Sentencia

Sentencia n° 2020-866 QPC de 19 de Noviembre de 2020

Sociedad Getzner France [Conditions of custody of detained persons]

Ante el CONSEJO CONSTITUCIONAL, FUE PROMOVIDA en fecha 25 de septiembre de 2020 por el Tribunal de Casación (Segunda Sala de lo Civil, sentencia n.º 1138 de 24 de septiembre de 2020), una cuestión prioritaria de constitucionalidad en las condiciones establecidas en el artículo 61-1 de la Constitución Francesa. La cuestión fue planteada en nombre y representación de la sociedad Getzner France por D. François Vaccaro, abogado del Colegio de París. Tuvo entrada en la Secretaría General del Consejo Constitucional bajo el n.º 2020-866 QPC. Se refiere a la conformidad con los derechos y las libertades garantizados por la Constitución, del artículo 8 de la ordenanza n.º 2020-304, de 25 de marzo de 2020, por la que se adaptan las normas aplicables a los tribunales del orden judicial que resuelven en materia no penal y a los contratos de administración de comunidades.

Vistas las siguientes normas jurídicas:

  • Constitución Francesa

  • Ordenanza n.º 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, de ley orgánica del Consejo Constitucional

  • Ley n.º 2020-290, de 23 de marzo 2020, de emergencia para hacer frente a la epidemia de covid-19

  • Ordenanza n.º 2020-304, de 25 de marzo de 2020, por la que se adaptan las normas aplicables a los tribunales del orden judicial que resuelven en materia no penal y a los contratos de administración de comunidades

  • Ordenanza n.º 2020-595, de 20 de mayo de 2020, por la que se modifica la ordenanza n.º 2020-304, de 25 de marzo de 2020, por la que se adaptan las normas aplicables a los tribunales del orden judicial que resuelven en materia no penal y a los contratos de administración de comunidades

  • Reglamento de 4 de febrero de 2010 del procedimiento a seguir ante el Consejo Constitucional en relación con las cuestiones prioritarias de constitucionalidad

Vistos los siguientes documentos:

  • Alegaciones presentadas en nombre y representación de la sociedad requirente por D. Vaccaro, registradas el 6 de octubre de 2020

  • Alegaciones presentadas por el primer ministro, registradas el 12 de octubre de 2020

  • Alegaciones en intervención presentadas en nombre y representación del Colegio de abogados de París por la sociedad civil profesional Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, abogado ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, registradas el mismo día

  • Alegaciones en intervención presentadas en nombre y representación del Syndicat des avocats de France y del Syndicat de la magistrature por la sociedad de abogados Meier-Bourdeau Lécuyer, abogado ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, registradas el mismo día

  • Alegaciones presentadas en nombre y representación de la sociedad Gerb, parte en el litigio con motivo del cual se planteó la cuestión prioritaria de constitucionalidad, por D. Bruno Weil, abogado del Colegio de París

  • Otros documentos exhibidos y unidos a los presentes autos

Tras oír a D. Vaccaro en nombre y representación de la sociedad requirente, a Dña. Vanessa Krespine, abogada del Colegio de París, en nombre y representación de la sociedad Gestal y de la Société d'interventions et réalisations en bobinage, électricité et mécanique, partes en el litigio con motivo del cual se planteó la cuestión prioritaria de constitucionalidad, a D. Weil en nombre y representación de la sociedad Gerb, a D. David van der Vlist, abogado del Colegio de París, en nombre y representación del Syndicat des avocats de France y del Syndicat de la magistrature, a D. Florent Loyseau de Grandmaison, abogado del Colegio de París, en nombre y representación del Colegio de abogados de París, y a D. Philippe Blanc, designado por el primer ministro, en la audiencia pública de 12 de noviembre de 2020

Y tras oír al ponente

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL SE HA FUNDAMENTADO EN LO SIGUIENTE:

  1. La cuestión prioritaria de constitucionalidad debe considerarse como referida a las disposiciones aplicables al litigio con motivo del cual se planteó, por lo que el Consejo Constitucional debe examinar el artículo 8 de la ordenanza de 25 de marzo de 2020 antes mencionada en su redacción dada por la ordenanza de 20 de mayo de 2020 antes mencionada.

  2. El artículo 8 de la ordenanza de 25 de marzo de 2020, en dicha redacción, establece lo siguiente:
    «Cuando la representación sea obligatoria o cuando las partes sean asistidas o representadas por letrado, el juez o el presidente del tribunal podrá, en cualquier momento del procedimiento, decidir que las actuaciones se desarrollen según el procedimiento sin audiencia. Lo comunicará a las partes por cualquier medio.
    «A excepción de los procedimientos de urgencia, de los procedimientos acelerados sobre el fondo y de los procedimientos en los que el juez deba resolver en un plazo determinado, las partes dispondrán de un plazo de quince días para oponerse al procedimiento sin audiencia. En ausencia de oposición, el procedimiento será exclusivamente escrito. La comunicación entre las partes se realizará mediante notificación entre abogados. Se acreditará en los plazos fijados por el juez.
    «En materia de atención psiquiátrica sin consentimiento, la persona hospitalizada podrá en cualquier momento solicitar una audiencia ante el juez de las libertades y de la detención. Dicha audiencia podrá llevarse a cabo por cualquier medio que permita asegurarse de su identidad y que garantice la calidad de la transmisión y la confidencialidad de los intercambios.
    «El presente artículo se aplicará a los casos en los que se anuncie durante el período mencionado en el artículo 1 que el juicio está visto para sentencia».

  3. La sociedad requirente alega que estas disposiciones permiten que el juez, en algunos asuntos civiles, imponga a las partes un procedimiento sin audiencia. De ello resultaría un desconocimiento del derecho a un juicio justo garantizado por el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Por los mismos motivos, estas disposiciones también desconocerían el artículo 55 de la Constitución en la medida en que este procedimiento sin audiencia vulneraría los principios consagrados en el artículo 6 del Convenio europeo de derechos humanos.

  4. Por consiguiente, la cuestión prioritaria de constitucionalidad se refiere a las palabras «A excepción de los procedimientos de urgencia, de los procedimientos acelerados sobre el fondo y de los procedimientos en los que el juez deba resolver en un plazo determinado», que aparecen en la primera frase del segundo párrafo del artículo 8 de la ordenanza de 25 de marzo de 2020.

  5. Según el Syndicat des avocats de France y el Syndicat de la magistrature, las disposiciones impugnadas son contrarias al derecho a la defensa y al derecho a un recurso judicial efectivo, puesto que los procedimientos de urgencia a los que se aplican pueden dar lugar a resoluciones ejecutorias de pleno derecho y abordar el fondo del asunto.

  6. El Colegio de abogados de París considera, en primer lugar, que las disposiciones impugnadas vulnerarían el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa y el principio de contradicción, ya que introducirían una medida desproporcionada al objetivo de lucha contra la epidemia de covid-19 y que la decisión de celebrar un procedimiento sin audiencia, que puede imponerse en cualquier momento, no está motivada y no es susceptible de recurso. Sostiene, en segundo lugar, que estas disposiciones también desconocerían el principio de igualdad ante la justicia en la medida en que el juez tendría plena libertad para decidir sobre una exención de audiencia y una parte podría solicitar dicha exención en su propio interés, sin que su adversario pueda oponerse a ella, rompiendo así el equilibrio de los derechos de las partes. Por último, hace valer que estas disposiciones serían contrarias a un «principio de presencia», que garantizaría la presencia física del litigante ante el juez, y que pide al Consejo Constitucional que reconozca.

  • Sobre las disposiciones sometidas al examen del Consejo Constitucional:
  1. De acuerdo con el artículo 61-1 de la Constitución: «Cuando, con motivo de una instancia pendiente ante una jurisdicción, se alegue que una disposición legislativa perjudica a los derechos y las libertades que garantiza la Constitución, se podrá someter el asunto, tras su remisión por parte del Consejo de Estado o del Tribunal de Casación, al Consejo Constitucional que se pronunciará en un plazo determinado». En las condiciones establecidas en este artículo sólo se pueden someter al Consejo Constitucional disposiciones de carácter legislativo.

  2. Si las disposiciones de una ordenanza dictada según el procedimiento establecido en el artículo 38 de la Constitución adquieren valor legislativo a partir de la fecha de su firma cuando han sido ratificadas por el legislador, deben considerarse, una vez transcurrido el plazo fijado por la ley de habilitación que autoriza al Gobierno a dictar ordenanzas y en las materias que son del ámbito legislativo, como disposiciones legislativas en el sentido del artículo 61-1 de la Constitución. Por consiguiente, su conformidad con los derechos y las libertades garantizados por la Constitución puede ser impugnada mediante una cuestión prioritaria de constitucionalidad.

  3. En el presente caso, por una parte, el primer párrafo del apartado I del artículo 11 de la ley de 23 de marzo de 2020 antes mencionada, en base al cual se dictó la ordenanza de 25 de marzo de 2020 de la que se derivan las disposiciones impugnadas, habilitaba al Gobierno, en aplicación del artículo 38 de la Constitución, a dictar ordenanzas en el plazo de tres meses a partir de la publicación de dicha ley. Esta publicación tuvo lugar el 24 de marzo de 2020, por lo que el plazo de habilitación venció el 24 de junio de 2020.

  4. Por otra parte, las disposiciones impugnadas permiten imponer un procedimiento judicial sin audiencia a las partes en determinados asuntos civiles que cumplen una condición de urgencia. Aunque competen al ámbito del procedimiento civil, estas disposiciones también cuestionan normas relativas a las garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades fundamentales, que competen a la ley en virtud del artículo 34 de la Constitución.

  5. Por consiguiente, las disposiciones impugnadas deben considerarse, a partir del 25 de junio de 2020, como disposiciones legislativas en el sentido del artículo 61-1 de la Constitución. Le corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad de las mismas.

  • Sobre el fondo:

. En relación con las alegaciones basadas en el desconocimiento del derecho a la defensa y del derecho a un juicio justo:

  1. De acuerdo con el artículo 16 de la Declaración de 1789: «Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución». Esta disposición garantiza el derecho a la defensa y el derecho a un juicio justo.

  2. El artículo 8 de la ordenanza de 25 de marzo de 2020, aplicable durante el estado de emergencia sanitaria declarado por la ley de 23 de marzo de 2020 y durante un mes después del fin del mismo, permite al juez o al presidente de un tribunal judicial que resuelva en materia no penal decidir que el procedimiento se desarrolle sin audiencia. Dicho juez o presidente lo comunica entonces a las partes, que disponen de un plazo de quince días para formular oposición. Sin embargo, las disposiciones impugnadas, que se aplican ante los tribunales civiles, sociales y mercantiles, excluyen dicha posibilidad de oposición en los procedimientos de urgencia, los procedimientos acelerados sobre el fondo y los procedimientos en los que el juez deba resolver en un plazo determinado.

  3. Ahora bien, la organización de una audiencia ante dichos tribunales es una garantía legal de las exigencias constitucionales del derecho a la defensa y del derecho a un juicio justo. El legislador, en el ámbito que le reserva el artículo 34 de la Constitución, puede modificar textos anteriores o derogarlos sustituyéndolos, en su caso, por otras disposiciones. Sin embargo, el ejercicio de este poder no puede llegar a privar de garantías legales a las exigencias de carácter constitucional.

  4. En primer lugar, las disposiciones impugnadas tienen por objeto favorecer el mantenimiento de la actividad de los tribunales civiles, sociales y mercantiles a pesar de las medidas de emergencia sanitaria adoptadas para luchar contra la propagación de la epidemia de covid-19. De este modo, estas disposiciones persiguen el objetivo de valor constitucional de protección de la salud y contribuyen a la implementación del principio constitucional de continuidad del funcionamiento de la justicia.

  5. En segundo lugar, el procedimiento sin audiencia sólo se aplica a los asuntos para los que se anunció la vista para sentencia durante el estado de emergencia sanitaria declarado por la ley de 23 de marzo de 2020 o durante el mes siguiente a su cese.

  6. En tercer lugar, las disposiciones impugnadas tienen por objeto evitar que la oposición de una parte a la no celebración de una audiencia lleve a aplazar el juicio del caso a una fecha lejana, a la espera de mejores condiciones sanitarias. Por lo tanto, estas disposiciones permiten a los tribunales resolver en un plazo compatible con la rapidez requerida por los procedimientos de urgencia en cuestión.

  7. En último lugar, por una parte, las disposiciones impugnadas sólo son aplicables cuando las partes deben ser representadas por letrado o cuando han elegido ser representadas o asistidas por letrado. Esta condición garantiza así a los litigantes la posibilidad de defender su caso de forma efectiva en un procedimiento escrito. Por otra parte, el artículo 8 de la ordenanza de 25 de marzo de 2020, según la cual la comunicación entre las partes «se realizará mediante notificación entre abogados» y que «se acreditará en los plazos impartidos por el juez», obliga a seguir un procedimiento escrito contradictorio. Por último, las disposiciones impugnadas se limitan a ofrecer una facultad al juez, al que corresponde, en función de las circunstancias propias del caso, asegurarse de que una audiencia no es necesaria para garantizar la equidad del procedimiento y el derecho a la defensa.

  8. Resulta de lo anterior que, dado el particular contexto sanitario derivado de la epidemia de covid-19 durante el período de aplicación de las disposiciones impugnadas, éstas no privan de garantías legales a las exigencias constitucionales del derecho a la defensa y del derecho a un juicio justo. Por consiguiente, las alegaciones basadas en el desconocimiento de estos derechos deben descartarse.

. En relación con las demás alegaciones:

  1. En primer lugar, de acuerdo con el artículo 6 de la Declaración de 1789, la ley «debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para castigar». De la combinación de estas disposiciones con las del artículo 16 de la Declaración de 1789 se desprende que el legislador puede establecer normas de procedimiento diferentes según los hechos, las situaciones y las personas a las que se aplican siempre que estas diferencias no procedan de distinciones injustificadas y que los litigantes gocen de las mismas garantías, especialmente en lo que se refiere al respeto del principio del derecho a la defensa, que implica en particular la existencia de un procedimiento justo y equitativo que garantice el equilibrio de los derechos de las partes.

  2. Por una parte, las disposiciones impugnadas no establecen una diferencia de trato entre las partes en un mismo procedimiento, puesto que tanto el demandante como el demandado se encuentran en la imposibilidad de decidir sobre un procedimiento sin audiencia o de oponerse a él. Por otra parte, lejos de conferir un poder discrecional al juez para decidir si celebra o no una audiencia, estas disposiciones sólo le permiten recurrir al procedimiento sin audiencia en las condiciones antes mencionadas, es decir, en los procedimientos civiles urgentes en los que la equidad del procedimiento y el respeto del derecho a la defensa pueden garantizarse mediante intercambios exclusivamente escritos entre los abogados. Por consiguiente, la alegación basada en el desconocimiento del principio de igualdad ante la justicia debe descartarse.

  3. En segundo lugar, no corresponde al Consejo Constitucional, cuando se le requiere en aplicación del articulo 61-1 de la Constitución, examinar la conformidad de una disposición legislativa con las estipulaciones de un tratado o de un acuerdo internacional. Por consiguiente, la alegación basada en la violación del convenio antes mencionado sólo puede descartarse.

  4. Resulta de todo lo anterior que las disposiciones impugnadas, que tampoco desconocen el derecho a un recurso judicial efectivo, ni ningún otro de los derechos y libertades garantizados por la Constitución deben ser declaradas conformes a la Constitución.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL HA DECIDIDO:

Artículo 1.- Que las palabras «A excepción de los procedimientos de urgencia, de los procedimientos acelerados sobre el fondo y de los procedimientos en los que el juez deba resolver en un plazo determinado», que aparecen en la primera frase del segundo párrafo del artículo 8 de la ordenanza n.º 2020-304, de 25 de marzo de 2020, por la que se adaptan las normas aplicables a los tribunales del orden judicial que resuelven en materia no penal y a los contratos de administración de comunidades, en su redacción dada por la ordenanza n.º 2020-595, de 20 de mayo de 2020, por la que se modifica la ordenanza n.º 2020-304, de 25 de marzo de 2020, por la que se adaptan las normas aplicables a los tribunales del orden judicial que resuelven en materia no penal y a los contratos de administración de comunidades, son conformes a la Constitución.

Artículo 2.- Que esta sentencia se publicará en el diario oficial (Journal officiel de la République française) y se notificará en las condiciones establecidas en el artículo 23-11 de la ordenanza de 7 de noviembre de 1958 antes referida.

Así lo pronunció el Consejo Constitucional en su sesión de 18 de noviembre de 2020, a la que asistieron: D. Laurent FABIUS, Presidente, Dña. Claire BAZY MALAURIE, D. Alain JUPPÉ, Dña. Dominique LOTTIN, Dña. Corinne LUQUIENS, D. Jacques MÉZARD y D. Michel PINAULT.

Publicada el 19 de noviembre de 2020.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.8. AUTRES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS DISPOSITIONS
  • 1.8.9. Principe de la continuité des services publics

Les dispositions contestées, qui permettent d'imposer aux parties, pendant l'état d'urgence sanitaire, des procédures sans audience en matière civile, sociale et commerciale, contribuent à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, cons. 15, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.5. Garanties juridictionnelles
  • 3.7.1.5.3. Procédure civile

Même si elles relèvent du domaine de la procédure civile, des dispositions permettant d'imposer une procédure juridictionnelle sans audience aux parties à certaines instances civiles répondant à une condition d'urgence mettent également en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, cons. 10, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.1. Droits de la défense

L'organisation d'une audience devant les juridictions civiles, sociales et commerciales est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
En l'espèce, les dispositions contestées permettent au juge, pendant l'état d'urgence sanitaire, d'imposer aux parties une procédure sans audience, devant les juridictions civiles, sociales et commerciales, dans les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et celles dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. En premier lieu, ces dispositions visent à favoriser le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces dispositions poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribuent à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice. En deuxième lieu, la procédure sans audience ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la mise en délibéré a été annoncée durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou pendant le mois suivant sa cessation. En troisième lieu, les dispositions contestées visent à éviter que l'opposition d'une partie à l'absence de tenue d'une audience conduise au report du jugement de l'affaire à une date éloignée, dans l'attente de meilleures conditions sanitaires. Elles permettent donc aux juridictions de statuer dans des délais compatibles avec la célérité qu'exigent les procédures d'urgence en cause. En dernier lieu, d'une part, les dispositions contestées ne sont applicables que lorsque les parties doivent être représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont choisi d'être représentées ou assistées par un avocat. Cette condition garantit ainsi aux justiciables la possibilité de défendre utilement leur cause dans le cadre d'une procédure écrite. D'autre part, l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit que la communication entre les parties « est faite par notification entre avocats » et qu'il « en est justifié dans les délais impartis par le juge », impose de respecter une procédure écrite contradictoire. Enfin, les dispositions contestées se bornent à offrir une faculté au juge, à qui il appartient, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, de s'assurer qu'une audience n'est pas nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure et les droits de la défense.
Par conséquent, compte tenu du contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19 durant la période d'application des dispositions contestées, celles-ci ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, cons. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.10. Droit à un procès équitable (voir également ci-dessus Droits de la défense)

L'organisation d'une audience devant les juridictions civiles, sociales et commerciales est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
En l'espèce, les dispositions contestées permettent au juge, pendant l'état d'urgence sanitaire, d'imposer aux parties une procédure sans audience, devant les juridictions civiles, sociales et commerciales, dans les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et celles dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. En premier lieu, ces dispositions visent à favoriser le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces dispositions poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribuent à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice. En deuxième lieu, la procédure sans audience ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la mise en délibéré a été annoncée durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou pendant le mois suivant sa cessation. En troisième lieu, les dispositions contestées visent à éviter que l'opposition d'une partie à l'absence de tenue d'une audience conduise au report du jugement de l'affaire à une date éloignée, dans l'attente de meilleures conditions sanitaires. Elles permettent donc aux juridictions de statuer dans des délais compatibles avec la célérité qu'exigent les procédures d'urgence en cause. En dernier lieu, d'une part, les dispositions contestées ne sont applicables que lorsque les parties doivent être représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont choisi d'être représentées ou assistées par un avocat. Cette condition garantit ainsi aux justiciables la possibilité de défendre utilement leur cause dans le cadre d'une procédure écrite. D'autre part, l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit que la communication entre les parties « est faite par notification entre avocats » et qu'il « en est justifié dans les délais impartis par le juge », impose de respecter une procédure écrite contradictoire. Enfin, les dispositions contestées se bornent à offrir une faculté au juge, à qui il appartient, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, de s'assurer qu'une audience n'est pas nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure et les droits de la défense.
Par conséquent, compte tenu du contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19 durant la période d'application des dispositions contestées, celles-ci ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, cons. 14, 15, 16, 17, 18, 19, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.2. Droits de la défense

Les dispositions contestées permettent au juge, pendant l'état d'urgence sanitaire, d'imposer aux parties une procédure sans audience devant les juridictions civiles, sociales et commerciales, dans les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et celles dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. D'une part, ces dispositions n'instituent pas de différence de traitement entre les parties à une même procédure, le demandeur et le défendeur étant tous deux placés dans l'impossibilité de décider de la procédure sans audience ou de s'y opposer. D'autre part, loin de conférer un pouvoir discrétionnaire au juge pour décider de la tenue ou non d'une audience, ces dispositions ne lui permettent de recourir à la procédure sans audience que dans les instances civiles urgentes dans lesquelles le caractère équitable de la procédure et le respect des droits de la défense peuvent être assurés par des échanges exclusivement écrits entre les avocats. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, cons. 20, 21, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 7.3.3.1. Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionalité des lois

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, cons. 22, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.2. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.2.5. Ordonnances prévues par l'article 38 de la Constitution

Si les dispositions d'une ordonnance adoptée selon la procédure prévue à l'article 38 de la Constitution acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à prendre des ordonnances et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit peut donc être contestée par une question prioritaire de constitutionnalité.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, cons. 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.2. Caractère législatif des dispositions

Si les dispositions d'une ordonnance adoptée selon la procédure prévue à l'article 38 de la Constitution acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à prendre des ordonnances et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit peut donc être contestée par une question prioritaire de constitutionnalité (voir la décision n° 2020-851/852 QPC, modification de la dernière phrase par rapport à cette décision).
En l'espèce, d'une part, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, sur le fondement duquel a été adoptée l'ordonnance du 25 mars 2020 dont sont issues les dispositions contestées, habilitait le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des ordonnances dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette loi. Cette publication étant intervenue le 24 mars 2020, le délai de l'habilitation a expiré le 24 juin 2020. D'autre part, les dispositions contestées permettent d'imposer une procédure juridictionnelle sans audience aux parties à certaines instances civiles répondant à une condition d'urgence. Si elles relèvent du domaine de la procédure civile, ces dispositions mettent également en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Par conséquent, les dispositions contestées doivent, à compter du 25 juin 2020, être regardées comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la constitutionnalité de celles-ci.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, cons. 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.3. Grief inopérant

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, cons. 22, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, cons. 4, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2020-866 QPC, 19 Noviembre 2020, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Vidéo de la séance.