Sentencia n° 2020-810 DC de 21 de Diciembre de 2020

El CONSEJO CONSTITUCIONAL FUE REQUERIDO en fecha 27 de noviembre de 2020, en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Francesa, acerca de la ley de programación de la investigación para los años 2021 a 2030, y por la que se establecen diversas disposiciones relativas a la investigación y a la educación superior, bajo el n.º 2020-810 DC, por D. Patrick KANNER, Dña. Viviane ARTIGALAS, D. David ASSOULINE, D. Joël BIGOT, Dña. Florence BLATRIX CONTAT, D. Hussein BOURGI, Dña. Isabelle BRIQUET, D. Rémi CARDON, Dña. Catherine CONCONNE, Dña. Hélène CONWAY-MOURET, D. Thierry COZIC, Dña. Marie-Pierre de la GONTRIE, D. Gilbert-Luc DEVINAZ, D. Jérôme DURAIN, D. Vincent ÉBLÉ, D. Rémi FÉRAUD, Dña. Corinne FÉRET, D. Jean-Luc FICHET, Dña. Martine FILLEUL, D. Hervé GILLÉ, Dña. Laurence HARRIBEY, D. Jean-Michel HOULLEGATTE, D. Olivier JACQUIN, Dña. Victoire JASMIN, D. Éric JEANSANNETAS, D. Patrice JOLY, D. Bernard JOMIER, Dña. Gisèle JOURDA, Dña. Annie LE HOUEROU, D. Jean-Yves LECONTE, Dña. Claudine LEPAGE, Dña. Monique LUBIN, D. Victorin LUREL, D. Didier MARIE, D. Serge MÉRILLOU, Dña. Michelle MEUNIER, D. Franck MONTAUGÉ, Dña. Émilienne POUMIROL, Dña. Angèle PRÉVILLE, D. Claude RAYNAL, D. Christian REDON-SARRAZY, Dña. Sylvie ROBERT, D. Gilbert ROGER, Dña. Laurence ROSSIGNOL, D. Lucien STANZIONE, D. Jean-Pierre SUEUR, D. Rachid TEMAL, D. Jean-Claude TISSOT, D. Mickaël VALLET, D. André VALLINI, Dña. Sabine VAN HEGHE, D. Yannick VAUGRENARD, D. Fabien GAY, D. Pierre OUZOULIAS, D. Éric BOCQUET, Dña. Éliane ASSASSI, Dña. Marie-Claude VARAILLAS, D. Gérard LAHELLEC, Dña. Cathy APOURCEAU-POLY, D. Pierre LAURENT, D. Pascal SAVOLDELLI, Dña. Laurence COHEN, Dña. Michelle GRÉAUME, Dña. Cécile CUKIERMAN, Dña. Céline BRULIN, Dña. Marie-Noëlle LIENEMANN, D. Jérémy BACCHI, D. Guy BENARROCHE, Dña. Esther BENBASSA, D. Ronan DANTEC, D. Thomas DOSSUS, D. Jacques FERNIQUE, D. Guillaume GONTARD, D. Joël LABBÉ, Dña. Monique de MARCO, D. Paul Toussaint PARIGI, Dña. Raymonde PONCET MONGE, D. Daniel SALMON, Dña. Sophie TAILLÉ-POLIAN y D. Éric KERROUCHE, senadores.

Asimismo fue requerido, el 30 de noviembre de 2020, por Dña. Valérie RABAULT, D. Jean-Luc MÉLENCHON, D. André CHASSAIGNE, D. Joël AVIRAGNET, Dña. Marie-Noëlle BATTISTEL, Dña. Gisèle BIÉMOURET, D. Jean-Louis BRICOUT, D. Alain DAVID, Dña. Laurence DUMONT, D. Olivier FAURE, D. Guillaume GAROT, D. David HABIB, D. Christian HUTIN, Dña. Chantal JOURDAN, D. Régis JUANICO, Dña. Marietta KARAMANLI, D. Jérôme LAMBERT, D. Serge LETCHIMY, Dña. Josette MANIN, D. Philippe NAILLET, Dña. Christine PIRES BEAUNE, D. Dominique POTIER, Dña. Claudia ROUAUX, D. Hervé SAULIGNAC, Dña. Sylvie TOLMONT, Dña. Cécile UNTERMAIER, Dña. Hélène VAINQUEUR CHRISTOPHE, D. Boris VALLAUD, Dña. Michèle VICTORY, D. Gérard LESEUL, Dña. Isabelle SANTIAGO, Dña. Clémentine AUTAIN, D. Ugo BERNALICIS, D. Éric COQUEREL, D. Alexis CORBIÈRE, Dña. Caroline FIAT, D. Bastien LACHAUD, D. Michel LARIVE, Dña. Danièle OBONO, Dña. Mathilde PANOT, D. Loïc PRUD'HOMME, D. Adrien QUATENNENS, D. Jean-Hugues RATENON, Dña. Muriel RESSIGUIER, Dña. Sabine RUBIN, D. François RUFFIN, Dña. Bénédicte TAURINE, D. Alain BRUNEEL, Dña. Marie-George BUFFET, D. Pierre DHARRÉVILLE, D. Jean-Paul DUFRÈGNE, Dña. Elsa FAUCILLON, D. Sébastien JUMEL, D. Jean-Paul LECOQ, D. Stéphane PEU, D. Fabien ROUSSEL, D. Hubert WULFRANC, D. Jean-Philippe NILOR, Dña. Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, D. Moetai BROTHERSON, D. Jean-Félix ACQUAVIVA, D. Michel CASTELLANI, D. Jean-Michel CLÉMENT, D. Paul-André COLOMBANI, D. Charles de COURSON, Dña. Jeanine DUBIÉ, Dña. Frédérique DUMAS, Dña. Martine WONNER, Dña. Jennifer De TEMMERMAN, D. Jean LASSALLE, D. Olivier FALORNI, D. François-Michel LAMBERT, D. Paul MOLAC, D. Bertrand PANCHER, Dña. Sylvia PINEL, Dña. Delphine BAGARRY, Dña. Paula FORTEZA, Dña. Émilie CARIOU, D. Aurélien TACHÉ, D. Sébastien NADOT, D. Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE y D. Gabriel SERVILLE, diputados.

Vistas las siguientes normas jurídicas:

• Constitución Francesa

• Ordenanza n.º 58-1067, de 7 de noviembre de 1958 de ley orgánica del Consejo Constitucional

• Código de Educación

• Código de Investigación

• Código de Trabajo

• Ley n.º 2018-727, de 10 de agosto de 2018, para un Estado al servicio de una sociedad de confianza

• Ordenanza n.º 2018-1131, de 12 de diciembre de 2018, sobre la experimentación de nuevas formas de combinación, agrupación y fusión de las instituciones de educación superior y de investigación

• Sentencia del Consejo Constitucional n.º 2010-20/21 QPC de 6 de agosto de 2010

Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 11 de diciembre de 2020

Y tras oír al ponente

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL SE HA FUNDAMENTADO EN LO SIGUIENTE:

1. Los senadores y diputados requirentes someten a la consideración del Consejo Constitucional la ley de programación de la investigación para los años 2021 a 2030, y por la que se establecen diversas disposiciones relativas a la investigación y a la educación superior. Impugnan algunas disposiciones de los artículos 4 y 5, así como el artículo 38. Los senadores impugnan el procedimiento de aprobación del artículo 5. Asimismo los diputados cuestionan la legitimidad de los artículos 18 y 45 y de algunas disposiciones de los artículos 10 y 43.

• Sobre algunas disposiciones del artículo 4:

2. El apartado II del artículo 4 de la ley sometida a consideración organiza una nueva vía de contratación de los catedráticos de universidad.

3. Según los senadores y diputados requirentes, estas disposiciones desconocerían el principio fundamental de independencia de los docentes investigadores, recogido en las leyes de la República. Por una parte, las resoluciones de nombramiento de docentes universitarios corresponderían únicamente al rector de la institución, que podría hacer caso omiso del dictamen de la comisión de nombramiento compuesta por docentes investigadores; por otra parte, el legislador, que remitió a un decreto la determinación de las condiciones de nombramiento de los miembros de las comisiones de contratación y nombramiento, no habría previsto garantías que pudieran asegurar la independencia de dichas comisiones. El candidato contratado al que se fijaran objetivos para su nombramiento quedaría bajo la dependencia del rector de la institución. Por este motivo, los diputados denuncian un desconocimiento, por parte del legislador, de su propia competencia.

4. Asimismo, a falta de una evaluación de las habilidades del candidato realizada por un órgano nacional, el legislador habría privado de garantías legales al principio de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. Por último, los senadores y diputados requirentes consideran que la garantía que supone una evaluación nacional de los méritos de los candidatos a una plaza de docente investigador competería a un principio fundamental recogido en las leyes de la República, que sería desconocido en el presente caso.

5. De acuerdo con el artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, todos los ciudadanos «son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según sus capacidades, y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos». Aunque el principio de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, proclamado por este artículo, exige que en los nombramientos de funcionarios sólo se tengan en cuenta las capacidades, virtudes y talentos, no impide que las normas de contratación destinadas a permitir la apreciación de las competencias y habilidades de los candidatos para el acceso a un cuerpo de funcionarios se diferencien para tener en cuenta la diversidad tanto de los méritos que deben tomarse en consideración como de las necesidades del servicio público.

6. De acuerdo con el artículo 34 de la Constitución: «La ley determinará los principios fundamentales … de la enseñanza». La garantía de la independencia de los docentes investigadores resulta de un principio fundamental recogido en las leyes de la República. Este principio implica, en particular, que los catedráticos de universidad (“professeurs des universités”) y los profesores de universidad (“maîtres de conférences”) participen en la selección de sus pares.

7. El apartado II del artículo 4 introduce el artículo L. 952-6-2 en el Código de Educación. Este artículo permite que el ministro responsable de educación superior autorice a una institución pública de investigación o de educación superior a contratar a una persona como agente contractual de derecho público con vistas a su nombramiento en el cuerpo de docentes universitarios, cuando esta contratación responda a una necesidad específica relacionada con la estrategia científica o el atractivo internacional de la institución, en ámbitos de investigación para los que justifique esta necesidad. Esta vía de contratación no podrá aplicarse a más del 15% de las contrataciones autorizadas a nivel nacional en el cuerpo de docentes ni a más del 25% de las mismas cuando su número sea inferior a cinco. Dentro de la institución, no podrá aplicarse a más de la mitad de las contrataciones en ese mismo cuerpo.

En relación con el reconocimiento de un principio fundamental recogido en las leyes de la República:

8. Aunque la norma según la cual los méritos de los candidatos a una plaza de catedrático de universidad o de profesor de universidad deben ser evaluados por un órgano nacional constituye una garantía legal posible del principio de independencia de los docentes investigadores, no puede considerarse en sí misma como uno de los principios fundamentales recogidos en las leyes de la República mencionados en el primer párrafo del Preámbulo de la Constitución de 1946.

En relación con las demás alegaciones:

9. En primer lugar, la contratación establecida en las disposiciones impugnadas viene precedida de una convocatoria pública de candidatos. Para garantizar la calidad de la contratación, sólo se permite la presentación de candidaturas a las personas que poseen un doctorado o un título equivalente.

10. En segundo lugar, la evaluación de los méritos de los candidatos contratados se realiza en tres fases. En una primera fase, todas las candidaturas son evaluadas por una comisión de contratación integrada por personas de igual rango al de la plaza a cubrir y compuesta, al menos en su mitad, por docentes investigadores y personal similar o investigadores ajenos a la institución en la que se abre la contratación. Esta comisión designa al candidato que debe ser contratado. En el contrato que el interesado firma se estipulan los compromisos de las partes relativos a los objetivos que debe alcanzar y los medios que le proporciona su empleador a estos efectos, así como sus obligaciones en materia de docencia e investigación. Esta segunda fase, de carácter contractual y con una duración de entre tres y seis años, debe permitir al interesado adquirir la cualificación requerida para el ejercicio de las funciones docentes para las que se le puede nombrar. En una tercera fase, al final del contrato, se reúne una comisión para apreciar los méritos científicos y la aptitud del candidato para ejercer las funciones de docente investigador, y comprobar que cumple con las condiciones para ser nombrado en un cuerpo de docentes. La evaluación se basa en un informe del interesado sobre sus actividades y trabajos realizados. Esta comisión de nombramiento está compuesta de la misma manera que la comisión de contratación. Estas tres fases del proceso de contratación y nombramiento garantizan una evaluación objetiva de los méritos de las candidaturas a una plaza de docente, en la que participan los pares. Al respecto, el legislador pudo, sin desconocer su competencia, remitir al decreto las modalidades de aplicación de las garantías así establecidas.

11. En último lugar, al final de este proceso de evaluación, el interesado es nombrado por decreto del Presidente de la República, a propuesta del rector de la institución. Sin embargo, el principio de independencia de los docentes investigadores se opone a que el rector de la institución pueda, por motivos ajenos a la administración de la universidad y, en particular, relacionados con la cualificación científica del interesado, negarse a proponer el nombramiento de un candidato que haya recibido un dictamen favorable de la comisión de nombramiento. El rector de la institución tampoco puede, sea cual sea el motivo, proponer el nombramiento de un candidato que haya recibido un dictamen desfavorable de dicha comisión.

12. Resulta de todo lo anterior que el artículo L. 952-6-2 del Código de Educación no desconoce el principio de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad ni, con la reserva formulada en el apartado 11, el principio de independencia de los docentes investigadores. Este artículo, que no desconoce ninguna otra exigencia constitucional, es, con la misma reserva, conforme a la Constitución.

• Sobre el artículo 5:

En relación con el procedimiento de aprobación del artículo 5:

13. Los senadores requirentes hacen valer que el artículo 5 habría sido aprobado según un procedimiento que habría privado a los parlamentarios de un debate sincero e informado sobre este artículo en la medida en que, a pesar de su «objeto sustancial», se introdujo por vía de enmienda durante el debate de primera lectura del proyecto de ley por la segunda Cámara solicitada, inmediatamente antes de que la comisión mixta paritaria fuese requerida, cuando ésta ya había llegado a un acuerdo. De ello se desprendería un desconocimiento de las exigencias constitucionales de claridad y sinceridad del debate parlamentario.

14. Resultaría de la combinación del artículo 6 de la Declaración de 1789, del primer párrafo de los artículos 34 y 39 de la Constitución, así como de sus artículos 40, 41, 44, 45, 47 y 47-1, que el derecho de enmienda que corresponde a los miembros del Parlamento y al Gobierno debe poder ejercerse plenamente durante la primera lectura de los proyectos y las proposiciones de ley por cada una de las dos Cámaras. Sólo puede estar limitado, en esta fase del procedimiento y sin perjuicio de las exigencias de claridad y sinceridad del debate parlamentario, por las normas de admisibilidad, en particular por la necesidad de que una enmienda presente un vínculo, aún indirecto, con el texto presentado o trasladado.

15. Ni estas ni otras disposiciones constitucionales impiden que se presenten enmiendas, como en este caso, ante la segunda Cámara solicitada, incluso poco tiempo antes de la reunión de la comisión mixta paritaria, siempre que se cumpla con las normas de admisibilidad antes mencionadas.

16. Por consiguiente, el artículo 5, cuyas condiciones de aprobación no desconocieron las exigencias de claridad y sinceridad del debate parlamentario, se aprobó según un procedimiento conforme a la Constitución.

En relación con algunas disposiciones del artículo 5:

17. El artículo 5 modifica los artículos L. 952-6, L. 952-6-1 y L. 962-1 del Código de Educación con el fin de suprimir la exigencia de acreditación nacional para la contratación de los catedráticos de universidad y docentes de las escuelas de arquitectura. Asimismo introduce en el mismo código un artículo L. 952-6-3 que autoriza, a título experimental, a las instituciones públicas de educación superior a exceptuar dicha exigencia para la contratación de profesores de universidad.

18. Según los senadores requirentes, al sustituir la exigencia de acreditación nacional de los docentes investigadores por una contratación organizada dentro de cada institución pública de educación superior, estas disposiciones tendrían por efecto reforzar el riesgo de «localismo» en la contratación de los catedráticos de universidad y los profesores de universidad, y alterar profundamente su independencia, garantía de su libertad científica, al colocarlos en una relación de dependencia con respecto a las personas que los contrataron. De ello resultaría, por una parte, un desconocimiento del principio de independencia de los docentes investigadores y del principio de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. Por otra parte, y por los mismos motivos, los senadores requirentes, a los que se suman los diputadores requirentes, sostienen que estas disposiciones vulnerarían el mismo principio fundamental recogido en las leyes de la República que el mencionado en el apartado 4.

19. En aplicación del artículo L. 952-6-1 del Código de Educación, se requiere a los candidatos la acreditación de los docentes investigadores por el consejo nacional de universidades para el acceso a los cuerpos de catedráticos de universidad y profesores de universidad, sin perjuicio de las disposiciones estatutarias relativas al primer destino del personal contratado por oposición a catedrático (“concours national d'agrégation d'enseignement supérieur”) y de las excepciones establecidas en los estatutos particulares de los cuerpos de docentes investigadores o en los estatutos de las instituciones.

20. Las disposiciones impugnadas completan el primer párrafo de los artículos L. 952-6 y L. 952-6-1 a fin de eximir de la acreditación por el consejo nacional de universidades a los profesores titulares de universidad candidatos para ser contratados como catedráticos de universidad. Asimismo el nuevo artículo L. 952-6-3 establece, como excepción a dichos artículos y a título experimental, para las plazas publicadas a más tardar el 30 de septiembre de 2024, que las instituciones públicas de educación superior pueden ser autorizadas por decreto a contratar como profesores de universidad a personas que no posean la acreditación nacional, «con el fin de ampliar el conjunto de candidatos potenciales y hacer más fluido el acceso a los cuerpos».

21. En primer lugar, aunque el artículo L. 952-6-1 del Código de Educación exime de la exigencia de una acreditación nacional previa las contrataciones en el cuerpo de catedráticos de universidad, mantiene un procedimiento de contratación confiado a los comités de selección. Ahora bien, estos comités están integrados por docentes investigadores y personal similar, de los cuales al menos la mitad son ajenos a la universidad, de rango al menos igual al de la plaza a cubrir. Los miembros de estos comités, que aprecian los méritos científicos de los candidatos, son elegidos a su vez, a propuesta del rector de la institución, en función de sus competencias, mayoritariamente entre especialistas de la materia en cuestión, por el consejo académico o, en las instituciones que no cuentan con un consejo académico, por el consejo de administración, que resuelve en una reunión limitada a los representantes elegidos de los docentes investigadores y personal similar. Al final del procedimiento de selección, el consejo académico o el consejo de administración comunica al ministro responsable de educación superior el nombre del candidato cuyo nombramiento propone o una relación de los candidatos por orden de preferencia. Si bien el rector de la institución puede oponerse a esta propuesta, no puede basar su apreciación, de acuerdo con la reserva formulada por el Consejo Constitucional en el fundamento 16 de la sentencia de 6 de agosto de 2010 antes mencionada, en motivos ajenos a la administración de la institución y, en particular, en la cualificación científica de los candidatos propuestos al final del procedimiento de selección.

22. En segundo lugar, la posibilidad de exceptuar la exigencia de acreditación por el sistema nacional para la contratación de profesores de universidad en determinadas materias se concede por decreto a las instituciones públicas de educación superior que lo soliciten, por la duración de la experimentación. En el marco de este procedimiento de contratación, el artículo L. 952-6-3 del Código de Educación establece que los títulos y trabajos de las personas que no posean la acreditación nacional serán evaluados por el comité de selección o el órgano equivalente establecido en los estatutos de la institución, antes de la evaluación de todas las candidaturas, sobre la base del informe de dos especialistas en la materia de nivel al menos equivalente al de la plaza a cubrir. El comité de selección o el órgano equivalente, cuya composición se ajusta a las mismas normas que la contratación de catedráticos de universidad, pasa luego, según el mismo procedimiento de selección que para estos últimos, a una evaluación conjunta de las candidaturas presentadas por las personas que acreditó y por las personas que poseen una acreditación reconocida por el consejo nacional de universidades.

23. Resulta de lo anterior que, a pesar de la supresión de la exigencia de acreditación previa por el consejo nacional de universidades para la contratación como catedrático o profesor de universidad, las disposiciones impugnadas garantizan que los pares participen en la contratación de los candidatos a estas plazas y que estas contrataciones se basen en la apreciación de los méritos de los diferentes candidatos. Por consiguiente, las alegaciones basadas en el desconocimiento del principio de independencia de los docentes investigadores y del principio de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad deben descartarse.

24. Las disposiciones impugnadas de los artículos L. 952-6 y L. 952-6-1 del Código de Educación, así como el artículo L. 952-6-3 del mismo código, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, son conformes a la Constitución.

• Sobre algunas disposiciones del artículo 10:

25. El artículo 10 modifica el artículo L. 431-4 del Código de Investigación, que establece que las instituciones públicas de investigación de carácter industrial y comercial, así como determinadas fundaciones declaradas de utilidad pública podrán recurrir, en las condiciones establecidas en un acuerdo de empresa, a la celebración de un contrato por la duración de una obra o una labor. Sustituye este acuerdo de empresa por un decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado para definir las condiciones en las que se podrá recurrir a dichos contratos.

26. Los diputados requirentes sostienen que, al remitir al poder ejecutivo la determinación de las modalidades de recurso a dichos contratos, el artículo 10 habría desconocido el principio de participación de los trabajadores garantizado por el párrafo 8 del Preámbulo de la Constitución de 1946. Asimismo hacen valer que, al no enmarcar suficientemente las condiciones de extinción de dichos contratos, el legislador habría desconocido su competencia y colocado a los titulares de estos contratos en una situación de subordinación contraria al principio de independencia de los docentes investigadores.

27. En primer lugar, el artículo 34 de la Constitución sitúa en el ámbito de la ley los principios fundamentales del derecho laboral. De acuerdo con el párrafo 8 del Preámbulo de la Constitución de 1946: «Todo trabajador participa, a través de sus delegados, en la determinación colectiva de las condiciones de trabajo, así como en la gestión de las empresas». El legislador puede, en el marco de las competencias que le confiere el artículo 34 de la Constitución, remitir a un decreto o confiar a la negociación colectiva la especificación, en materia de determinación colectiva de las condiciones laborales, de las modalidades de aplicación de las normas que estableció.

28. El artículo 10 determina las personas que pueden recurrir a estos contratos de obra o de labor de investigación, el objeto de estos contratos, su duración, así como los motivos y las modalidades de extinción. De esta forma, el legislador determinó suficientemente las normas aplicables a los contratos celebrados para contribuir a un proyecto o una labor de investigación, y pudo remitir las modalidades de aplicación de estas normas, sin desconocer su competencia ni el principio de participación de los trabajadores, a un decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado, en vez de un acuerdo de empresa.

29. En segundo lugar, al limitarse a establecer que determinadas instituciones públicas de investigación y fundaciones declaradas de utilidad pública podrán contratar a asalariados por la duración de un proyecto o una labor, las disposiciones impugnadas del artículo 10 no cuestionan el principio de independencia de los docentes investigadores.

30. Resulta de lo anterior que las palabras «se podrá contratar a un asalariado para contribuir a un proyecto o una labor de investigación mediante un contrato cuyo plazo sea la realización del proyecto o de la labor», que aparecen en el primer párrafo, y las palabras «Un decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado especificará las modalidades de aplicación del presente artículo», que aparecen en el sexto párrafo del artículo L. 431-4 del Código de Investigación, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, son conformes a la Constitución.

• Sobre el artículo 38:

31. El artículo 38 introduce en el Código de Educación disposiciones que establecen un delito de allanamiento del recinto de una institución de educación superior.

32. Los requirentes denuncian la irregularidad de su procedimiento de aprobación, en la medida en que se habría introducido en primera lectura sin que tenga ningún vínculo con el proyecto de ley inicial. Sobre el fondo, alegan que desconoce el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones, así como el principio de legalidad de los delitos y las penas. Los diputados requirentes añaden que también vulneraría los principios de necesidad y proporcionalidad de la pena.

33. De acuerdo con la última frase del primer párrafo del artículo 45 de la Constitución: «Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 40 y 41, toda enmienda será admisible en primera lectura a condición de que presente un vínculo, aún indirecto, con el texto presentado o trasladado». Corresponde al Consejo Constitucional declarar contrarias a la Constitución las disposiciones introducidas en violación de esta norma de procedimiento, en cuyo caso el Consejo Constitucional no prejuzga si estas disposiciones son conformes a las demás exigencias constitucionales.

34. La ley sometida a consideración tiene su origen en el proyecto de ley presentado el 22 de julio de 2020 ante la mesa de la Asamblea Nacional, primera Cámara solicitada. Este proyecto de ley constaba de veinticinco artículos distribuidos en cinco títulos. El título I comprendía disposiciones programáticas que definían las orientaciones estratégicas de la investigación y establecían una programación presupuestaria para la década a la que la ley se refería. El título II comprendía medidas destinadas a reforzar el atractivo de las carreras de investigadores y docentes investigadores. El título III modificaba disposiciones relativas a la evaluación de la investigación y la educación superior, las unidades de investigación y la agencia nacional francesa de investigación. El título IV tenía por objeto valorizar los trabajos de investigación modificando las condiciones de participación de los funcionarios públicos en las empresas y las normas de compatibilidad de actividades a tiempo parcial y permitiendo el pago de primas, la creación de sistemas de incentivos y la concesión de licencias colectivas para la utilización en línea de determinadas obras protegidas. El título V estaba dedicado a las medidas adoptadas para aclarar y facilitar el funcionamiento del servicio público de educación superior y de investigación.

35. El artículo 38 de la ley sometida a consideración tipifica como delito el hecho de entrar o mantenerse en el recinto de una institución de educación superior sin estar autorizado para ello por disposiciones legislativas o reglamentarias o sin haber sido autorizado por las autoridades competentes, con el objetivo de alterar la tranquilidad o el orden de la institución.

36. Introducidas en primera lectura, estas disposiciones no tienen ningún vínculo, ni siquiera indirecto, con las del artículo 17 del proyecto de ley inicial que, con el fin de simplificar la organización y el funcionamiento de las instituciones de educación superior, modificaban las modalidades de designación y las competencias de los rectores de universidad, obligándoles a presentar cada año un informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y simplificando las condiciones de delegación de su firma, establecían las prerrogativas de la comisión de investigación del consejo académico de las universidades, flexibilizaban las normas de organización de las elecciones parciales a los consejos universitarios y simplificaban el régimen de las fundaciones de colaboración, las condiciones de representación del Estado en las fundaciones de cooperación científica y el procedimiento de aprobación de los convenios de valorización celebrados por determinadas instituciones públicas. Tampoco tienen vínculo, ni siquiera indirecto, con ninguna otra de las disposiciones que aparecían en el proyecto de ley presentado ante la mesa de la Asamblea Nacional.

37. Por consiguiente, sin que sea menester pronunciarse sobre las demás alegaciones y sin que el Consejo Constitucional prejuzga la conformidad del contenido del artículo 38 con las demás exigencias constitucionales, procede constatar que, aprobado según un procedimiento contrario a la Constitución, es por lo tanto contrario a la misma.

• Sobre algunas disposiciones del artículo 43 y de la ordenanza de 12 de diciembre de 2018:

38. El apartado I del artículo 43 ratifica la ordenanza de 12 de diciembre de 2018 antes mencionada, que permite la experimentación de nuevas formas de combinación, agrupación y fusión de las instituciones de educación superior y de investigación.

39. Los diputados requirentes sostienen, en primer lugar, que esta ratificación sería contraria a la Constitución, ya que el proyecto de ley que dio origen a la ley sometida a consideración no se presentó ante el Parlamento dentro del plazo establecido en la ley de habilitación para la presentación del proyecto de ley de ratificación. El legislador también habría desconocido el artículo 37-1 de la Constitución al ratificar esta ordenanza a pesar de que no se había realizado ninguna evaluación «nacional de todas las experimentaciones» que autorizó. En segundo lugar, el artículo 1 de esta ordenanza vulneraría la exigencia constitucional de especificación del objeto de una experimentación, ya que se aplica indistintamente a todas las instituciones de educación superior y de investigación. Los diputados requirentes alegan, en tercer lugar, que el artículo 10 de la ordenanza, sobre la composición del consejo de administración de una institución pública experimental, desconoce el principio de independencia de los docentes investigadores, puesto que este consejo no debe estar compuesto obligatoriamente en su mayoría por representantes elegidos de los usuarios y del personal de la institución y no incluye una proporción mínima de docentes investigadores. En último lugar, el artículo 20 de la ordenanza adolecería de incompetencia negativa, puesto que deferiría al poder ejecutivo la determinación de las normas de creación de una categoría de instituciones públicas, relativas en el presente caso a la categoría de «gran ente» (“grand établissement”).

En relación con el apartado I del artículo 43:

40. En primer lugar, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución, las ordenanzas caducarán si el proyecto de ley de ratificación no se presenta ante el Parlamento antes de la fecha fijada por la ley de habilitación.

41. La ordenanza cuya ratificación se impugna, aprobada sobre la base del artículo 52 de la ley de 10 de agosto de 2018 antes mencionada, se publicó en el diario oficial (Journal officiel de la République française) de 13 de diciembre de 2018. El proyecto de ley de ratificación se presentó ante la mesa de la Asamblea Nacional el 30 de enero de 2019, es decir antes del vencimiento del plazo de tres meses establecido en ese artículo 52. Por consiguiente, la alegación basada en la presentación del proyecto de ley fuera del plazo establecido en la ley de habilitación no tiene fundamento de hecho.

42. En segundo lugar, ninguna exigencia constitucional obliga al legislador, cuando ratifique una ordenanza que autorice una experimentación, a disponer de una evaluación de la misma.

43. Resulta de lo anterior que las alegaciones basadas en el hecho de que el apartado I del artículo 43 incumpliría los artículos 37-1 y 38 de la Constitución deben descartarse. Este apartado, que no desconoce ninguna otra exigencia constitucional, es conforme a la Constitución. Esta declaración de conformidad no impide que el Consejo Constitucional conozca de las disposiciones de la ordenanza ratificada para examinar su conformidad con la Constitución.

En relación con algunas disposiciones de la ordenanza de 12 de diciembre de 2018:

44. En primer lugar, aunque el Parlamento, sobre la base del artículo 37-1 de la Constitución, con miras a su posible generalización, puede autorizar experimentaciones con una finalidad y una duración limitadas, que exceptúen el principio de igualdad ante la ley, debe definir su finalidad y condiciones con suficiente precisión, y no desconocer las demás exigencias de valor constitucional.

45. De acuerdo con el artículo 1 de la ordenanza de 12 de diciembre de 2018, a título experimental, una «institución pública de carácter científico, cultural y profesional podrá agrupar o fusionar instituciones de educación superior y de investigación públicas y privadas que participen en las misiones de servicio público de educación superior o de investigación. Esta institución experimentará nuevos modos de organización y funcionamiento en las condiciones establecidas en el presente capítulo, con el fin de llevar a cabo un proyecto compartido de educación superior y de investigación definido por las instituciones que agrupe, de acuerdo con los objetivos y las misiones de la educación superior mencionados en los capítulos I y III del título II del libro I del Código de Educación». El concepto de institución pública de carácter científico, cultural y profesional, y el régimen de estas instituciones se definen en el artículo L. 711-1 y siguientes del Código de Educación. Por consiguiente, el legislador definió de forma suficientemente precisa la finalidad de la experimentación que estableció. El primer apartado del artículo 1 de la ordenanza de 12 de diciembre de 2018, que no desconoce por tanto el artículo 37-1 de la Constitución ni ninguna otra exigencia constitucional, es conforme a la Constitución.

46. En segundo lugar, la primera frase del segundo párrafo del artículo 10 de la ordenanza de 12 de diciembre de 2018, según la cual el consejo de administración de la institución pública experimental, cuyas competencias se definen en los estatutos de la institución, incluirá al menos un 40% de representantes elegidos del personal y de los usuarios, no desconoce en sí misma el principio de independencia de los docentes investigadores. Esta frase, que no es contraria a ninguna otra exigencia constitucional, es conforme a la Constitución.

47. En último lugar, el artículo 34 de la Constitución dispone lo siguiente: «La ley fijará las normas sobre creación de categorías de entes públicos». Al establecer en el apartado III del artículo 20 de la ordenanza de 12 de diciembre de 2018 que las disposiciones que confieran a una institución experimental creada en aplicación de esta misma ordenanza el estatuto de «gran ente» serán aprobadas por decreto, el legislador se limitó a establecer que sería necesario un decreto para reconocer dicho estatuto a una institución, de acuerdo con las normas relativas a la creación de un ente de esta categoría determinadas por otras disposiciones legislativas. La primera frase de este apartado III, que no desconoce por tanto el artículo 34 de la Constitución ni ninguna otra exigencia constitucional, es conforme a la Constitución.

• Sobre las disposiciones cuya legitimidad dentro de la ley sometida a consideración se impugna:

48. Los diputados requirentes alegan que los artículos 18 y 45 no tienen legitimidad dentro de la ley sometida a consideración, puesto que se introdujeron en primera lectura según un procedimiento contrario al primer párrafo del artículo 45 de la Constitución.

49. En primer lugar, el artículo 18 modifica el artículo L. 612-7 del Código de Educación con el fin de establecer la obligación de que el candidato a doctorado preste juramento al final de la defensa de su tesis, comprometiéndose a cumplir con los principios y las exigencias de integridad científica. Introducidas en primera lectura, estas disposiciones no pueden considerarse como desprovistas de vínculo, al menos indirecto, con el proyecto de ley presentado ante la mesa de la Asamblea Nacional que, por una parte, creaba en su artículo 4 un contrato doctoral que permite a un empleador confiar actividades de investigación a un asalariado inscrito en una institución de educación superior con vistas a obtener el título de doctor establecido en el artículo L. 612-7 del Código de Educación y, por otra, establecía en su artículo 5 contratos «postdoctorales» que permiten a determinadas instituciones públicas y fundaciones contratar a investigadores que posean este título.

50. En segundo lugar, el artículo 45 procede a una reforma de la formación veterinaria, en particular al permitir que instituciones de educación superior privadas sin ánimo de lucro impartan una formación conducente al título de doctor en veterinaria. Introducidas en primera lectura, estas disposiciones no pueden considerarse como desprovistas de vínculo, al menos indirecto, con el texto inicial, que incluía en el apartado II de su artículo 22 una habilitación para modificar por ordenanza determinadas disposiciones relativas a la educación superior privada y establecía en su artículo 23 la disolución del Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France.

51. Por consiguiente, las alegaciones basadas en el desconocimiento del primer párrafo del artículo 45 de la Constitución deben descartarse.

• Sobre la legitimidad de otras disposiciones dentro de la ley sometida a consideración:

52. El artículo 42 se refiere a la importación y la exportación de restos humanos con fines de investigación. Introducidas en primera lectura, estas disposiciones no tienen ningún vínculo, ni siquiera indirecto, con las del artículo 24 del proyecto de ley inicial, que creaba en cada centro hospitalario y universitario un comité territorial encargado de coordinar la implementación de la investigación sanitaria por parte de los agentes competentes en este ámbito.

53. Estas disposiciones tampoco tienen vínculo, ni siquiera indirecto, con ninguna otra de las disposiciones que aparecían en el proyecto de ley presentado ante la mesa de la Asamblea Nacional.

54. Sin que el Consejo Constitucional prejuzga la conformidad del contenido de estas disposiciones con las demás exigencias constitucionales, procede constatar que, aprobadas según un procedimiento contrario a la Constitución, son por lo tanto contrarias a la misma.

• Sobre las demás disposiciones:

55. El Consejo Constitucional no planteó de oficio ninguna otra cuestión de conformidad con la Constitución y, por lo tanto, no se pronunció sobre la constitucionalidad de disposiciones distintas de las consideradas en la presente resolución.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL HA DECIDIDO:

Artículo 1.- Que son contrarias a la Constitución las siguientes disposiciones de la ley de programación de la investigación para los años 2021 a 2030, y por la que se establecen diversas disposiciones relativas a la investigación y a la educación superior:

• Artículo 38
• Artículo 42

Artículo 2.- Que, con la reserva formulada en el apartado 11, el artículo L. 952-6-2 del Código de Educación, en su redacción dada por la ley sometida a consideración, es conforme a la Constitución.

Artículo 3.- Que son conformes a la Constitución las siguientes disposiciones:

• Las palabras «y salvo cuando el candidato sea profesor titular de universidad», que aparecen en el primer párrafo del artículo L. 952-6 del Código de Educación, en su redacción dada por el artículo 5 de la ley sometida a consideración
• Las palabras «y las de las personas exentas de acreditación de acuerdo con el mismo artículo L. 952-6», que aparecen en el primer párrafo del artículo L. 952-6-1 del mismo código, en su redacción dada por el mismo artículo 5
• El artículo L. 952-6-3 del mismo código, en su redacción dada por el mismo artículo 5
• Las palabras «se podrá contratar a un asalariado para contribuir a un proyecto o una labor de investigación mediante un contrato cuyo plazo sea la realización del proyecto o de la labor», que aparecen en el primer párrafo del artículo L. 431-4 del Código de Investigación, en su redacción dada por el artículo 10 de la ley sometida a consideración
• Las palabras «Un decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado especificará las modalidades de aplicación del presente artículo», que aparecen en el sexto párrafo del artículo L. 431-4 del mismo código, en su redacción dada por el artículo 10 de la ley sometida a consideración
• El apartado I del artículo 43 de la misma ley
• El primer párrafo del artículo 1, la primera frase del segundo párrafo del apartado I del artículo 10 y la primera frase del apartado III del artículo 20 de la ordenanza n.º 2018-1131, de 12 de diciembre de 2018, sobre la experimentación de nuevas formas de combinación, agrupación y fusión de las instituciones de educación superior y de investigación

Artículo 4.- Que esta sentencia se publicará en el diario oficial (Journal officiel de la République française).

Así lo pronunció el Consejo Constitucional en su sesión de 21 de diciembre de 2020, a la que asistieron: D. Laurent FABIUS, Presidente, Dña. Claire BAZY MALAURIE, D. Alain JUPPÉ, Dña. Dominique LOTTIN, Dña. Corinne LUQUIENS, Dña. Nicole MAESTRACCI, D. Jacques MÉZARD, D. François PILLET y D. Michel PINAULT.

Publicada el 21 de diciembre de 2020.