Sentencia

Sentencia n° 2020-800 DC de 11 de Mayo de 2020

Ley por la que se prorroga el estado de emergencia

El CONSEJO CONSTITUCIONAL FUE REQUERIDO en fecha 9 de mayo de 2020, en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Francesa, acerca de la Ley por la que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se complementan sus disposiciones, bajo el n.º 2020-800 DC, por el Presidente de la República.

Asimismo fue requerido el mismo día por el presidente del Senado.

Asimismo fue requerido, el 10 de mayo de 2020, por Dña. Valérie RABAULT, D. Jean-Luc MÉLENCHON, D. André CHASSAIGNE, D. Joël AVIRAGNET, Dña. Marie-Noëlle BATTISTEL, Dña. Gisèle BIÉMOURET, D. Christophe BOUILLON, D. Jean-Louis BRICOUT, D. Luc CARVOUNAS, D. Alain DAVID, Dña. Laurence DUMONT, D. Olivier FAURE, D. Guillaume GAROT, D. David HABIB, D. Christian HUTIN, D. Régis JUANICO, Dña. Marietta KARAMANLI, D. Jérôme LAMBERT, D. Serge LETCHIMY, Dña. Josette MANIN, Dña. George PAU-LANGEVIN, Dña. Christine PIRES BEAUNE, D. Dominique POTIER, D. Joaquim PUEYO, Dña. Claudia ROUAUX, D. Hervé SAULIGNAC, Dña. Sylvie TOLMONT, Dña. Cécile UNTERMAIER, Dña. Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, D. Boris VALLAUD, Dña. Michèle VICTORY, Dña. Clémentine AUTAIN, D. Ugo BERNALICIS, D. Éric COQUEREL, D. Alexis CORBIÈRE, Dña. Caroline FIAT, D. Bastien LACHAUD, D. Michel LARIVE, Dña. Danièle OBONO, Dña. Mathilde PANOT, D. Loïc PRUD'HOMME, D. Adrien QUATENNENS, Dña. Muriel RESSIGUIER, Dña. Sabine RUBIN, D. François RUFFIN, Dña. Bénédicte TAURINE, D. Alain BRUNEEL, Dña. Marie-George BUFFET, D. Pierre DHARRÉVILLE, D. Jean-Paul DUFRÈGNE, Dña. Elsa FAUCILLON, D. Sébastien JUMEL, D. Jean-Paul LECOQ, D. Stéphane PEU, D. Fabien ROUSSEL, D. Hubert WULFRANC, D. Jean-Félix ACQUAVIVA, D. Jean-Michel CLÉMENT, D. Paul-André COLOMBANI, Dña. Frédérique DUMAS, Dña. Sandrine JOSSO, D. François-Michel LAMBERT y D. Paul MOLAC, diputados.

Asimismo fue requerido el mismo día por D. Patrick KANNER, Dña. Éliane ASSASSI, D. Maurice ANTISTE, Dña. Cathy APOURCEAU-POLY, Dña. Viviane ARTIGALAS, Dña. Esther BENBASSA, D. Claude BÉRIT-DÉBAT, D. Jacques BIGOT, D. Joël BIGOT, Dña. Maryvonne BLONDIN, D. Éric BOCQUET, D. Yannick BOTREL, D. Martial BOURQUIN, D. Michel BOUTANT, Dña. Céline BRULIN, D. Thierry CARCENAC, Dña. Laurence COHEN, D. Pierre-Yves COLLOMBAT, Dña. Hélène CONWAY-MOURET, D. Roland COURTEAU, Dña. Cécile CUKIERMAN, D. Yves DAUDIGNY, Dña. Marie-Pierre de LA GONTRIE, D. Gilbert-Luc DEVINAZ, D. Jérôme DURAIN, D. Alain DURAN, D. Vincent ÉBLÉ, Dña. Frédérique ESPAGNAC, D. Rémi FÉRAUD, Dña. Corinne FÉRET, D. Jean-Luc FICHET, Dña. Martine FILLEUL, D. Fabien GAY, D. Hervé GILLÉ, D. Guillaume GONTARD, Dña. Michelle GREAUME, Dña. Nadine GRELET-CERTENAIS, Dña. Annie GUILLEMOT, Dña. Laurence HARRIBEY, D. Jean-Michel HOULLEGATTE, D. Olivier JACQUIN, D. Patrice JOLY, D. Bernard JOMIER, Dña. Gisèle JOURDA, D. Éric KERROUCHE, D. Pierre LAURENT, D. Jean-Yves LECONTE, Dña. Claudine LEPAGE, Dña. Marie-Noëlle LIENEMANN, D. Jean-Jacques LOZACH, Dña. Monique LUBIN, D. Christian MANABLE, D. Didier MARIE, D. Rachel MAZUIR, Dña. Marie-Pierre MONIER, D. Franck MONTAUGÉ, D. Pierre OUZOULIAS, Dña. Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Dña. Christine PRUNAUD, D. Claude RAYNAL, Dña. Sylvie ROBERT, D. Pascal SAVOLDELLI, D. Jean-Pierre SUEUR, Dña. Sophie TAILLÉ-POLIAN, D. Rachid TEMAL, D. Jean-Claude TISSOT, D. Jean-Marc TODESCHINI, D. Jean-Louis TOURENNE, D. André VALLINI y Dña. Sabine VAN HEGHE, senadores.

Vistas las siguientes normas jurídicas:

  • Constitución Francesa

  • Ordenanza n.º 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 de ley orgánica del Consejo Constitucional

  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

  • Código de Defensa

  • Código Penal

  • Código de Procedimiento Penal

  • Código de Salud Pública

  • Código de Trabajo

  • Ley n.º 78-17 de 6 de enero de 1978 sobre informática, archivos y libertades

  • Ley n.º 2019-774 de 24 de julio de 2019 sobre organización y transformación del sistema de salud

  • Ley n.º 2020-290 de 23 de marzo de 2020 de emergencia para hacer frente a la epidemia de covid-19

Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 10 de mayo de 2020

Y tras oír al ponente

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL SE HA FUNDAMENTADO EN LO SIGUIENTE:

  1. El Presidente de la República, el presidente del Senado, los diputados y los senadores requirentes someten a la consideración del Consejo Constitucional la Ley por la que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se complementan sus disposiciones. El Presidente de la República requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad con la Constitución de determinadas disposiciones de los artículos 1, 3, 5 y 11 de dicha ley. El presidente del Senado requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad con la Constitución de determinadas disposiciones de los artículos 1, 3, 5 y 11, así como sobre la conformidad con la Constitución de los artículos 8 y 13 de dicha ley. Los diputados y senadores requirentes impugnan determinadas disposiciones de los artículos 3, 5 y 11 de la ley. Asimismo los senadores impugnan el procedimiento de aprobación de la ley y determinadas disposiciones de su artículo 1 y de su artículo 9.
  • Sobre el procedimiento de aprobación de la ley:
  1. Los senadores requirentes sostienen que, al establecer por razones sanitarias un límite de setenta y cinco diputados presentes simultáneamente en el hemiciclo, según una representación proporcional de los grupos, la Conferencia de Presidentes de la Asamblea Nacional impidió que algunos diputados participaran en los debates sobre la ley sometida a consideración y defendieran personalmente sus enmiendas, desconociendo así la libertad de los miembros del Parlamento en el ejercicio de su mandato y de su derecho de enmienda.

  2. Según el artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789: «La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus representantes». El primer párrafo del artículo 3 de la Constitución dispone lo siguiente: «La soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum». De acuerdo con el artículo 26 de la Constitución: «Ningún miembro del Parlamento podrá ser enjuiciado, investigado, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones». El artículo 27 de la Constitución dispone lo siguiente: «Será nulo todo mandato imperativo». Estas disposiciones imponen el respeto a la libertad de los miembros del Parlamento en el ejercicio de su mandato.

  3. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 44 de la Constitución: «Los miembros del Parlamento y el Gobierno tienen derecho de enmienda. Este derecho se ejercerá en sesión o comisión según las condiciones fijadas por los reglamentos de las Cámaras, en el marco determinado por una ley orgánica».

  4. El 21 de abril de 2020, la Conferencia de Presidentes de la Asamblea Nacional decidió que, a contar del 28 de abril de 2020, debido a la situación sanitaria, el hemiciclo que reúne a los diputados sólo podría dar cabida, incluidos los presidentes de grupo o sus representantes, a setenta y cinco diputados, según una distribución proporcional de los grupos políticos. El 5 de mayo de 2020, reiteró esta norma para la ordenación de los debates en sesiones públicas sobre el texto original de la ley sometida a consideración.

  5. En todo caso, aunque los senadores requirentes alegan que algunos diputados se vieron impedidos, como resultado, de participar en las votaciones o de presentar sus enmiendas, no lo demuestran. Además, los trabajos parlamentarios no hacen constar que se haya rechazado a diputados que se hubieran presentado para participar en los debates, defender sus enmiendas o tomar parte en las votaciones. Por consiguiente, las alegaciones sólo pueden descartarse.

  • Sobre determinadas disposiciones del artículo 1:
  1. El apartado II del artículo 1 de la loi sometida a consideración introduce en el Código de Salud Pública un artículo L. 3136-2 relativo a las condiciones de exigencia de responsabilidad penal en caso de catástrofe sanitaria.

  2. El Presidente de la República y el presidente del Senado requieren al Consejo Constitucional para que examine la conformidad de estas disposiciones con el principio constitucional de igualdad ante la ley penal. Según los senadores requirentes, estas disposiciones desconocerían dicho principio ya que tendrían el efecto de eximir de responsabilidad penal a determinadas personas «con poder decisorio». Asimismo consideran que estas disposiciones adolecerían de incompetencia negativa en la medida en que serían imprecisas en cuanto a los hechos a los que pueden aplicarse y en cuanto a la naturaleza de los medios a disposición del autor de los hechos que deben tenerse en cuenta para apreciar su responsabilidad.

  3. De acuerdo con el artículo 6 de la Declaración de 1789, la ley «debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para castigar». El principio de igualdad ante la ley penal no se opone a que el legislador establezca una diferenciación entre conductas de distinta naturaleza.

  4. El legislador tiene la obligación, impuesta por el artículo 34 de la Constitución, de fijar él mismo el ámbito de aplicación de la ley penal.

  5. De acuerdo con los párrafos tercero y cuarto del artículo 121-3 del Código Penal, el delito no intencional existe «cuando la Ley así lo prevea, en caso de culpa por imprudencia, negligencia o incumplimiento de una obligación de prudencia o de seguridad establecida por la ley o por el reglamento, si se demuestra que el autor de los hechos no ha actuado con la debida diligencia, teniendo en cuenta, llegado el caso, la naturaleza de sus misiones o de sus funciones, sus competencias, así como el poder y los medios de que disponía. - En el caso previsto en el párrafo anterior, las personas físicas que no hayan causado directamente el daño, pero que hayan creado o contribuido a crear la situación que haya permitido su realización o que no hayan adoptado las medidas que hubieran permitido evitarlo, serán penalmente responsables si se demuestra que violaron de forma manifiestamente deliberada una obligación especial de prudencia o de seguridad establecida por la ley o por el reglamento, o que incurrieron en culpa cualificada que exponía a los demás a un riesgo de especial gravedad que no podían ignorar».

  6. En aplicación del artículo L. 3136-2 del Código de Salud Pública, el artículo 121-3 del Código Penal será aplicable «teniendo en cuenta las competencias, el poder y los medios de los que disponía el autor de los hechos en la situación de crisis que justificó el estado de emergencia sanitaria, así como la naturaleza de sus misiones o de sus funciones, en particular como autoridad local o empleador».

  7. Por consiguiente, las disposiciones impugnadas no difieren de las de derecho común y se aplican de la misma manera a toda persona que haya cometido un hecho que pueda constituir una culpa penal no intencional en la situación de crisis que justificó el estado de emergencia sanitaria. Por lo tanto, no desconocen el principio de igualdad ante la ley penal. Tampoco adolecen de incompetencia negativa. En la medida en que no violan ninguna otra exigencia constitucional, son por tanto conformes a la Constitución.

  • Sobre las disposiciones del artículo 3 relativas a los transportes, los establecimientos abiertos al público, los lugares de reunión y las requisas:
  1. Los 2º a 4º del artículo 3 modifican los 1º, 5º y 7º del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, que permiten al primer ministro, en las circunscripciones territoriales en las se haya declarado el estado de emergencia sanitaria, adoptar determinadas medidas de regulación de los transportes, de los establecimientos abiertos al público y de los lugares de reunión, y ordenar requisas.

  2. El presidente del Senado requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad de estas disposiciones con la libertad personal. Los senadores requirentes alegan que estas disposiciones permitirían a los poderes públicos requisar personas, aunque éstas no sean necesarias para el uso de los bienes o el funcionamiento de los servicios requisados. De ello resultaría una violación de la libertad personal, de la libertad ambulatoria, del derecho al respeto de la vida privada y de la libertad de empresa.

  3. De acuerdo con el undécimo párrafo del Preámbulo de la Constitución de 1946, la Nación «garantiza a todos … la protección de su salud». De ello se desprende un objetivo de valor constitucional de protección de la salud.

  4. La Constitución no excluye la posibilidad para el legislador de prever un régimen de estado de emergencia sanitaria. En este marco le corresponde asegurar la conciliación entre el objetivo de valor constitucional de protección de la salud y el cumplimiento de los derechos y libertades reconocidos a todos los que residen en el territorio de la República. En estos derechos y libertades figuran la libertad ambulatoria, componente de la libertad personal, protegida por los artículos 2 y 4 de la Declaración de 1789, el derecho al respeto de la vida privada garantizado por el mismo artículo 2, la libertad de empresa que se deriva del mismo artículo 4, así como el derecho de expresión colectiva de las ideas y opiniones resultante del artículo 11 de dicha declaración.

  5. El 1º del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública permite al primer ministro regular o prohibir la circulación de personas y de vehículos, así como regular el acceso a los medios de transporte y las condiciones de su uso. Estas disposiciones afectan a la libertad ambulatoria.

  6. El 5º del mismo apartado autoriza al primer ministro a ordenar el cierre temporal y a regular la apertura de los establecimientos abiertos al público y de los lugares de reunión. Estas disposiciones afectan a la libertad de empresa y, en la medida en que restringen la libertad de reunión, al derecho de expresión colectiva de las ideas y opiniones.

  7. El 7º del mismo apartado permite al primer ministro ordenar la requisa de cualquier persona y de todos los bienes y servicios necesarios para luchar contra la catástrofe sanitaria.

  8. En primer lugar, las medidas mencionadas anteriormente sólo podrán pronunciarse cuando se haya declarado el estado de emergencia sanitaria. Éste sólo podrá declararse, de acuerdo con el artículo L. 3131-12 del Código de Salud Pública, «en caso de catástrofe sanitaria que, por su naturaleza y gravedad, ponga en peligro la salud de la población». Además, de acuerdo con el artículo L. 3131-14 del mismo código, estas medidas dejarán de surtir efecto a más tardar al mismo tiempo que termine el estado de emergencia sanitaria. Éste se declarará por decreto en consejo de ministros y deberá ser prorrogado, vencido un plazo de un mes, por una ley que fije su duración, previo dictamen del comité de científicos previsto en el artículo L. 3131-19. Por último, de acuerdo con el primer párrafo del apartado I del artículo L. 3131-15, las medidas impugnadas sólo podrán adoptarse con el fin de garantizar la salud pública. Según el apartado III del mismo artículo, deberán ser estrictamente proporcionales a los riesgos sanitarios incurridos y adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar. Se les pondrá fin sin demora cuando ya no sean necesarias. El juez será el encargado de garantizar que estas medidas sean adecuadas, necesarias y proporcionales a su finalidad.

  9. En segundo lugar, por una parte, en aplicación del 5º del apartado I del artículo L. 3131-15, las medidas relativas a los establecimientos abiertos al público y a los lugares de reunión, los cuales no incluyen las viviendas, deberán conciliarse con la preservación del acceso de las personas a los bienes y servicios de primera necesidad. Por otra parte, las requisas de personas, bienes y servicios permitidas por el 7º del mismo apartado I deberán ser «necesarias para luchar contra la catástrofe sanitaria». Además, estas requisas deberán dar lugar a indemnización en las condiciones establecidas en el Código de Defensa.

  10. Resulta de lo anterior que, al adoptar las disposiciones impugnadas, el legislador procedió a una conciliación equilibrada entre las exigencias constituciones antes mencionadas.

  11. Por consiguiente, los 1º, 5º y 7º del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, son conformes a la Constitución.

  • Sobre las disposiciones de los artículos 3 y 5 relativas a las medidas de cuarentena y de aislamiento:
  1. El 5º del artículo 3 y el artículo 5 modifican los artículos L. 3131-15 y L. 3131-17 del Código de Salud Pública con el fin de especificar el ámbito de aplicación y el régimen de las medidas de cuarentena y de aislamiento que puedan ordenarse en caso de estado de emergencia sanitaria.

  2. El Presidente de la República requiere al Consejo Constitucional para que examine la conformidad con la Constitución de las dos primeras disposiciones.

  3. El presidente del Senado requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad de estas disposiciones con la libertad ambulatoria, el derecho a llevar una vida familiar normal, el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo, así como el artículo 66 de la Constitución.

  4. Los diputados requirentes sostienen que las medidas de cuarentena y de aislamiento desconocen la libertad ambulatoria y la libertad individual. En particular, hacen valer que la medida de cuarentena no se beneficia de las mismas garantías que la medida de aislamiento, puesto que no está supeditada a la presentación de un certificado médico que confirme su necesidad. Asimismo denuncian la insuficiente efectividad del derecho al recurso ante el juez de las libertades y de la detención, puesto que no se prevé la remisión automática al juez en las cuarenta y ocho horas después de ordenarse una medida de cuarentena o de aislamiento. Además denuncian la imprecisión de los términos «lugares de alojamiento adecuado».

  5. Los senadores requirentes se suman a los diputados requirentes en su crítica con base al artículo 66 de la Constitución y denuncian la ausencia de información sistemática al juez de las libertades y de la detención cuando se ordenen medidas de cuarentena o de aislamiento, así como la demora en la intervención de éste.

. En relación con las alegaciones basadas en el desconocimiento del artículo 66 de la Constitución y del derecho a un recurso jurisdiccional efectivo:

  1. De acuerdo con el artículo 66 de la Constitución: «Nadie podrá ser detenido arbitrariamente. - La autoridad judicial, garante de la libertad individual, asegurará el respeto de este principio en la forma prevista por la ley». La libertad individual, cuya protección está a cargo de la autoridad judicial, no puede ser obstaculizada por un rigor innecesario. Las restricciones del ejercicio de esta libertad deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales a los objetivos perseguidos.

  2. De acuerdo con el artículo 16 de la Declaración de 1789: «Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución». Esta disposición garantiza el derecho de las personas interesadas a ejercer un recurso jurisdiccional efectivo.

  • En lo que se refiere a la naturaleza de las medidas de cuarentena y de aislamiento:
  1. En aplicación del 3º y del 4º del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, el primer ministro, el ministro encargado de la salud y, una vez recibida su habilitación, el prefecto, podrán ordenar, con el único fin de garantizar la salud pública, la medida de cuarentena a las personas que puedan verse afectadas por la enfermedad que originó la catástrofe sanitaria justificante de la declaración del estado de emergencia sanitaria, así como la medida de aislamiento a las personas afectadas, por una duración inicial que no podrá exceder de catorce días, renovable por un período máximo de un mes. En este marco, el sexto párrafo del apartado II del artículo L. 3131-15 establece que se podrá exigir a la persona objeto de la medida que no salga de su domicilio o del lugar de alojamiento en que realice la cuarentena o el aislamiento, a excepción de los desplazamientos específicamente autorizados por la autoridad administrativa. Esta medida también podrá consistir en un aislamiento total, el cual supondrá la prohibición de «cualquier salida».

  2. En caso de prohibición de cualquier salida, las medidas de cuarentena y de aislamiento constituyen una privación de libertad. Lo mismo pasa cuando se exige al interesado que se quede en su domicilio o en su lugar de alojamiento durante una franja horaria de más de doce horas al día.

  • En lo que se refiere a la proporcionalidad de la restricción de la libertad individual:
  1. En primer lugar, el objeto de las medidas de cuarentena y de aislamiento, tal como se define en el artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional de 2005 al que se refieren las disposiciones impugnadas, es garantizar la separación de los interesados del resto de la población sometiéndolos a un aislamiento, total si es necesario, con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad que originó la catástrofe sanitaria. Al adoptar estas disposiciones, el legislador persiguió el objetivo de valor constitucional de protección de la salud.

  2. En segundo lugar, las medidas de cuarentena y de aislamiento sólo podrán ordenarse y aplicarse durante el estado de emergencia sanitaria, según las condiciones establecidas en el apartado 21.

  3. En tercer lugar, estas medidas sólo podrán referirse a las personas que hayan residido durante el mes anterior en una zona de circulación de la infección y que entren en el territorio nacional o que, ya presentes en el territorio nacional, lleguen a Córcega o a una de las entidades mencionadas en el artículo 72-3 de la Constitución.

  4. En cuarto lugar, las medidas de cuarentena y de aislamiento se ordenarán mediante resolución individual y razonada del prefecto a propuesta del director general de la agencia regional de salud. En esta resolución se mencionarán las vías y los plazos de recurso, así como las modalidades de remisión al juez de las libertades y de la detención. En caso de aislamiento, la resolución, que estará supeditada a la comprobación médica de la infección de la persona, sólo podrá dictarse en base a un certificado médico. Estas medidas sólo podrán prorrogarse más allá de los catorce días previo dictamen médico que demuestre la necesidad de esta prórroga.

  5. En quinto lugar, la persona podrá optar por realizar la cuarentena o el aislamiento en su domicilio o en un lugar de alojamiento adecuado.

  6. En último lugar, se pondrá fin a las medidas de cuarentena y de aislamiento antes de su término cuando el estado de salud del interesado lo permita.

  7. Resulta de todo lo anterior que el legislador fijó condiciones capaces de garantizar que estas medidas se apliquen sólo en los casos en que sean adecuadas, necesarias y proporcionales al estado de las personas afectadas o que puedan verse afectadas por la enfermedad que originó la catástrofe sanitaria.

  • En lo que se refiere al control de las medidas de cuarentena y de aislamiento:
  1. La libertad individual sólo podrá considerarse como salvaguardada cuando el juez intervenga lo antes posible.

  2. En primer lugar, las medidas de cuarentena y de aislamiento podrán ser recurridas en cualquier momento por el interesado o por el fiscal ante el juez de las libertades y de la detención con el fin de levantarlas. El juez de las libertades y de la detención, que también podrá actuar de oficio en cualquier momento, resolverá dentro de las setenta y dos horas mediante auto de ejecución inmediata.

  3. En segundo lugar, las disposiciones del quinto párrafo del apartado II del artículo L. 3131-17 establecen que las medidas de cuarentena o de aislamiento que prohíban cualquier salida del lugar donde el interesado realice la cuarentena o el aislamiento no podrán prorrogarse más allá de los catorce días sin que el juez de las libertades y de la detención, previamente requerido por el prefecto, haya autorizado esta prórroga. Sin embargo, ninguna intervención sistemática de un juez judicial está prevista en las demás hipótesis. Por consiguiente, estas disposiciones no pueden permitir, sin desconocer las exigencias del artículo 66 de la Constitución, la prórroga de las medidas de cuarentena o de aislamiento que obligan al interesado a permanecer en su domicilio o en su lugar de alojamiento durante una franja horaria de más de doce horas al día, sin la autorización del juez judicial.

  4. Resulta de todo lo anterior que los párrafos primero y tercero a sexto del apartado II del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública y, con la reserva formulada en el apartado anterior, el apartado II del artículo L. 3131-17 del mismo código, no desconocen las exigencias del artículo 66 de la Constitución. Estas disposiciones tampoco desconocen el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo.

. En relación con la alegación basada en el desconocimiento de la libertad ambulatoria:

  1. En el marco de las medidas de cuarentena y de aislamiento, además de la prohibición de salir, la autoridad administrativa puede ordenar la prohibición de acudir a determinados lugares o categorías de lugares.

  2. Sin embargo, dadas las finalidades perseguidas y las garantías que rodean estas disposiciones, tales como se mencionan en los apartados 34 a 39, no desconocen la libertad ambulatoria.

  3. Resulta de todo lo anterior que los párrafos primero y tercero a séptimo del apartado II del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, así como el apartado II del artículo L. 3131-17 del mismo código, que tampoco desconocen el derecho a llevar una vida familiar normal ni ninguna otra exigencia constitucional son, con la reserva formulada en el apartado 43 en lo que respecta al apartado II del artículo L. 3131-17, conformes a la Constitución.

  • Sobre determinadas disposiciones del artículo 8:
  1. El artículo 8 modifica los artículos L. 3115-10 et L. 3131-1 del Código de Salud Pública con el fin de ampliar el régimen de control aplicable a las medidas de cuarentena y de aislamiento, ordenadas en caso de estado de emergencia sanitaria, a las mismas medidas cuando se adopten en el marco de la lucha contra la propagación internacional de las enfermedades o en caso de amenaza sanitaria grave.

  2. Por los mismos motivos que los expuestos en los apartados 42 y 43, y con la reserva formulada en el apartado 43, estas disposiciones no desconocen las exigencias constitucionales antes mencionadas.

  3. Resulta de lo anterior que, con la reserva formulada en el apartado 43, las palabras «En las condiciones establecidas en el II del artículo L. 3131-17», que aparecen en la primera frase del artículo L. 3115-10 del Código de Salud Pública, así como la referencia «L. 3131-17», que aparece en el tercer párrafo del artículo L. 3131-1 del mismo código, son conformes a la Constitución.

  • Sobre determinadas disposiciones del artículo 9:
  1. El 1º y el segundo párrafo del 2º del artículo 9 añaden un quinto párrafo y un séptimo párrafo al artículo L. 3136-1 del Código de Salud Pública con el fin de permitir a agentes de la policía judicial adjuntos y agentes jurados de los servicios de transporte constatar determinadas infracciones contra las prohibiciones y obligaciones vigentes durante el estado de emergencia sanitaria.

  2. Según los senadores requirentes, estas disposiciones contravendrían el principio de subordinación de la policía judicial a la dirección y al control de la autoridad judicial. Asimismo las disposiciones relativas a los agentes de servicios de transporte serían contrarias al principio de legalidad de los delitos y las penas, en la medida en que no establecen claramente qué infracciones dichos agentes pueden constatar.

  3. En primer lugar, resulta del artículo 66 de la Constitución que la policía judicial debe estar subordinada a la dirección y al control de la autoridad judicial.

  4. Por una parte, según el quinto párrafo del artículo L. 3136-1 del Código de Salud Pública, la infracción contra las prohibiciones u obligaciones distintas de las requisas, establecidas en aplicación de los artículos L. 3131-1 y L. 3131-15 a L. 3131-17 del mismo código, puede ser constatada mediante acta por los agentes de policía judicial adjuntos mencionados en los 1º, 1º bis y 1º ter del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal. Por consiguiente, dichas disposiciones se refieren a los funcionarios de los servicios activos de la policía nacional que no tienen la condición de agentes u oficiales de policía judicial, a determinados militares voluntarios y reservistas operativos de la gendarmería nacional, a determinados miembros de la reserva civil de la policía nacional y a los adjuntos de seguridad. La prerrogativa así concedida a estos agentes se limita a la constatación de las infracciones que no los obligan a realizar investigaciones.

  5. Por otra parte, la primera frase del séptimo apartado del artículo L. 3136-1 del Código de Salud Pública se limita a permitir que los agentes jurados de los operadores de servicios de transporte o sus subcontratistas y los agentes de los servicios internos de seguridad de la sociedad nacional SNCF y de la empresa de transportes parisinos Régie autonome des transports parisiens constaten las infracciones contra las prohibiciones u obligaciones establecidas en aplicación del 1º del apartado I del artículo L. 3131-15 del mismo código en materia de uso de los servicios de transporte ferroviario o guiado y de transporte público de personas por carretera. Esta competencia se limita a los casos en que dichas infracciones sean cometidas en los vehículos o en el dominio inmobiliario de estos servicios de transporte.

  6. Por consiguiente, habida cuenta de las prerrogativas concedidas a estas dos categorías de agentes, las disposiciones impugnadas no violan las exigencias resultantes del artículo 66 de la Constitución.

  7. En segundo lugar, las disposiciones impugnadas no establecen por sí mismas ningún delito ni pena, por lo que la alegación basada en el desconocimiento del principio de legalidad de los delitos y las penas sólo puede descartarse.

  8. En base a lo anterior, el quinto párrafo y la primera frase del séptimo párrafo del artículo L. 3136-1 del Código de Salud Pública, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, son conformes a la Constitución.

  • Sobre determinadas disposiciones del artículo 11:
  1. El artículo 11 organiza las condiciones en las que los datos médicos de las personas afectadas por la covid-19 y las personas que hayan estado en contacto con ellas podrán intercambiarse entre determinados profesionales encargados de controlar las cadenas de contagio.

. En relación con los apartados I a III y V:

  1. Según los diputados requirentes, determinadas disposiciones de este artículo desconocerían el derecho al respeto de la vida privada y adolecerían de incompetencia negativa. Critican, en particular, la amplitud y la sensibilidad de los datos recopilados, la ausencia de medida de anonimización, el número excesivo de personas que tendrán acceso a estos datos y la remisión a un decreto que establezca las normas de habilitación para el acceso a los datos o de interconexión de los archivos. Consideran que las garantías que rodean este mecanismo son insuficientes, en particular porque no prevén el consentimiento de las personas cuyos datos se recopilen e intercambien ni el ejercicio normal de los derechos de acceso, información y rectificación de estos datos. Asimismo alegan que estas disposiciones no establecerían ningún mecanismo que permita poner fin, de forma anticipada, a la utilización de los datos. Los senadores requirentes también denuncian el desconocimiento del derecho al respeto de la vida privada que resultaría de la amplitud de la recopilación de datos permitida por el artículo 11. Asimismo consideran que estas disposiciones, que constituirían una excepción a la exigencia del consentimiento para el tratamiento de datos, manteniendo al mismo tiempo el derecho de oposición de los interesados, no serían ininteligibles.

  2. Se desprende del derecho al respeto de la vida privada que la recopilación, el registro, la conservación, la consulta y la comunicación de datos de carácter personal deben justificarse por un motivo de interés general y llevarse a cabo de forma adecuada y proporcional a dicho objetivo. Cuando se trate de datos de carácter personal de naturaleza médica, se deberá observar una vigilancia especial en la realización de estas operaciones y la determinación de sus modalidades.

  3. El artículo 11 establece que, como excepción a la exigencia prevista en el artículo L. 1110-4 del Código de Salud Pública, los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas afectadas por la covid-19 y de las personas en contacto con ellas podrán ser objeto de tratamiento e intercambio, sin el consentimiento de los interesados, en un sistema de información ad hoc, así como en el marco de una adaptación de los sistemas de información relativos a los datos de salud ya existentes. Por consiguiente, la recopilación, el tratamiento y el intercambio de información se refieren no sólo a los datos médicos personales de los interesados, sino también a determinados elementos de identificación y a los contactos mantenidos con otras personas. Por lo tanto, las disposiciones impugnadas vulneran el derecho al respeto de la vida privada.

  4. Sin embargo, en primer lugar, al adoptar las disposiciones impugnadas, el legislador quiso reforzar los medios de lucha contra la epidemia de covid-19 mediante la identificación de las cadenas de contagio, por lo que persiguió el objetivo de valor constitucional de protección de la salud.

  5. Además, la recopilación, el tratamiento y el intercambio de los datos personales antes mencionados sólo podrán implementarse en la medida estrictamente necesaria para una de las cuatro siguientes finalidades: la identificación de las personas infectadas por la covid-19, mediante la prescripción, la realización y la recopilación de los resultados de los exámenes médicos pertinentes, así como la transmisión de las pruebas de diagnóstico clínico; la identificación de las personas que, al haber estado en contacto con éstas, presenten un riesgo de infección; la orientación de unas y otras hacia prescripciones médicas de aislamiento profilácticas, así como su acompañamiento durante y después de la finalización de estas medidas de aislamiento; la vigilancia epidemiológica nacional y local, así como la investigación sobre el virus y los medios de lucha contra su propagación.

  6. Por último, el mecanismo propuesto excluye expresamente el desarrollo o el despliegue de una aplicación informática para el público y disponible en equipos móviles que permita informar a las personas de que han estado cerca de una persona que ha dado positivo por covid-19.

  7. En segundo lugar, por una parte, el legislador restringió el alcance de los datos de salud de carácter personal que pueden ser objeto de la recopilación, del tratamiento y del intercambio en cuestión a los datos relativos al estatuto virológico o serológico de las personas con respecto a la covid-19 o a las pruebas de diagnóstico clínico y de imagen médica especificadas por decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado, tras el informe del Alto Consejo de Salud Pública. Por otra parte, en el marco de las tres primeras finalidades antes mencionadas, los otros datos de carácter personal en cuestión son los que permiten la identificación de los interesados y los que indican los contactos mantenidos por la persona infectada en el momento en que pudo infectarse y durante el período en que podía contagiar a otras personas. Así pues, el legislador limitó el alcance de los datos de carácter personal objeto del mecanismo impugnado a los datos estrictamente necesarios para la persecución de las tres primeras finalidades antes mencionadas.

  8. En cuanto a la última finalidad, relativa a la vigilancia epidemiológica y a la investigación contra el virus, se prevé que se supriman los nombres y apellidos de los interesados, su número de inscripción en el registro nacional de identificación de las personas físicas y su dirección. Salvo que se desconozca el derecho al respeto de la vida privada, esta exigencia de supresión también deberá extenderse a los datos de contacto telefónico o electrónico de los interesados.

  9. En tercer lugar, podrán tener acceso a los datos registrados en el sistema de información el ministro de Sanidad, la Agencia nacional de salud pública, un organismo de seguro de enfermedad, las agencias regionales de salud, el servicio de salud de las fuerzas armadas, las comunidades profesionales territoriales de salud, los establecimientos sanitarios, sociales y médico-sociales, los equipos de atención primaria referidos en el artículo L. 1411-11-1 del Código de Salud Pública, las casas de salud, los centros de salud, los servicios de salud en el trabajo mencionados en el artículo L. 4622-1 del Código de Trabajo y los médicos que atiendan a los interesados, los farmacéuticos, los mecanismos de apoyo a la coordinación de los itinerarios sanitarios complejos establecidos en el artículo L. 6327-1 del Código de Salud Pública, los mecanismos regionales específicos establecidos en el artículo L. 6327-6 del mismo código, los mecanismos de apoyo existentes destinados a integrarlos, referidos en el apartado II del artículo 23 de la ley de 24 de julio de 2019 antes mencionada, así como los laboratorios y servicios autorizados para realizar las pruebas de biología o de imagen médica pertinentes a los interesados.

  10. Si bien el alcance de las personas que pueden tener acceso a estos datos de carácter personal sin el consentimiento del interesado es particularmente amplio, esta amplitud se debe a la cantidad de medidas a adoptar para organizar la recopilación de la información necesaria para combatir el desarrollo de la epidemia.

  11. En cambio, también están incluidas, a efectos del intercambio de datos, las entidades encargadas de la atención social de los interesados. Ahora bien, en lo que respecta a la atención social, que no está pues directamente relacionada con la lucha contra la epidemia, nada justifica que la comunicación de los datos de carácter personal tratados en el sistema de información no esté sujeta al consentimiento de los interesados. Por consiguiente, la segunda frase del apartado III del artículo 11, que desconoce el derecho al respeto de la vida privada, es contraria a la Constitución.

  12. Además, de acuerdo con el apartado III del artículo 11, cada entidad participará en el sistema de información establecido únicamente para la parte de sus misiones que pueda responder a una u otra de las finalidades de este sistema de información y sólo tendrá acceso a los datos necesarios para su actuación. Asimismo resulta del apartado V del mismo artículo que un decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado especificará los servicios y las personas, dentro de dichas entidades, cuya actuación sea necesaria en este marco, las categorías de datos a los que tengan acceso, la duración de su acceso y las normas de conservación de estos datos.

  13. Por otra parte, de acuerdo con el sexto párrafo del apartado II del artículo 11, los agentes de estas entidades no estarán autorizados para comunicar los datos de identificación de una persona infectada, sin su consentimiento expreso, a las personas que hayan estado en contacto con ella. Además, y de manera más general, estos agentes estarán sujetos a las exigencias del secreto profesional y, por lo tanto, no podrán divulgar a terceros, so pena de incurrir en el delito establecido en el artículo 226-13 del Código Penal, la información de la que tengan conocimiento por medio del mecanismo establecido.

  14. Por último, corresponderá a la potestad reglamentaria definir modalidades de recopilación, tratamiento e intercambio de la información que garanticen su estricta confidencialidad y, en particular, la habilitación específica de los agentes encargados, dentro de cada entidad, de participar en la implementación del sistema de información, así como la trazabilidad de los accesos a dicho sistema de información.

  15. En cuarto lugar, el apartado V del artículo 11 autoriza a las entidades antes mencionadas a recurrir, para el ejercicio de su misión en el marco del mecanismo sometido a consideración, a entidades subcontratistas especificadas mediante decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado. Sin embargo, por una parte, estos subcontratistas actúan por su cuenta y bajo su responsabilidad. Por otra parte, para cumplir con el derecho al respeto de la vida privada, dicho recurso a subcontratistas deberá realizarse de conformidad con las exigencias de necesidad y confidencialidad mencionadas en los apartados 71 a 73.

  16. En quinto lugar, según las disposiciones impugnadas del artículo 11, la recopilación, el tratamiento y el intercambio de los datos de salud no necesitan la obtención del consentimiento de los interesados, pero estas mismas operaciones sí deben cumplir con las disposiciones del reglamento de 27 de abril de 2016 antes mencionado y de la ley de 6 de enero de 1978 antes mencionada, relativas a los principios que rigen los tratamientos de datos de carácter personal y a los derechos reconocidos a las personas cuyos datos se recopilan y, en particular, sus derechos de acceso, información y rectificación.

  17. En sexto lugar, por una parte, el mecanismo establecido en el artículo 11 no podrá aplicarse más allá del tiempo estrictamente necesario para la lucha contra la propagación de la epidemia de covid-19 o, a más tardar, más allá de los seis meses siguientes al fin del estado de emergencia sanitaria declarado por la ley de 23 de marzo de 2020 antes mencionada. Por otra parte, los datos de carácter personal recopilados, sean o no médicos, deberán suprimirse en los tres meses siguientes a su recopilación.

  18. En último lugar, el apartado V del artículo 11 establece que el decreto de aplicación de la ley se dictará previo dictamen público conforme de la Comisión nacional de informática y libertades. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, el primer ministro ejerce la potestad reglamentaria a nivel nacional. Estas disposiciones no autorizan al legislador a supeditar el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del primer ministro al dictamen conforme de otra autoridad del Estado. Por consiguiente, la palabra «conforme», que aparece en la primera frase del apartado V del artículo 11 es contraria a la Constitución.

  19. Resulta de todo lo anterior que, con las reservas formuladas en los apartados 67, 73 y 74, los apartados I y II, así como el resto de los apartados III y V del artículo 11 no desconocen el derecho al respeto de la vida privada. Con las mismas reservas ya formuladas, estas disposiciones, que tampoco adolecen de incompetencia negativa, ni son ininteligibles, ni desconocen otras exigencias constitucionales, son conformes a la Constitución.

. En relación con el apartado IX:

  1. El apartado IX del artículo 11 establece las condiciones de información de las Cámaras parlamentarias sobre las medidas adoptadas en aplicación de este artículo.

  2. La separación de los poderes resulta del artículo 16 de la Declaración de 1789. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución: «El Gobierno determinará y dirigirá la política de la Nación». De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, el primer ministro garantizará la ejecución de las leyes. El principio de separación de los poderes se aplica con respecto al Gobierno.

  3. El segundo párrafo del apartado IX del artículo 11 obliga a las autoridades mencionadas en dicho artículo, es decir, el ministro encargado de la salud, la Agencia nacional de salud pública, un organismo de seguro de enfermedad y las agencias regionales de salud, a transmitir «sin demora» a la Asamblea Nacional y al Senado «copias de todas las disposiciones» que dicten en aplicación de dicho artículo. Añade que las Cámaras parlamentarias podrán «requerir cualquier información complementaria» en el marco del control y de la evaluación de las medidas implementadas.

  4. El legislador puede establecer disposiciones que garanticen la información del Parlamento a fin de que éste pueda, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, controlar la acción del Gobierno y evaluar las políticas públicas. Sin embargo, al prever la transmisión inmediata a la Asamblea Nacional y al Senado de una copia de cada disposición dictada en aplicación del artículo 11 de la ley sometida a consideración, el legislador, habida cuenta del número de las disposiciones y de la naturaleza de los datos en cuestión, desconoció el principio de separación de poderes, así como los artículos 20 y 21 de la Constitución. Por consiguiente, el segundo párrafo del apartado IX del artículo 11 es contrario a la Constitución.

  • Sobre el artículo 13:
  1. El artículo 13 establece que las disposiciones del 5º del artículo 3 y del 3º del artículo 5 de la ley sometida a consideración, por las que se modifica el régimen de las medidas de cuarentena y de aislamiento que se pueden ordenar en caso de declaración del estado de emergencia sanitaria, entrarán en vigor a partir de la publicación del decreto mencionado en el 3º, y a más tardar el 1 de junio de 2020.

  2. El presidente del Senado requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad de estas disposiciones con el artículo 66 de la Constitución, así como con la libertad ambulatoria, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo.

  3. El artículo 13 tiene el efecto, a partir de la entrada en vigor de la ley sometida a consideración, de dejar subsistir, a más tardar hasta el 1 de junio de 2020, el régimen jurídico actualmente vigente de las medidas de cuarentena y de aislamiento en caso de estado de emergencia sanitaria.

  4. Ahora bien, aunque el último párrafo del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, en su redacción actualmente vigente, establece que estas medidas deben ser estrictamente proporcionales a los riesgos sanitarios incurridos y adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar, y que se les pondrá fin sin demora cuando ya no sean necesarias, el legislador no estableció ninguna otra garantía para su aplicación, en particular en lo que respecta a las obligaciones que puedan imponerse a las personas sometidas a estas medidas, su duración máxima y el control de dichas medidas por el juez judicial en la hipótesis de que sean privativas de libertad.

  5. Por consiguiente, el artículo 13 desconoce la libertad individual. Sin que sea necesario pronunciarse sobre la conformidad con los demás derechos y libertades invocados, es por tanto contrario a la Constitución.

  • Sobre las demás disposiciones:
  1. El Consejo Constitucional no planteó de oficio ninguna cuestión de conformidad con la Constitución y, por lo tanto, no se pronunció sobre la constitucionalidad de disposiciones distintas de las consideradas en la presente resolución.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL HA DECIDIDO:

Artículo 1.- Que son contrarias a la Constitución las siguientes disposiciones de la ley por la que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se complementan sus disposiciones:

  • La segunda frase del apartado III del artículo 11
  • La palabra «conforme», que aparece en la primera frase del apartado V del artículo 11
  • El segundo párrafo del apartado IX del artículo 11
  • El artículo 13

Artículo 2.- Que, con las reservas abajo formuladas, son conformes a la Constitución las siguientes disposiciones:

  • Con la reserva formulada en el apartado 43, el apartado II del artículo L. 3131-17 del Código de Salud Pública, en su redacción dada por el artículo 5 de la ley sometida a consideración
  • Con la misma reserva formulada en el apartado 43, las palabras «En las condiciones establecidas en el II del artículo L. 3131-17», que aparecen en la primera frase del artículo L. 3115-10 del Código de Salud Pública, así como la referencia «L. 3131-17», que aparece en el tercer párrafo del artículo L. 3131-1 del mismo código, en su redacción dada por el artículo 8 de la misma ley
  • Con las reservas formuladas en los apartados 67, 73 y 74, los apartados I y II, así como el resto de los apartados III y V del artículo 11 de la misma ley

Artículo 3.- Que son conformes a la Constitución las siguientes disposiciones:

  • El artículo L. 3136-2 del Código de Salud Pública, en su redacción dada por el artículo 1 de la ley sometida a consideración
  • Los 1º, 5º y 7º del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, en su redacción dada por el artículo 3 de la misma ley
  • Los párrafos primero y tercero a séptimo del apartado II del mismo artículo L. 3131-15 en su misma redacción
  • El quinto párrafo y la primera frase del séptimo párrafo del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, en su redacción dada por el artículo 9 de la misma ley

Artículo 4.- Que esta sentencia se publicará en el diario oficial (Journal officiel de la République française).

Así lo pronunció el Consejo Constitucional en su sesión de 11 de mayo de 2020, a la que asistieron: D. Laurent FABIUS, Presidente, Dña. Claire BAZY MALAURIE, D. Alain JUPPÉ, Dña. Dominique LOTTIN, Dña. Corinne LUQUIENS, Dña. Nicole MAESTRACCI, D. Jacques MÉZARD, D. François PILLET y D. Michel PINAULT.
Publicada el 11 de mayo de 2020.

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