Sentencia n° 2014-694 DC de 28 de Mayo de 2014

El Consejo Constitucional ha sido requerido, en las condiciones previstas en el artículo 61, segundo párrafo, de la Constitución, sobre la ley relativa a la prohibición del cultivo de variedades de maíz genéticamente modificado, el 6 de mayo de 2014 por los señores Jean-Claude GAUDIN, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Joël BILLARD, Jean BIZET, doña Françoise BOOG, los señores Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, doña Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, los señores François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, doña Caroline CAYEUX, los señores Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, doña Isabelle DEBRÉ, los señores Francis DELATTRE, Robert DEL PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Philippe DOMINATI, doña Marie-Annick DUCHÊNE, los señores Alain DUFAUT, André DULAIT, Hubert FALCO, André FERRAND, Alain FOUCHÉ, Jean-Paul FOURNIER, Yann GAILLARD, René GARREC, doña Colette GIUDICELLI, los señores Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, doña Sophie JOISSAINS, don Roger KAROUTCHI, doña Elisabeth LAMURE, los señores Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Philippe LEROY, Michel MAGRAS, doña Hélène MASSON-MARET, don Jean-François MAYET, doña Colette MÉLOT, los señores Albéric de MONTGOLFIER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, doña Catherine PROCACCIA, los señores Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, las señoras Esther SITTLER, Catherine TROENDLÉ y don Jean-Pierre VIAL, senadores;

Y, el 12 de mayo de 2014, por los señores Christian JACOB, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Sylvain BERRIOS, Etienne BLANC, doña Valérie BOYER, los señores Dominique BUSSEREAU, Guillaume CHEVROLLIER, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, doña Marie-Christine DALLOZ, los señores Gérald DARMANIN, Bernard DEBRÉ, Bernard DEFLESSELLES, doña Sophie DION, don Daniel FASQUELLE, doña Marie-Louise FORT, los señores Yves FOULON, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, doña Annie GENEVARD, los señores Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, doña Arlette GROSSKOST, los señores Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, doña Valérie LACROUTE, los señores Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, Jean-François LAMOUR, Alain LEBOEUF, Philippe LE RAY, doña Geneviève LEVY, los señores Jean-François MANCEL, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Philippe MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jacques MYARD, Jean-Frédéric POISSON, Axel PONIATOWSKI, doña Josette PONS, los señores Frédéric REISS, Franck RIESTER, Paul SALEN, François SCELLIER, Thierry SOLÈRE, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel TERROT, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, Jean-Pierre VIGIER y Philippe VITEL, diputados.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL

Vista la Constitución;

Visto el decreto legislativo nº 58-1067 de 7 de noviembre de 1958, modificado, relativo a la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional;

Vista la directiva 2001/18/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de marzo de 2001 relativa a la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo;

Visto el reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria;

Visto el reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente;

Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 19 de mayo de 2014;

Tras haber escuchado al ponente;

1. Considerando que los senadores y los diputados recurrentes impugnan ante el Consejo Constitucional la ley relativa a la prohibición del cultivo de variedades de maíz genéticamente modificado; que alegan que esta prohibición es contraria al principio de primacía del derecho europeo, a los artículos 55 y 88-1 de la Constitución y a las disposiciones de diversas directivas y reglamentos de la Unión Europea, en particular al artículo 23 de la citada directiva de 12 de marzo de 201 y al artículo 34 del citado reglamento de 22 de septiembre de 2003; que los senadores recurrentes hacen valer además que la prohibición definitiva y general impuesta por estas disposiciones desconoce el principio de precaución; que, según ellos, las disposiciones de esta ley, especialmente en cuanto no definen los términos “genéticamente modificado”, desconocen las exigencias de accesibilidad y de inteligibilidad de la ley.

2. Considerando, en primer lugar, de una parte, que según el artículo 55 de la Constitución: “Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte”; que, si estas disposiciones confieren a los tratados, en las condiciones que definen, una autoridad superior a esta de las leyes, no imponen ni implican que el respeto a este principio deba ser asegurado en el marco del control de conformidad de las leyes a la Constitución; que el argumento vinculado a la falta de compatibilidad de una disposición legislativa con los instrumentos internacionales y europeos de Francia no podría ser visto como un motivo de inconstitucionalidad; que el examen de un tal argumento que se funda sobre los tratados o el derecho de la Unión europea corresponde a la competencia de las jurisdicciones administrativas y judiciales;

3. Considerando, de otra parte, que según el artículo 88-1 de la Constitución: “La República participa en la Unión Europea compuesta por Estados que han optado libremente ejercer en común algunas de sus competencias en virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, texto modificado por el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007”; que , así, la trasposición en derecho interno de una directiva de la Unión europea deriva de una exigencia constitucional;

4. Considerando que corresponde al Consejo Constitucional, requerido en las condiciones previstas en el artículo 61 de la Constitución sobre una Ley que tiene por objeto trasponer al derecho interno una directiva de la Unión Europea, velar por el respeto de esta exigencia; que, sin embargo, el control que ejerce a este fin se somete a un límite doble; que, en primer lugar, la trasposición de una directiva no podría ir contra una regla o un principio inherente a la identidad constitucional de Francia, salvo que el constituyente lo haya permitido; que, en segundo lugar, debiendo resolver antes de la promulgación de la ley en el plazo previsto por el artículo 61 de la Constitución, el Consejo constitucional no puede requerir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea apoyándose en el artículo 267 del tratado sobre el funcionamiento de la Unión europea; que, en consecuencia, únicamente podría declarar no conforme con el artículo 88-1 de la Constitución una disposición legislativa manifiestamente incompatible con la directiva que pretende trasponer; que, en todo caso, le corresponde a las jurisdicciones administrativas y judiciales ejercer el control de compatibilidad de la ley a la vista de los compromisos europeos de Francia y, en su caso, requerir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a título prejudicial;

5. Considerando que en este caso la ley impugnada no tiene por objeto trasponer una directiva de la Unión europea; que, por ello, el argumento sobre el desconocimiento del artículo 88-1 de la Constitución debe ser descartado;

6. Considerando, en segundo lugar, que según el artículo 5 de la Carta medioambiental: “Cuando la producción de un daño, aunque incierta en el estado de los conocimientos científicos, pueda afectar de manera grave e irreversible al medio ambiente, las autoridades públicas velarán, mediante la aplicación del principio de precaución y en sus ámbitos de competencia, por la implantación de procedimientos de evaluación de riesgos y la adopción de medidas provisionales y proporcionadas con el fin de prevenir la producción del daño”; que las disposiciones del parágrafo I del artículo único de la ley impugnada tiene por objeto prohibir, sin limitación temporal, el cultivo de las variedades de maíz genéticamente modificado; que resulta, por ello, inoperante el argumento de que la prohibición sostenible del cultivo de estas variedades desconoce el principio de precaución;

7. Considerando, en tercer lugar, que el objetivo de valor constitucional de accesibilidad y de inteligibilidad de la ley, que deriva de los artículos 4, 5, 6, y 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, impone al legislador la adopción de disposiciones suficientemente precisas y de fórmulas no equívocas; que debe en efecto prevenir a los sujetos de derecho contra una interpretación contraria a la Constitución o contra el riesgo de arbitrariedad, sin trasladar a las autoridades administrativas o jurisdiccionales el cuidado de fijar las reglas cuya determinación únicamente ha sido confiada por la Constitución a la ley; que, contrariamente a lo que sostienen los senadores recurrentes, las disposiciones del parágrafo I del artículo único de la ley impugnada que prevé que “se prohíbe el cultivo de variedades de maíz genéticamente modificado” no están contaminadas por ninguna ininteligibilidad; que, por consiguiente, el motivo debe ser descartado;

8. Considerando que resulta de todo lo que precede que las disposiciones del artículo único de la ley impugnada, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, deben ser declaradas conformes con la Constitución,

DECIDE

Artículo 1.- La ley relativa a la prohibición del cultivo de variedades de maíz genéticamente modificado es conforme con la Constitución.

Artículo 2.- La presente decisión será publicada en el Diario oficial de la República francesa.

Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 28 de mayo de 2014 en la que estaban presentes: don Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, las señoras Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, los señores Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL y doña Nicole MAESTRACCI.