de dieciséis años, no podrá ser enjuiciado en sala del consejo [chambre du conseil] y deberá remitirse al menor ante el tribunal correccional para menores” [tribunal correctionnel pour mineurs]; que el artículo 34 completa el apartado tercero del artículo 8 de esta misma ordenanza, relativo al juez de instrucción [juge d'instruction], por una frase que dispone: “Cuando el delito se castiga con una pena de cárcel igual o superior a tres años, ha sido cometido en supuesto de reincidencia legal y el menor tiene más de dieciséis años, el reenvío de la causa ante el tribunal correccional de menores [tribunal correctionnel pour mineurs] es obligatorio”;

  2. Considerando que, según los senadores recurrentes, la obligación impuesta al juzgado de menores [juge des enfants] y al juzgado de instrucción [juge d'instruction] de remitir la jurisdicción de enjuiciamiento desconoce el principio fundamental reconocido por las leyes de la República en materia de justicia penal de menores.

  3. Considerando que las disposiciones impugnadas son únicamente aplicables a los menores de más de dieciséis años que han sido imputados por el juez de menores [juge des enfants] o el juez de instrucción [juge d'instruction] por hechos castigados con al menos tres años de cárcel y cometidos en supuestos de reincidencia legal; que, en estas condiciones, la obligación impuesta al juez de remitir la jurisdicción de enjuiciamiento habilitada para pronunciar pena cuando estima, tras la instrucción, que los hechos constituyen un delito que respondan a estas condiciones, no desconoce las citadas exigencias constitucionales;

. En lo que concierne a la “cesura del proceso penal”:

  1. Considerando que el artículo 50 de la ley introduce en la ordenanza de 2 de febrero de 1945 un capítulo III titulado: “De la cesura del proceso penal de menores”, y comprende los artículos 24-5 a 24-8; que a fin de permitir separar, por el enjuiciamiento de menores, los debates sobre la culpabilidad de los debates sobre las medidas, las sanciones o las penas, estos artículos hacen expresamente aplicables al juicio de menores las disposiciones de los artículos 132-58 a 132-65 del código procesal penal relativos a la dispensa de pena, al aplazamiento simple y al aplazamiento con puesta a prueba; que permiten igualmente la dispensa y el aplazamiento de medidas educativas y de sanciones educativas y determinan casos suplementarios en los que el aplazamiento puede ser ordenado;

  2. Considerando que, según los términos del artículo 24-7 de la ordenanza de 2 de febrero de 1945: “Por derogación del tercer apartado del artículo 8-3 y del segundo del artículo 14-2, el procurador de la República no puede aplicar los procedimientos previstos en los mismos artículos contra un menor para el que ninguna investigación ha sido adoptada en aplicación del artículo 8 y no existen entonces en el expediente elementos suficientes sobre su personalidad para permitir al tribunal pronunciarse, que por lo tanto se requiere que la remisión al tribunal se realice en aplicación del presente capítulo.
    “El tribunal de menores [tribunal pour enfants] o el tribunal correccional de menores [tribunal correctionnel pour mineurs] está obligado entonces, tras haberse pronunciado sobre la culpabilidad del menor y, en su caso, sobre la acción civil, a aplazar el pronunciamiento de la medida educativa, de la sanción educativa o de la pena conforme a los artículos 24-5 y 24-6”;

  3. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones que permiten al procurador de la Republica liberarse de las condiciones requeridas para recurrir a la citación por oficial de la policía judicial y al procedimiento de presentación inmediata con el único motivo que tiene la intención de exigir la cesura; que, por consiguiente, desconocen el principio fundamental reconocido por las leyes de la República en materia de justicia penal de menores;

  4. Considerando que el artículo 24-7 autoriza al procurador de la República, en cuanto requiera la aplicación de la cesura, el hacer citar o comparecer directamente a un menor ante el tribunal de menores o el tribunal correccional de menores según los procedimientos previstos en los artículos 8-3 y 14-2 de la ordenanza de 2 de febrero de 1945, pese al carácter insuficiente de los elementos de información sobre la personalidad del menor; que en tales casos, la jurisdicción de enjuiciamiento está obligada a aplazar el pronunciamiento de la medida, de la sanción o de la pena, especialmente para permitir se realicen investigaciones suplementarias sobre la personalidad del menor; que las disposiciones impugnadas no derogan otras condiciones que permiten el recurso a los procedimientos previstos por los citados artículos 8-3 y 14-2; que, en estas condiciones, no atentan contra el principio fundamental en materia de justicia penal de menores; que, por consiguiente, el artículo 24-7 de la ordenanza de 2 de febrero de 1945 debe ser declarado conforme a la Constitución;

. En lo que concierne al tribunal correccional de menores [tribunal correctionnel des mineurs].

  1. Considerando que el artículo 49 de la Ley introduce en la ordenanza de 2 de febrero de 1945 un capítulo III bis titulado: “Del tribunal correccional de los menores” [tribunal correctionnel des mineurs]; que esta jurisdicción es competente para juzgar a los menores que sean mayores de dieciséis años perseguidos por uno o varios delitos castigados con una pena de cárcel igual o superior a tres años y cometidos en supuestos de reincidencia legal; que es igualmente competente para juzgar a los coautores y cómplices de estos menores cuándo sean mayores; que se compone de tres magistrados y está presidido por un juez de menores [juge des enfants], que resuelve siguiendo el procedimiento previsto ante el tribunal de menores; que, en los términos previstos en el artículo 24-2, el tribunal correccional de menores [tribunal correctionnel des mineurs] puede ser requerido para actuar:
    “1º por ordenanza de reenvío del juez de menores [juge des enfants] o del juez de instrucción [juge d'instruction] en aplicación de los artículos 8 y 9;
    “2º en las condiciones y según las modalidades previstas en el artículo 8-3;
    “3º en las condiciones y según las modalidades previstas en el artículo 14-2, a excepción del VI”;

  2. Considerando que, según los recurrentes, la institución de esta jurisdicción desconoce el principio fundamental reconocido por las leyes de la República en materia de justicia penal de los menores;

  3. Considerando, en primer lugar, que el tribunal correccional de menores [tribunal correctionnel des mineurs] está compuesto por tres magistrados del tribunal de gran instancia [tribunal de grande instance] así que, para los delitos mencionados en el artículo 399-2 del código procesal penal, de dos ciudadanos asesores; que, aunque está presidido por el juez de los menores, está mayoritariamente compuesto por personas que no poseen competencias particulares sobre las cuestiones referidas a la infancia; que, en sí mismo, el principio fundamental reconocido por las leyes de la República en materia de justicia penal de los menores no impide que el enjuiciamiento de menores sea confiado a una jurisdicción compuesta por tres magistrados o por tres magistrados y dos asesores de los cuales solamente el presidente es un magistrado especializado en cuestiones referidas a la infancia; que, sin embargo, una jurisdicción como tal no puede ser vista como una jurisdicción especializada en el sentido de este principio fundamental; que, por consiguiente, este último principio impone que el tribunal correccional de menores sea requerido según procedimientos apropiados para la búsqueda de la recuperación educativa y moral de los menores;

  4. Considerando que los apartados segundo y tercero del artículo 24-2 prevén que el tribunal correccional de menores [tribunal correctionnel des mineurs] puede ser requerido según las modalidades previstas en los artículos 8-3 y 14-2 de la ordenanza de 2 de febrero de 1945, que permiten hacer citar o comparecer directamente al menor ante la jurisdicción de enjuiciamiento sin instrucción preparatoria; que estas disposiciones conducen, desconociendo las exigencias del principio fundamental en materia de justicia penal de los menores, a que éstos no sean juzgados ni por una jurisdicción especializada ni según procedimientos apropiados; que, por consiguiente, los apartados segundo y tercero del artículo 24-2 deben ser declarados contrarios a la Constitución;

  5. Considerando, en segundo lugar, que en el considerando 11 de su citada decisión 2011-147 QPC de 8 de julio, el Consejo Constitucional ha juzgado que “el principio de imparcialidad de los tribunales no se opone a que el juez de menores [juge des enfants] que ha instruido el proceso pueda, tras esta instrucción, adoptar medidas de asistencia, de vigilancia o de educación; que, sin embargo, permitiendo al juez de menores [juge des enfants] que ha sido encargado para realizar las diligencias útiles para alcanzar la verdad y que ha reenviado al menor ante el tribunal de menores [tribunal pour enfants] presidir esta jurisdicción de enjuiciamiento habilitada para imponer penas, las disposiciones impugnadas producen en el principio de imparcialidad judicial un atentado incompatible con la Constitución; que, por consiguiente, el artículo L. 251-3 del código de organización judicial es contario a la Constitución”; que, por los mismos motivos, debe declararse contrario a la Constitución el segundo apartado del artículo 24-1 de la ordenanza de 2 de febrero de 1945 que dispone que el tribunal correccional de menores [tribunal correctionnel des mineurs] está presidido por un juez de menores [juge des enfants]; que, por las mismas razones enunciadas en el considerando 12 de esta misma decisión de 8 de julio de 2011, debe aplazarse la fecha de esta declaración de inconstitucionalidad al 1 de enero de 2013;

  6. Considerando que no procede, por parte del Consejo constitucional, de plantear de oficio ninguna cuestión de conformidad con la Constitución,

DECIDE

Artículo 1º.- Son declarados contrarios a la Constitución las siguientes disposiciones de la ley sobre la palpitación de los ciudadanos en el funcionamiento de la justicia penal y el enjuiciamiento de menores

  • en el artículo 5, los apartados cuarto y quinto del artículo 399-2 del código procesal penal;
  • en el artículo 38, la segunda frase del artículo 10-3 de la ordenanza 45-174 de 2 de febrero de 1945 relativa a la delincuencia juvenil;
  • en el artículo 49, los apartados segundo y tercero del artículo 24-2 de la ordenanza 45-174 de 2 de febrero de 1945 relativa a la delincuencia juvenil;

Artículo 2º.- Se declara contrario a la Constitución, a partir del 1 de enero de 2013 y en las condiciones previstas en el considerando 53, en el artículo 49 de la misma ley, el segundo párrafo del artículo 24-1 de la ordenanza 45-174 de 2 de febrero de 1945 relativa a la delincuencia juvenil;

Artículo 3º.- Bajo la reserva enunciada en el considerando 16, el artículo 15 de la misma ley es declarado conforme con la Constitución;

Artículo 4º.- Son declarados conformes con la Constitución las siguientes disposiciones de la misma ley:

  • el artículo primero;
  • en el artículo 5, el añadido al artículo 399-2 del código procesal penal;
  • en el artículo 12, el artículo 365-1 del código procesal penal;
  • en el artículo 13, el artículo 359 del código procesal penal;
  • en el artículo 19;
  • en el artículo 32, el último párrafo del artículo 8 de la ordenanza 45-174 de 2 de febrero de 1945 relativa a la delincuencia juvenil;
  • en el artículo 33, el artículo 8-3 de la ordenanza 45-174 de 2 de febrero de 1945 relativa a la delincuencia juvenil;
  • en el artículo 34, la última frase del apartado tercero del artículo 9 de la ordenanza 45-174 de 2 de febrero de 1945 relativa a la delincuencia juvenil;
  • en el artículo 49, el añadido del artículo 24-2 de la ordenanza 45-174 de 2 de febrero de 1945 relativa a la delincuencia juvenil;
  • en el artículo 50, el artículo 24-7 de la ordenanza 45-174 de 2 de febrero de 1945 relativa a la delincuencia juvenil;
  • el artículo 54.

Artículo 5º.- La presente Decisión será publicada en el Diario Oficial de la República Francesa y notificada en las condiciones previstas en el artículo 23-11 de la citada ordenanza de 7 de noviembre de 1958.

Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 4 de agosto de 2011 en la que estaban presentes: don Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, don Jacques BARROT, doña Claire BAZY MALAURIE, don Michel CHARASSE, don Renaud DENOIX de SAINT MARC, don Valéry GISCARD d'ESTAING, doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, don Hubert HAENEL y don Pierre STEINMETZ.

Diario Oficial del 11 de agosto de 2011, p. 13763 (@ 4)

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.3. Principes retenus
  • 1.4.3.10. Atténuation de la responsabilité des mineurs et traitement pénal adapté

Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs impose l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 33, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.2. CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI
  • 3.2.3. Catégories de lois
  • 3.2.3.2. Lois spécifiques
  • 3.2.3.2.5. Lois expérimentales (article 37-1 de la Constitution)
  • 3.2.3.2.5.4. Libertés publiques

L'article 54 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs prévoit l'expérimentation de l'adjonction de citoyens assesseurs aux tribunaux correctionnels, aux chambres des appels correctionnels, aux tribunaux et aux chambres de l'application des peines et aux tribunaux correctionnels pour mineurs.
Si, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle.
En adoptant les dispositions précitées de l'article 54, le législateur a défini de façon suffisamment précise l'objet et les conditions de l'expérimentation en cause. Il n'a pas méconnu sa compétence en renvoyant à un arrêté du garde des sceaux le soin de déterminer les cours d'appel dans le ressort desquelles cette expérimentation aura lieu. Il a fixé le terme de l'expérimentation qu'il a autorisée. Par suite, l'article 54 de la loi déférée est conforme à la Constitution.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 17, 18, 19, 20, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.6. Justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.1. Existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs

L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle. Ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives. En particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
Par ailleurs, il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 que doivent être respectés, à l'égard des mineurs comme des majeurs, le principe de la présomption d'innocence, celui de la nécessité et de la proportionnalité des peines et celui des droits de la défense. Doit être respectée également la protection de la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution.
Enfin, lorsqu'il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs, le législateur doit veiller à concilier les exigences constitutionnelles énoncées ci-dessus avec la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 33, 34, 35, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.6. Justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2.3. Contrôle sur le fondement du principe fondamental
  • 4.23.6.2.3.2. Autres dispositions

L'article 49 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 un chapitre III bis intitulé : " Du tribunal correctionnel des mineurs ". Cette juridiction est compétente pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.
En premier lieu, le tribunal correctionnel des mineurs est composé de trois magistrats du tribunal de grande instance ainsi que, pour les délits mentionnés à l'article 399-2 du code de procédure pénale, de deux assesseurs citoyens. S'il est présidé par le juge des enfants, il est majoritairement composé de personnes qui ne disposent pas de compétences particulières sur les questions de l'enfance. En lui-même, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ne fait pas obstacle à ce que le jugement des mineurs soit confié à une juridiction composée de trois magistrats ou de trois magistrats et deux assesseurs dont seul le président est un magistrat spécialisé dans les questions de l'enfance. Toutefois, une telle juridiction ne peut être regardée comme une juridiction spécialisée au sens de ce principe fondamental. Par suite, ce dernier impose que le tribunal correctionnel des mineurs soit saisi selon des procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs.
Les 2° et 3° de l'article 24-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoient que le tribunal correctionnel des mineurs peut être saisi selon les modalités prévues aux articles 8-3 et 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui permettent de faire convoquer ou comparaître directement le mineur devant la juridiction de jugement sans instruction préparatoire. Ces dispositions conduisent, en méconnaissance des exigences du principe fondamental en matière de justice pénale des mineurs, à ce que les mineurs ne soient jugés ni par une juridiction spécialisée ni selon des procédures appropriées. Par suite, les 2° et 3° de l'article 24-2 doivent être déclarés contraires à la Constitution.
En second lieu, le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 24-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui dispose que le tribunal correctionnel des mineurs est présidé par un juge des enfants et il décide de reporter la date de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er janvier 2013. Il fonde sa décision sur les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 11 et 12 de sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 49, 50, 51, 52, 53, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.8. Phase de jugement et prononcé des peines

Le paragraphe II de l'article 12 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs insère dans le code de procédure pénale un article 365-1 qui impose que les arrêts de la cour d'assises soient motivés. Cet article dispose que cette motivation est rédigée par un des magistrats qui composent la cour sur un document annexé à la feuille des questions, laquelle est signée " séance tenante " par le président et par le premier juré. Toutefois, le dernier alinéa de l'article 365-1 permet dans certains cas de reporter de trois jours la mise à disposition de cette motivation.
D'une part, il résulte des articles 380-1 et 380-9 du code de procédure pénale que les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans un délai de dix jours à compter de leur prononcé. En vertu de l'article 568 du même code, les parties ont cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt de la cour d'assises en appel pour se pourvoir en cassation.
D'autre part, la faculté ouverte en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, que la motivation soit rédigée au plus tard trois jours après le prononcé de l'arrêt par un des magistrats de la cour ne dispense pas ce dernier de l'obligation de mentionner dans la motivation " l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ". Elle ne déroge pas davantage à la règle selon laquelle la feuille de motivation doit être signée par le président et le premier juré. Dans ces conditions, l'article 365-1 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 29, 30, 31, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
  • 5.5.2.2. Règles de recrutement dans les emplois publics
  • 5.5.2.2.8. Respect de l'exigence de capacité des candidats

Les dispositions de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ne subordonnent pas l'exercice des fonctions de citoyen assesseur à des compétences juridiques ou une expérience dans les questions susceptibles d'être soumises à leur jugement. Par suite, l'article 6 de la Déclaration de 1789 impose que la nature des questions de droit ou de fait sur lesquelles les citoyens assesseurs sont appelés à statuer, ainsi que les procédures selon lesquelles ils statuent, soient définies de manière à ce qu'ils soient mis à même de se prononcer de façon éclairée sur les matières soumises à leur appréciation. (Voir : juridictions et autorité judiciaire - organisation des juridictions - composition - juridictions de droit commun - présence minoritaire de juges non professionnels)

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 12, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.1. Existence d'un lien direct avec le texte en discussion (avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2018)

L'article 19 de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs abroge l'article 131-36-1 du code pénal qui prévoit que le placement sous surveillance électronique mobile doit être ordonné soit par une décision spécialement motivée du tribunal correctionnel, soit, s'agissant de la cour d'assises, dans des conditions de majorité qualifiée. Il a été inséré dans le projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale. Il présente un lien avec les dispositions relatives à la motivation des décisions en matière criminelle ainsi qu'avec celles relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique qui figuraient dans le projet de loi initialement déposé. Le grief tiré de ce que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution doit être écarté.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 5, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.1. Dans le cadre d'un contrôle a priori (article 61)
  • 11.8.6.1.3. Report dans le temps d'une déclaration d'inconstitutionnalité

Dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d'impartialité des juridictions s'oppose à ce que le juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants préside cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines. Il a reporté au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de cette décision. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de la déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa de l'article 24-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui prévoit que le tribunal correctionnel des mineurs est présidé par un juge des enfants.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 53, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.2. Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée
  • 11.8.7.2.8. Changement des circonstances

Dans sa décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 359 du code de procédure pénale impose que toute décision de la cour d'assises défavorable à l'accusé soit adoptée par au moins la majorité absolue des jurés. Il a mentionné cette règle au nombre des garanties légales entourant la procédure et la délibération de la cour d'assises et conduisant à ce que l'absence de motivation des arrêts de la cour d'assises ne soit pas regardée comme méconnaissant les exigences résultant des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. La loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs prévoit la motivation des arrêts de la cour d'assises. Il suit de là que le grief tiré de ce que la modification de l'article 359 du code de procédure pénale méconnaîtrait le sens de la décision précitée du 1er avril 2011 doit être écarté.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 26, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
  • 11.8.7.3.3. Motivation par renvoi à une autre décision

Dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d'impartialité des juridictions s'oppose à ce que le juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants préside cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines. Il a reporté au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de cette décision. Pour les mêmes motifs il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 24-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui prévoit que le tribunal correctionnel des mineurs est présidé par un juge des enfants et de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette déclaration d'inconstitutionnalité.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 53, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.2. Exigences de capacité et d'impartialité (article 6 de la Déclaration de 1789)

D'une part, si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire. D'autre part, si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges. Toutefois, doivent être apportées en pareils cas des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789. En outre, s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 10, 11, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.2. Compétence de la loi organique

Les exigences résultant des articles 64 et 66 de la Constitution n'imposent pas que les citoyens appelés par le tirage au sort à participer occasionnellement et en qualité d'assesseurs à l'exercice de la justice pénale soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire ou partiel de leurs fonctions. Implicitement, il est jugé que le statut des citoyens assesseurs ne relève pas de la loi organique. L'article 1er de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, qui organise le statut des citoyens assesseurs, doit être déclaré conforme à la Constitution.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 11, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  • 12.3.1. Composition
  • 12.3.1.1. Juridictions de droit commun
  • 12.3.1.1.3. Présence minoritaire de juges non professionnels

Les dispositions de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ne subordonnent pas l'exercice des fonctions de citoyen assesseur à des compétences juridiques ou une expérience dans les questions susceptibles d'être soumises à leur jugement. Par suite, l'article 6 de la Déclaration de 1789 impose que la nature des questions de droit ou de fait sur lesquelles les citoyens assesseurs sont appelés à statuer, ainsi que les procédures selon lesquelles ils statuent, soient définies de manière à ce qu'ils soient mis à même de se prononcer de façon éclairée sur les matières soumises à leur appréciation.
L'article 15 de la loi prévoit que les citoyens assesseurs participent au jugement en matière d'application des peines. Cette participation de citoyens assesseurs à l'appréciation, par les juridictions de l'application des peines, des conditions de fond qui déterminent l'aménagement des peines ne méconnaît pas, en elle-même, les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Toutefois, même en l'absence de disposition expresse limitant cette participation à ces seules questions de fond, la complexité juridique du régime de l'application des peines ne saurait permettre que les citoyens assesseurs participent au jugement de toute autre question sur laquelle le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines serait appelé à statuer, tel que l'appréciation des conditions de recevabilité des demandes ou l'examen des incidents de procédure. Sous cette réserve, l'article 15 n'est pas contraire à la Constitution.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 12, 15, 16, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.1. Code de procédure pénale
  • 16.22.1.13. Articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 (citoyens assesseurs pour l'application des peines)

Les dispositions de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ne subordonnent pas l'exercice des fonctions de citoyen assesseur à des compétences juridiques ou une expérience dans les questions susceptibles d'être soumises à leur jugement. Par suite, l'article 6 de la Déclaration de 1789 impose que la nature des questions de droit ou de fait sur lesquelles les citoyens assesseurs sont appelés à statuer, ainsi que les procédures selon lesquelles ils statuent, soient définies de manière à ce qu'ils soient mis à même de se prononcer de façon éclairée sur les matières soumises à leur appréciation.
L'article 15 de la loi prévoit que les citoyens assesseurs participent au jugement en matière d'application des peines. Cette participation de citoyens assesseurs à l'appréciation, par les juridictions de l'application des peines, des conditions de fond qui déterminent l'aménagement des peines ne méconnaît pas, en elle-même, les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Toutefois, même en l'absence de disposition expresse limitant cette participation à ces seules questions de fond, la complexité juridique du régime de l'application des peines ne saurait permettre que les citoyens assesseurs participent au jugement de toute autre question sur laquelle le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines serait appelé à statuer, tel que l'appréciation des conditions de recevabilité des demandes ou l'examen des incidents de procédure. Sous cette réserve, l'article 15 n'est pas contraire à la Constitution.

(2011-635 DC, 04 Agosto 2011, cons. 15, 16, Journal officiel du 11 août 2011, page 13763, texte n° 4)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Dossier complet sur le site du Sénat, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Projet de loi adopté le 6 juillet 2011 (T.A. n° 706], Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Observations du Gouvernement, Références doctrinales.