Sentencia

Sentencia n° 2020-808 DC de 13 de Noviembre de 2020

Ley por la que se autoriza la prórroga del estado de emergencia sanitaria y se establecen diversas medidas de gestión de la crisis sanitaria

El CONSEJO CONSTITUCIONAL FUE REQUERIDO en fecha 7 de noviembre de 2020, en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Francesa, acerca de la ley por la que se autoriza la prórroga del estado de emergencia sanitaria y se establecen diversas medidas de gestión de la crisis sanitaria, bajo el n.º 2020-808 DC, por Dña. Valérie RABAULT, D. Jean-Luc MÉLENCHON, D. André CHASSAIGNE, D. Joël AVIRAGNET, Dña. Marie-Noëlle BATTISTEL, Dña. Gisèle BIÉMOURET, D. Jean-Louis BRICOUT, D. Alain DAVID, Dña. Laurence DUMONT, D. Olivier FAURE, D. Guillaume GAROT, D. David HABIB, D. Christian HUTIN, Dña. Chantal JOURDAN, D. Régis JUANICO, Dña. Marietta KARAMANLI, D. Jérôme LAMBERT, D. Serge LETCHIMY, Dña. Josette MANIN, D. Philippe NAILLET, Dña. George PAU-LANGEVIN, Dña. Christine PIRES BEAUNE, D. Dominique POTIER, Dña. Claudia ROUAUX, D. Hervé SAULIGNAC, Dña. Sylvie TOLMONT, Dña. Cécile UNTERMAIER, Dña. Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, D. Boris VALLAUD, Dña. Michèle VICTORY, D. Gérard LESEUL, Dña. Isabelle SANTIAGO, Dña. Clémentine AUTAIN, D. Ugo BERNALICIS, D. Éric COQUEREL, D. Alexis CORBIÈRE, Dña. Caroline FIAT, D. Bastien LACHAUD, D. Michel LARIVE, Dña. Danièle OBONO, Dña. Mathilde PANOT, D. Loïc PRUD'HOMME, D. Adrien QUATENNENS, D. Jean-Hugues RATENON, Dña. Muriel RESSIGUIER, Dña. Sabine RUBIN, D. François RUFFIN, Dña. Bénédicte TAURINE, D. Alain BRUNEEL, Dña. Marie-George BUFFET, D. Pierre DHARRÉVILLE, D. Jean-Paul DUFRÈGNE, Dña. Elsa FAUCILLON, D. Sébastien JUMEL, D. Jean-Paul LECOQ, D. Stéphane PEU, D. Fabien ROUSSEL, D. Hubert WULFRANC, Dña. Karine LEBON, Dña. Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, D. Moetai BROTHERSON, D. Jean-Philippe NILOR, D. Jean-Félix ACQUAVIVA, D. Bertrand PANCHER, D. Charles de COURSON, D. Benoit SIMIAN, Dña. Jennifer de TEMMERMAN, D. Jean-Michel CLÉMENT y Dña. Frédérique DUMAS, diputados.

Asimismo fue requerido el mismo día por D. Patrick KANNER, D. Maurice ANTISTE, Dña. Viviane ARTIGALAS, D. David ASSOULINE, D. Joël BIGOT, Dña. Florence BLATRIX-CONTAT, Dña. Nicole BONNEFOY, D. Hussein BOURGI, Dña. Isabelle BRIQUET, D. Rémi CARDON, Dña. Marie-Arlette CARLOTTI, Dña. Catherine CONCONNE, Dña. Hélène CONWAY-MOURET, D. Thierry COZIC, D. Michel DAGBERT, Dña. Marie-Pierre de la GONTRIE, D. Gilbert-Luc DEVINAZ, D. Jérôme DURAIN, D. Vincent ÉBLÉ, Dña. Frédérique ESPAGNAC, D. Rémi FÉRAUD, Dña. Corinne FÉRET, D. Jean-Luc FICHET, Dña. Martine FILLEUL, D. Hervé GILLÉ, Dña. Laurence HARRIBEY, D. Jean-Michel HOULLEGATTE, D. Olivier JACQUIN, Dña. Victoire JASMIN, D. Éric JEANSANNETAS, D. Bernard JOMIER, Dña. Gisèle JOURDA, D. Éric KERROUCHE, Dña. Annie LE HOUEROU, D. Jean-Yves LECONTE, Dña. Claudine LEPAGE, D. Jean-Jacques LOZACH, Dña. Monique LUBIN, D. Victorin LUREL, D. Didier MARIE, Dña. Michelle MEUNIER, D. Jean-Jacques MICHAU, Dña. Marie-Pierre MONIER, D. Sébastien PLA, Dña. Émilienne POUMIROL, Dña. Angèle PRÉVILLE, D. Claude RAYNAL, D. Christian REDON-SARRAZY, Dña. Sylvie ROBERT, D. Gilbert ROGER, Dña. Laurence ROSSIGNOL, D. Lucien STANZIONE, D. Jean-Pierre SUEUR, D. Rachid TEMAL, D. Jean-Claude TISSOT, D. Jean-Marc TODESCHINI, D. Mickaël VALLET, D. André VALLINI, Dña. Sabine VAN HEGHE y D. Yannick VAUGRENARD, senadores.

El 9 de noviembre de 2020, el primer ministro pidió al Consejo Constitucional que resolviera según el procedimiento de urgencia establecido en el tercer párrafo del artículo 61 de la Constitución.

Vistas las siguientes normas jurídicas:

  • Constitución Francesa

  • Ordenanza n.º 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, de ley orgánica del Consejo Constitucional

  • Ley n.º 2020-290, de 23 de marzo de 2020, de emergencia para hacer frente a la epidemia de covid-19

  • Ley n.º 2020-546, de 11 de mayo de 2020, por la que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se complementan sus disposiciones

  • Ley n.º 2020-734, de 17 de junio de 2020, sobre diversas disposiciones relacionadas con la crisis sanitaria, otras medidas urgentes y la retirada del Reino Unido de la Unión Europea

  • Ley n.º 2020-856, de 9 de julio de 2020, por la que se organiza la salida del estado de emergencia sanitaria

  • Código de Salud Pública

  • Decreto n.º 2020-1257, de 14 de octubre de 2020, por el que se declara el estado de emergencia sanitaria

  • Sentencia del Consejo Constitucional n.º 2020-800 DC de 11 de mayo de 2020

Vistas las observaciones del Gobierno, registradas el 10 de noviembre de 2020

Y tras oír al ponente

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL SE HA FUNDAMENTADO EN LO SIGUIENTE:

  1. Los diputados y los senadores requirentes someten a la consideración del Consejo Constitucional la ley por la que se autoriza la prórroga del estado de emergencia sanitaria y se establecen diversas medidas de gestión de la crisis sanitaria. Impugnan el artículo 1 y algunas disposiciones de los artículos 2 y 10. Los diputados requirentes también impugnan algunas disposiciones del artículo 5.
  • Sobre el artículo 1:
  1. El artículo 1 de la ley sometida a consideración prorroga hasta el 16 de febrero de 2021 el estado de emergencia sanitaria declarado por el decreto de 14 de octubre de 2020 antes mencionado.

  2. Los diputados y senadores requirentes impugnan la constitucionalidad de esta prórroga. Según los primeros, permitiría la implementación de medidas que, respecto de las necesidades sanitarias, constituirían una vulneración desproporcionada de los derechos y libertades garantizados por la Constitución, en particular la libertad ambulatoria, el derecho al respeto de la vida privada, la libertad de empresa y la libertad de expresión y comunicación. Para los segundos, al prever una prórroga de cuatro meses del estado de emergencia sanitaria sin necesidad de que el Parlamento vuelva a intervenir en este plazo, el legislador habría procedido a una conciliación desequilibrada entre el objetivo de valor constitucional de protección de la salud y los derechos y libertades ya mencionados.

  3. De acuerdo con el undécimo párrafo del Preámbulo de la Constitución de 1946, la Nación «garantiza a todos … la protección de su salud». De ello se desprende un objetivo de valor constitucional de protección de la salud.

  4. La Constitución no excluye la posibilidad para el legislador de prever un régimen de estado de emergencia sanitaria. En este marco le corresponde asegurar la conciliación entre el objetivo de valor constitucional de protección de la salud y el respeto a los derechos y libertades reconocidos a todos los que residen en el territorio de la República.

  5. En primer lugar, el estado de emergencia sanitaria tiene por objeto permitir a los poderes públicos adoptar medidas para hacer frente a una crisis sanitaria grave. A la luz de los datos científicos disponibles sobre la situación sanitaria, el legislador consideró que la epidemia de covid-19 se está propagando a un ritmo elevado que está contribuyendo, dada la capacidad actual de atención del sistema sanitario, a un estado de catástrofe sanitaria que pone en peligro, por su naturaleza y gravedad, la salud de la población. Asimismo, habida cuenta de la dinámica de la epidemia y del período invernal que se avecina, consideró que este estado podría persistir al menos durante los próximos cuatro meses. Esta apreciación se ve corroborada por los dictámenes de 19 y 26 de octubre de 2020 del comité de científicos establecido en el artículo L. 3131-19 del Código de Salud Publica. No corresponde al Consejo Constitucional, que no dispone de un poder general de apreciación y decisión de igual naturaleza que el del Parlamento, poner en tela de juicio la apreciación por parte del legislador de la existencia de una catástrofe sanitaria y su previsible persistencia durante los próximos cuatro meses, puesto que, como en el presente caso, dicha apreciación no es, en el estado actual de los conocimientos, manifiestamente inadecuada con respecto a la situación presente en la totalidad del territorio francés.

  6. En segundo lugar, de acuerdo con el primer párrafo del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, las medidas previstas en el marco del estado de emergencia sanitaria sólo podrán adoptarse, en todo caso, para garantizar la salud pública. Según el apartado III del mismo artículo, deberán ser estrictamente proporcionales a los riesgos sanitarios incurridos y adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar. Se les pondrá fin sin demora cuando ya no sean necesarias. El juez será el encargado de garantizar que estas medidas sean adecuadas, necesarias y proporcionales a su finalidad.

  7. En último lugar, cuando la situación sanitaria lo permita, se deberá poner fin al estado de emergencia sanitaria por decreto aprobado en consejo de ministros antes del vencimiento del plazo fijado por la ley que lo prorrogue.

  8. Resulta de lo anterior que el legislador pudo prorrogar, sin desconocer ninguna exigencia constitucional, el estado de emergencia hasta el 16 de febrero de 2021. Por consiguiente, el artículo 1 es conforme a la Constitución.

  • Sobre algunas disposiciones del artículo 2:
  1. Los apartados I y II del artículo 2 de la ley prorrogan hasta el 1 de abril de 2021, en los territorios en los que el estado de emergencia sanitaria no está vigente, el régimen transitorio que organiza la salida del estado de emergencia sanitaria establecido en el artículo 1 de la ley de 9 de julio de 2020 antes mencionada.

  2. Según los diputados y senadores requirentes, al prever, a pesar de la ausencia de elementos objetivos que permitan anticipar la situación sanitaria de Francia hasta esa fecha, que el régimen transitorio que organiza la salida del estado de emergencia sanitaria se aplicará automáticamente, sin una nueva intervención del Parlamento, desde el vencimiento del término fijado para el estado de emergencia sanitaria o su levantamiento anticipado, el legislador no habría procedido a una conciliación equilibrada entre el objetivo de valor constitucional de protección de la salud y los derechos y libertades susceptibles de ser vulnerados. Según los senadores requirentes, también resultaría de ello un desconocimiento por parte del legislador del alcance de su competencia y una vulneración del principio de separación de los poderes.

  3. En primer lugar, al prever un régimen transitorio de salida del estado de emergencia sanitaria, el legislador quiso permitir a los poderes públicos adoptar medidas destinadas a luchar contra la propagación de la epidemia de covid-19. Consideró desde entonces que un riesgo importante de propagación de la epidemia persistiría más allá del período de aplicación del estado de emergencia sanitaria, hasta el 1 de abril de 2021. Habida cuenta de los elementos mencionados en el apartado 6, no procedió, en el estado actual de los conocimientos, a una apreciación manifiestamente inadecuada con respecto a la situación presente.

  4. En segundo lugar, de acuerdo con el primer párrafo del apartado I del artículo 1 de la ley de 9 de julio de 2020, las medidas susceptibles de ser impuestas en el marco de un régimen transitorio sólo podrán adoptarse en interés de la salud pública y con el fin de luchar contra la propagación de la epidemia de covid-19. Según el apartado III del mismo artículo, deberán ser estrictamente proporcionales a los riesgos sanitarios incurridos y adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar. Se les pondrá fin sin demora cuando ya no sean necesarias. El juez será el encargado de garantizar que estas medidas sean adecuadas, necesarias y proporcionales a su finalidad.

  5. En tercer lugar, por una parte, el legislador, que es competente para instaurar un régimen de estado de emergencia sanitaria, también lo es para encargar al poder ejecutivo que anticipe su final con respecto al término fijado, cuando ya no se cumplan las condiciones. Por otra parte, el legislador especificó en la ley la fecha en la que finalizaría el régimen transitorio que sucederá al estado de emergencia.

  6. Resulta de todo lo anterior que el legislador pudo prorrogar, sin desconocer el alcance de su competencia ni ninguna otra exigencia constitucional, el régimen transitorio antes mencionado hasta el 1 de abril de 2021, y prever su aplicación automática al vencer el término del estado de emergencia sanitaria. Por consiguiente, el 1º del apartado I y el apartado II del artículo 2 son conformes a la Constitución.

  • Sobre algunas disposiciones del artículo 5:
  1. El artículo 5 modifica el artículo 11 de la ley de 11 de mayo de 2020 antes mencionada, que organiza las condiciones en que los datos relativos a la salud de las personas afectadas por el virus de la covid-19 y de las personas en contacto con ellas son tratados y compartidos, en su caso sin el consentimiento de las mismas, a través de un sistema de información ad hoc.

  2. Los diputados requirentes hacen valer que este artículo 5 desconocería el derecho al respeto de la vida privada dado que prorroga el tratamiento y el intercambio de estos datos hasta el 1 de abril de 2021 y amplía el ámbito de las personas que tienen acceso a los mismos.

  3. La libertad proclamada por el artículo 2 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 implica el derecho al respeto de la vida privada. Por consiguiente, la recopilación, el registro, la conservación, la consulta y la comunicación de datos de carácter personal deben justificarse por un motivo de interés general y llevarse a cabo de forma adecuada y proporcional a dicho objetivo. Cuando se trate de datos de carácter personal de naturaleza médica, se deberá observar una vigilancia especial en la realización de estas operaciones y la determinación de sus modalidades.

  4. El artículo 5 modifica el apartado I del artículo 11 de la ley de 11 de mayo de 2020 para establecer que el tratamiento y el intercambio de los datos de carácter personal establecidos en este artículo 11 sólo podrán llevarse a cabo hasta el 1 de abril de 2021 como máximo. Asimismo modifica el apartado III del mismo artículo 11 para dar acceso a estos datos a determinados profesionales sanitarios y disponer que podrán comunicarse a las entidades encargadas de la atención social de las personas infectadas o susceptibles de estarlo durante y después de la finalización de las prescripciones médicas y de aislamiento profilácticas.

  5. En primer lugar, mediante la sentencia de 11 de mayo de 2020 antes mencionada, el Consejo Constitucional, por los motivos expuestos en los apartados 63 a 78 y con las reservas formuladas en los apartados 67, 73 y 74 de dicha sentencia, consideró conforme a la Constitución el sistema de información establecido en el artículo 11 de la ley de 11 de mayo de 2020. En particular, tal como el Consejo Constitucional lo consideró en el apartado 63 de su sentencia, al aprobar el artículo 11 de la ley de 11 de mayo de 2020, el legislador quiso reforzar los medios de lucha contra la epidemia de covid-19 mediante la identificación de las cadenas de contagio, por lo que persiguió el objetivo de valor constitucional de protección de la salud. Tal como se desprende de los apartados 66 a 67 de la misma sentencia, los datos de carácter personal objeto del sistema de tratamiento e intercambio establecido en el artículo 11 son los únicos datos estrictamente necesarios para la persecución de las finalidades de este sistema.

  6. En segundo lugar, por una parte, al abrir el acceso a estos datos a los profesionales sanitarios que aparezcan en una lista establecida por decreto y autorizados para realizar las pruebas de detección virológica o serológica, el legislador se refirió al personal que participa en el establecimiento del diagnóstico y la identificación de las cadenas de contagio. Además, resulta de lo dispuesto en el apartado III del artículo 11 que estos profesionales sólo podrán tener acceso a los datos necesarios para su intervención y en la estricta medida en que su intervención cumpla con las finalidades del sistema de información.

  7. Por otra parte, aunque las disposiciones impugnadas establecen que las entidades encargadas de la atención social de las personas infectadas o susceptibles de estarlo pueden recibir los datos contenidos en el sistema, dicha comunicación estará sujeta al consentimiento previo de los interesados. Además, sólo podrán comunicarse los datos estrictamente necesarios para el ejercicio de la misión de estas entidades.

  8. Por último, el legislador consideró que persistía un riesgo importante de propagación de la epidemia hasta el 1 de abril de 2021, por lo que dispuso que el mecanismo establecido en el artículo 11 de la ley de 11 de mayo de 2020 podría aplicarse hasta esa fecha como máximo. Por los motivos antes mencionados, esta apreciación, en el estado actual de los conocimientos, no es manifiestamente inadecuada con respecto a la situación presente.

  9. Resulta de todo lo anterior que, con las mismas reservas que las formuladas en los apartados 73 y 74 de la sentencia de 11 de mayo de 2020, las disposiciones impugnadas no desconocen el derecho al respeto de la vida privada.

  10. Por consiguiente, las palabras «hasta el 1 de abril de 2021 como máximo», que aparecen en el primer párrafo del apartado I del artículo 11 de la ley de 11 de mayo de 2020, así como las palabras «profesionales sanitarios autorizados para realizar las pruebas de detección virológica o serológica» y las palabras «Las entidades encargadas de la atención social de los interesados en las condiciones establecidas en el 5º del II del presente artículo también podrán recibir los datos estrictamente necesarios para el ejercicio de su misión», que aparecen en la segunda frase del apartado III del mismo artículo 11, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, son conformes a la Constitución, con las reservas formuladas en el apartado anterior.

  • Sobre algunas disposiciones del artículo 10:
  1. El artículo 10 habilita al Gobierno para adoptar por ordenanza medidas destinadas a prorrogar, restablecer o adaptar determinadas disposiciones anteriormente adoptadas por ordenanza para remediar las consecuencias de la crisis sanitaria.

  2. Los diputados y senadores requirentes alegan que la habilitación establecida en el apartado I del artículo 10 remite a habilitaciones legislativas anteriores. Habida cuenta del número de estas remisiones y de la importancia de los ámbitos cubiertos por las disposiciones a las que se hace referencia, el ámbito de actuación de la habilitación sería impreciso. Según los senadores requirentes, sería imposible de este modo determinar si las finalidades perseguidas por la ley, en particular la de adaptar dichas disposiciones, son conformes a la Constitución. Por lo tanto, se desconocerían las disposiciones del artículo 38 de la Constitución. De ello también resultaría, según los diputados requirentes, un desconocimiento de las exigencias de claridad y sinceridad del debate parlamentario.

  3. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 38 de la Constitución: «El Gobierno podrá, para la ejecución de su programa, solicitar autorización del Parlamento con objeto de adoptar, por ordenanza, durante un plazo limitado, medidas normalmente pertenecientes al ámbito de la ley». Aunque esta disposición obliga al Gobierno a indicar con precisión al Parlamento, para justificar la solicitud que presente, la finalidad de las medidas que se propone adoptar por ordenanza, así como su ámbito de actuación, no exige al Gobierno que informe al Parlamento del contenido de las ordenanzas que dicte en virtud de dicha habilitación.

  4. Las disposiciones de una ley de habilitación no pueden, por sí mismas ni por las consecuencias que necesariamente se derivan de ellas, desconocer una norma o un principio de valor constitucional. Además, no pueden tener por objeto o efecto eximir al Gobierno, en el ejercicio de los poderes conferidos en virtud del artículo 38 de la Constitución, del cumplimiento de las normas y los principios de valor constitucional.

  5. El apartado I del artículo 10 habilita al Gobierno para adoptar por ordenanza determinadas medidas pertenecientes al ámbito de la ley, que son necesarias para hacer frente a las consecuencias de la propagación de la epidemia de covid-19, y determinadas decisiones para limitar dicha propagación. Estas medidas consisten exclusivamente en la prórroga o el restablecimiento de las disposiciones anteriormente adoptadas por ordenanza, sobre la base de varias de las habilitaciones legislativas establecidas en el apartado I del artículo 11 y en el artículo 16 de la ley de 23 de marzo de 2020 antes mencionada, así como en el artículo 1 de la ley de 17 de junio de 2020 antes mencionada. El mismo apartado I del artículo 10 habilita al Gobierno para introducir en las disposiciones así prorrogadas o restablecidas las modificaciones necesarias para esta prórroga o este restablecimiento, así como para su adaptación al estado actual de la situación sanitaria.

  6. En primer lugar, la habilitación conferida al Gobierno por las disposiciones impugnadas del artículo 10 no tiene por objeto permitir la prórroga o el restablecimiento de las anteriores habilitaciones establecidas en las leyes de 23 de marzo y 17 de junio de 2020, sino únicamente autorizar la prórroga o el restablecimiento, sin perjuicio de algunas modificaciones, de las medidas adoptadas por ordenanza sobre la base de dichas habilitaciones. Todas estas medidas están suficientemente definidas mediante la remisión, en la ley sometida a consideración, a lo dispuesto en las dos leyes antes mencionadas que establecían dichas habilitaciones. Por consiguiente, mediante la remisión a dichas disposiciones, el legislador especificó suficientemente, en los párrafos 1º y 2º del apartado I del artículo 10, el ámbito de actuación de la habilitación conferida al Gobierno.

  7. En segundo lugar, la habilitación impugnada sólo autoriza al Gobierno para prorrogar o restablecer las medidas mencionadas en el apartado anterior o para modificarlas en la medida necesaria, por una parte, para esta prórroga o este restablecimiento y, por otra parte, para su adaptación a las condiciones particulares del estado de la situación sanitaria. Además, el objeto de las ordenanzas así adoptadas sólo puede ser el de remediar las consecuencias de la propagación de la epidemia de covid-19 y las decisiones adoptadas para limitar dicha propagación. Por consiguiente, la finalidad de la habilitación impugnada también está suficientemente definida.

  8. En último lugar, corresponderá al Gobierno que implemente la habilitación impugnada cumplir con las normas y los principios de valor constitucional. En su caso, será posible posteriormente someter al examen del Consejo Constitucional las ordenanzas dictadas sobre la base de dicha habilitación, una vez transcurrido el plazo de habilitación o tras su ratificación, para examinar su conformidad con las exigencias constitucionales.

  9. Resulta de todo lo anterior que las disposiciones impugnadas no desconocen el artículo 38 de la Constitución. Tampoco se adoptaron según un procedimiento contrario a las exigencias de claridad y sinceridad del debate parlamentario. El apartado I del artículo 10, que no desconoce ninguna otra exigencia constitucional, es conforme a la Constitución.

  • Sobre las demás disposiciones:
  1. El Consejo Constitucional no planteó de oficio ninguna cuestión de conformidad con la Constitución y, por lo tanto, no se pronunció sobre la constitucionalidad de disposiciones distintas de las consideradas en la presente resolución.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL HA DECIDIDO:

Artículo 1.- Que, con las reservas formuladas en el apartado 24, son conformes a la Constitución:

  • Las palabras «hasta el 1 de abril de 2021 como máximo», que aparecen en el primer párrafo del apartado I del artículo 11 de la ley n.º 2020-546, de 11 de mayo de 2020, por la que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se complementan sus disposiciones, en su redacción dada por el artículo 5 de la ley por la que se autoriza la prórroga del estado de emergencia sanitaria y se establecen diversas medidas de gestión de la crisis sanitaria.
  • Las palabras «profesionales sanitarios autorizados para realizar las pruebas de detección virológica o serológica», que aparecen en la primera frase del apartado III del artículo 11 de la ley de 11 de mayo de 2020, en su redacción dada por el mismo artículo 5.
  • Las palabras «Las entidades encargadas de la atención social de los interesados en las condiciones establecidas en el 5º del II del presente artículo también podrán recibir los datos estrictamente necesarios para el ejercicio de su misión», que aparecen en la segunda frase del apartado III del artículo 11 de la ley de 11 de mayo de 2020, en su redacción dada por el mismo artículo 5.

Artículo 2.- Que son conformes a la Constitución las siguientes disposiciones de la ley por la que se autoriza la prórroga del estado de emergencia sanitaria y se establecen diversas medidas de gestión de la crisis sanitaria:

  • Artículo 1
  • Párrafo 1º del apartado I y apartado II del artículo 2
  • Apartado I del artículo 10

Artículo 3.- Que esta sentencia se publicará en el diario oficial (Journal officiel de la République française).

Así lo pronunció el Consejo Constitucional en su sesión de 13 de noviembre de 2020, a la que asistieron: D. Laurent FABIUS, Presidente, Dña. Claire BAZY MALAURIE, D. Alain JUPPÉ, Dña. Dominique LOTTIN, Dña. Corinne LUQUIENS, D. Jacques MÉZARD, D. François PILLET y D. Michel PINAULT.

Publicada el 13 de noviembre de 2020.

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