Sentencia

Sentencia n° 2014-392 QPC de 25 de Abril de 2014

Provincia Sur de Nueva Caledonia [Ley aprobada por referéndum. Derecho del Trabajo en Nueva Caledonia]

El Consejo constitucional ha sido requerido el 20 de febrero de 2014 por la Corte de Casación (Sala de lo Social, auto n° 628 de 20 de febrero de 2014), en las condiciones previstas en el artículo 61-1 de la Constitución, para pronunciarse sobre une cuestión prioritaria de constitucionalidad planteada por la Provincia Sur de Nueva Caledonia, relativa a la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución «de las disposiciones combinadas del artículo 8-13° de la Ley referendaria n° 88-1028, de 9 de noviembre de 1988, de disposiciones estatutarias y preparatorias para la autodeterminación de Nueva Caledonia en 1998, y del artículo 1 del Decreto legislativo modificado n° 85-1181, de 13 de noviembre de 1985, relativo a los principios rectores del derecho del trabajo y de la organización y funcionamiento de la inspección de trabajo y del tribunal laboral en Nueva Caledonia, en su redacción aplicable en la fecha de la aprobación de la deliberación n° 10/99/APS, de 15 de junio de 1999, de la Asamblea de la Provincia Sur».

LE CONSEJO CONSTITUCIONAL,

Vista la Constitución;

Visto el Acuerdo sobre Nueva Caledonia, firmado en Noumea el 5 de mayo de 1998;

Vista la Ley constitucional n° 2008-724, de 23 de julio de 2008, de modernización de las instituciones de la V República;

Visto el Decreto legislativo n° 58−1067, de 7 de noviembre de 1958, modificado, por el que se aprueba la Ley orgánica sobre el Consejo constitucional;

Vista la Ley orgánica n° 99-209, de 19 de marzo de 1999, relativa a Nueva Caledonia;

Visto el Decreto legislativo n° 85-1181, de 13 de noviembre de 1985, relativo a los principios rectores del derecho del trabajo y de la organización y funcionamiento de la inspección de trabajo y del tribunal laboral en Nueva Caledonia;

Vista la Ley n° 88-1028, de 9 de noviembre de 1988, de disposiciones estatutarias y preparatorias para la autodeterminación de Nueva Caledonia en 1998;

Vista la Ley n° 96-609, de 5 de julio de 1996, de disposiciones diversas relativas a ultramar;

Vista la Ley del país n° 2006-3, de 8 de febrero de 2006, de modificación del Decreto legislativo modificado n° 85-1181, de 13 de noviembre de 1985, relativo a los principios rectores del derecho del trabajo y de la organización y funcionamiento de la inspección de trabajo y del tribunal laboral en Nueva Caledonia;

Vistas las decisiones del Tribunal de conflictos nº 02672, de 13 de enero de 1992, nº 02998, de 19 de febrero de 1996, nº 03146, de 15 de marzo de 1999, nº C3423, de 15 de noviembre de 2004, nº C3654 y nº C3655, de 17 de diciembre de 2007, nº C3775, de 13 de diciembre de 2010, y nº C3825, de 5 de marzo de 2012;

Visto el Reglamento de 4 de febrero de 2010, sobre el procedimiento seguido ante el Consejo Constitucional por las cuestiones prioritarias de constitucionalidad;

Vistas las alegaciones realizadas en nombre de la entidad territorial demandante por la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, abogados ante el Consejo de Estado y la Corte de Casación, registradas los días 14 y 31 de marzo de 2014;

Vistas las alegaciones realizadas en nombre de la Sra. Anne de B., como parte demandada, por el letrado Sr. Dominique Foussard, abogado ante el Consejo de Estado y la Corte de Casación, registradas los días 14 y 31 de marzo de 2014;

Vistas las alegaciones realizadas por el Primer Ministro, registradas el 14 de marzo de 2014;

Vistos los documentos presentados y que acompañan el expediente;

Habiendo sido oídos en audiencia pública el 8 de abril de 2014 el letrado Sr. Foussard, en nombre de la parte demandada, y el Sr. Xavier Pottier, designado por el Primer Ministro;

Habiendo sido oído el ponente;

  1. Considerando que el artículo 8 de la ley de 9 de noviembre de 1988, antes citada, se refiere a las materias competencia del Estado en Nueva Caledonia; que, en virtud del apartado 13º de dicho artículo, entre esas materias se encuentran: «Los principios rectores del derecho del trabajo y de la formación profesional»;

  2. Considerando que, en los términos del artículo 1 del Decreto legislativo de 13 de noviembre de 1985, antes citado, en la redacción resultante de la ley de 5 de julio de 1996, antes citada: «El presente Decreto legislativo es aplicable en el territorio de Nueva Caledonia con reserva, en su caso, de las disposiciones de los tratados, convenios o acuerdos debidamente ratificados o aprobados y publicados.
    «Las disposiciones del presente Decreto legislativo no van en contra de las estipulaciones de los contratos individuales de trabajo más favorables para los asalariados.
    «[El presente decreto legislativo] se aplica a todos los asalariados del territorio.
    «[El presente decreto legislativo] se aplica a toda persona física o jurídica que emplee a dichos asalariados.
    «Salvo que en otras disposiciones del presente Decreto legislativo se establezca los contrario, no es aplicable a las personas que posean un estatuto de función pública o un estatuto de derecho público.
    «Se considera asalariado, cualquiera que sea su sexo y su nacionalidad, cualquier persona física que se haya comprometido a realizar una actividad profesional, mediando remuneración, bajo la dirección y la autoridad de otra persona física o jurídica, pública o privada. Para la determinación de la cualidad de asalariado, no se tendrá en cuenta ni el estatus jurídico del empleado, ni el del empleador, ni el hecho de que éste sea titular o no de una patente.
    «Se considera empleador a toda persona jurídica o física, pública o privada, que emplee al menos a un asalariado en las condiciones definidas en el párrafo precedente»;

  3. Considerando que, según la entidad territorial demandante, las disposiciones impugnadas, tal y como han sido interpretadas por la jurisprudencia constante del Tribunal de conflictos, son contrarias al principio de la libre administración de las entidades territoriales en la medida en que someten al régimen del derecho común laboral a los colaboradores de gabinete reclutados por las autoridades territoriales de Nueva Caledonia, impidiendo de esta forma que dichas autoridades pongan fin libremente a las funciones de estos colaboradores; que, al privar a las autoridades territoriales de Nueva Caledonia de la posibilidad de recurrir libremente a la contratación de colaboradores de gabinete, estando esta posibilidad reconocida a todas las demás entidades territoriales francesas, dichas disposiciones serían igualmente contrarias al principio de igualdad ante la ley;

  4. Considerando que la cuestión prioritaria de constitucionalidad trata sobre el apartado 13º del artículo 8 de la ley de 9 de noviembre de 1988 y sobre el párrafo quinto del artículo 1 del Decreto legislativo de 13 de noviembre de 1985;

SOBRE LAS DISPOSICIONES SOMETIDAS AL EXAMEN DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL:

En lo relativo al apartado 13° del artículo 8 de la Ley de 9 de noviembre de 1988, antes citada, aprobada por referéndum:

  1. Considerando que en los términos del párrafo primero del artículo 61-1 de la Constitución: «Cuando, con motivo de una instancia pendiente ante una jurisdicción, se alegue que una disposición legislativa vulnera los derechos y las libertades garantizados por la Constitución, a requerimiento del Consejo de Estado o del Tribunal de Casación se podrá someter el asunto al Consejo Constitucional, que se pronunciará en un plazo determinado»;

  2. Considerando que la competencia del Consejo constitucional está estrictamente delimitada por la Constitución; que sólo es susceptible de ser precisada y completada mediante la ley orgánica respetando los principios establecidos por el texto constitucional; que el Consejo constitucional no puede ser llamado a pronunciarse fuera de los casos expresamente previstos por la Constitución o la ley orgánica;

  3. Considerando que el artículo 61-1 de la Constitución otorga al Consejo constitucional la misión de apreciar la conformidad de las disposiciones legislativas con los derechos y libertades garantizados por la Constitución, sin precisar si dicha competencia se extiende al conjunto de los textos de naturaleza legislativa; que, en cualquier caso, en atención al equilibrio de poderes establecido por la Constitución, las disposiciones legislativas a las que la Constitución ha pretendido hacer referencia en su artículo 61-1 no son aquellas que, por haber sido aprobadas por el Pueblo francés mediante referéndum, bajo el control del Consejo constitucional de acuerdo con lo establecido en el artículo 60, constituyen la expresión directa de la soberanía nacional;

  4. Considerando que, como resultado de lo anterior, ninguna disposición de la Constitución o de una ley orgánica de desarrollo de la misma atribuye la competencia al Consejo constitucional para pronunciarse sobre una cuestión prioritaria de constitucionalidad que tenga por objeto apreciar la conformidad de una disposición legislativa aprobada por el Pueblo francés por la vía del referéndum con los derechos y libertades garantizados por la Constitución; que, en consecuencia, para el Consejo constitucional no ha lugar a conocer de las disposiciones de la ley aprobada por el Pueblo francés por la vía del referéndum el 6 de noviembre de 1988;

En lo que concierne al párrafo quinto del artículo 1 del Decreto legislativo de 13 de noviembre de 1985, antes citado:

  1. Considerando que, en virtud del artículo 61-1 de la Constitución, el Consejo constitucional sólo puede ser requerido para pronunciarse en las condiciones previstas en dicho precepto sobre disposiciones de naturaleza legislativa;

  2. Considerando que el artículo 1 del Decreto legislativo de 13 de noviembre de 1985 ha sido modificado por el párrafo I del artículo 24 de la ley de 5 de julio de 1996, antes citada; que, con anterioridad a la modificación del artículo 38 de la Constitución, llevada a cabo por el artículo 14 de la ley constitucional n° 2008-724, de 23 de julio de 2008, de modernización de las instituciones de la V República, la ley de 5 de julio de 1996, sin tener por objeto directamente la ratificación del conjunto de las disposiciones del artículo 1 del Decreto legislativo de 13 de noviembre de 1985, implicaba necesariamente tal ratificación; que, por consiguiente, las disposiciones del párrafo quinto del artículo 1 del Decreto legislativo de 13 de noviembre de 1985 poseen el carácter de disposiciones legislativas en el sentido del artículo 61-1 de la Constitución; que para el Consejo constitucional ha lugar a pronunciarse sobre ellas;

SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS:

  1. Considerando, en premier lugar, que en virtud del párrafo tercero del artículo 72 de la Constitución, «en las condiciones previstas por la ley», las entidades territoriales «se administran libremente a través de consejos elegidos»; que las instituciones de Nueva Caledonia se rigen por las disposiciones del título XIII de la Constitución; que de ahí se deriva que el artículo 72 no les resulta aplicable de pleno derecho;

  2. Considerando que, en virtud del artículo 76 de la Constitución, «la población de Nueva Caledonia está llamada a pronunciarse antes del 31 de diciembre de 1998 sobre las disposiciones del Acuerdo firmado en Noumea el 5 de mayo de 1998 y publicado el 27 de mayo de 1998 en el Diario Oficial de la República francesa»; que, en virtud de su artículo 77, «tras la aprobación del acuerdo mediante la consulta prevista en el artículo 76, la ley orgánica, adoptada previo dictamen de la Asamblea deliberante de Nueva Caledonia, determinará, con el fin de asegurar la evolución de Nueva Caledonia respetando las orientaciones definidas por dicho acuerdo y según las modalidades necesarias para su puesta en práctica …- las reglas de organización y funcionamiento de las instituciones de Nueva Caledonia…»; que, de acuerdo con el artículo 3 de la ley orgánica de 19 de marzo de 1999, antes citada, adoptada en aplicación del artículo 77 de la Constitución: «Las provincias y municipios de Nueva Caledonia son entidades territoriales de la República. Se administran libremente mediante asambleas elegidas por sufragio universal directo, en las condiciones previstas en el título V en lo que se refiere a las provincias»; que mediante estas disposiciones, el legislador orgánico ha extendido a las instituciones de Nueva Caledonia, pues le estaba permitido hacerlo, las disposiciones del título XII aplicables al conjunto de las entidades territoriales de la República, sin que dicha extensión resulte contraria a las orientaciones del Acuerdo firmado en Noumea el 5 de mayo de 1998, a las que el título XIII confiere valor constitucional;

  3. Considerando que, según las disposiciones impugnadas, tal y como son interpretadas por la jurisprudencia constante del Tribunal de conflictos, los agentes contractuales reclutados por una persona pública en Nueva Caledonia no están sometidos a un estatuto de derecho público; que estas disposiciones no producen el efecto de privar a las autoridades territoriales de Nueva Caledonia de la facultad de reclutar libremente colaboradores de gabinete; que tampoco producen el efecto de privar a dichas autoridades de la facultad de poner fin a las funciones de dichos colaboradores en las condiciones previstas por la ley; que, por consiguiente, no vulneran el principio de la libre administración de las entidades territoriales de la Nueva Caledonia;

  4. Considerando, en segundo lugar, que al prever reglas particulares aplicables a los agentes contractuales reclutados por personas jurídico-públicas en Nueva Caledonia, que se apartan de las reglas del derecho común, el legislador no ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley;

  5. Considerando que las disposiciones del párrafo quinto del artículo 1 del Decreto legislativo de 13 de noviembre de 1985, antes citado, al no ser contrarias a ningún otro derecho o libertad garantizados por la Constitución, deben ser declaradas conformes con la Constitución,

DECIDE:

Artículo 1.- No ha lugar a pronunciarse sobre la cuestión prioritaria de constitucionalidad relativa al apartado 13 del artículo 8 de la ley n° 88-1028, de 9 de noviembre de 1988, de disposiciones estatutarias y preparatorias para la autodeterminación de Nueva Caledonia.

Artículo 2.- El párrafo quinto del artículo 1 del Decreto legislativo de 13 de noviembre de 1985, relativo a los principios rectores del derecho del trabajo y de la organización y funcionamiento de la inspección de trabajo y del tribunal laboral en Nueva Caledonia, en su redacción posterior a la Ley n° 96-609, de 5 de julio de 1996, de disposiciones diversas relativas a ultramar, es conforme con la Constitución.

Artículo 3.- La presente decisión será publicada en el Diario oficial de la República francesa y notificada en las condiciones previstas en el artículo 23-11 del Decreto legislativo de 7 de noviembre de 1958, antes citado

Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 24 de abril de 2014 en la que estaban presentes: el Sr. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, las Sras. Claire BAZY MALAURIE y Nicole BELLOUBET, los Sres. Guy CANIVET, Michel CHARASSE y Renaud DENOIX de SAINT MARC y la Sra. Nicole MAESTRACCI.

Publicada el 25 de abril de 2014.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.8. Ordonnances (article 38)

Antérieurement à la modification de l'article 38 de la Constitution par l'article 14 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, une loi peut, sans avoir pour objet direct la ratification de l'ensemble des dispositions d'une ordonnance, impliquer nécessairement une telle ratification.

(2014-392 QPC, 25 Abril 2014, cons. 10, JORF du 27 avril 2014 page 7360, texte n° 21)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.15. Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi », les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus ». Les institutions de la Nouvelle-Calédonie sont régies par les dispositions du titre XIII de la Constitution. Il s'ensuit que l'article 72 ne leur est pas applicable de plein droit.
En vertu de l'article 76 de la Constitution, « les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française ». En vertu de son article 77, « après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre...- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie... ». Aux termes de l'article 3 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prise en application de l'article 77 de la Constitution : « Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces ». Par ces dispositions, le législateur organique a, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, étendu aux institutions de la Nouvelle-Calédonie des dispositions du titre XII applicables à l'ensemble des autres collectivités territoriales de la République, sans que cette extension soit contraire aux orientations de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 auxquelles le titre XIII confère valeur constitutionnelle.

(2014-392 QPC, 25 Abril 2014, cons. 11, 12, JORF du 27 avril 2014 page 7360, texte n° 21)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.2. Collectivités territoriales
  • 5.1.4.2.5. Outre-mer

En prévoyant des règles particulières applicables aux agents contractuels recrutés par une personne publique en Nouvelle-Calédonie (ils ne sont pas soumis à un statut de droit public, en vertu du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n°85-1181 du 13novembre 1985), qui diffèrent des règles de droit commun, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi.

(2014-392 QPC, 25 Abril 2014, cons. 14, JORF du 27 avril 2014 page 7360, texte n° 21)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.1. Incompétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.1.2. Lois adoptées par voie de référendum

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique.
L'article 61-1 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions législatives, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif. Toutefois, au regard de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution, les dispositions législatives qu'elle a entendu viser dans son article 61-1 ne sont pas celles qui, adoptées par le Peuple français à la suite d'un référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale.
Il en résulte qu'aucune disposition de la Constitution ou d'une loi organique prise sur son fondement ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité aux fins d'apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition législative adoptée par le Peuple français par la voie du référendum.

(2014-392 QPC, 25 Abril 2014, cons. 5, 6, 7, 8, JORF du 27 avril 2014 page 7360, texte n° 21)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
  • 11.6.2.1.1.1. Principes

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 faisant l'objet de la QPC sont examinées par le Conseil constitutionnel telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, selon laquelle les agents contractuels recrutés par une personne publique en Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis à un statut de droit public.

(2014-392 QPC, 25 Abril 2014, cons. 13, JORF du 27 avril 2014 page 7360, texte n° 21)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.2. Caractère législatif des dispositions

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 sur lesquelles porte la QPC n'ont jamais été ratifiées expressément. Toutefois, l'article 1er a été modifié sur d'autres points par le paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996. Antérieurement à la modification de l'article 38 de la Constitution par l'article 14 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, la loi du 5 juillet 1996, sans avoir pour objet direct la ratification de l'ensemble des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, impliquait nécessairement une telle ratification. Par suite, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 revêtent le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître.

(2014-392 QPC, 25 Abril 2014, JORF du 27 avril 2014 page 7360, texte n° 21)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 13° de l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et sur l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, le Conseil constitutionnel juge, au vu des griefs, qu'elle doit être restreinte, en ce qui concerne l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, à son seul cinquième alinéa.

(2014-392 QPC, 25 Abril 2014, cons. 4, JORF du 27 avril 2014 page 7360, texte n° 21)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.5. Sens et portée de la décision
  • 11.6.5.1. Non-lieu à statuer

Aucune disposition de la Constitution ou d'une loi organique prise sur son fondement ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité aux fins d'apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition législative adoptée par le Peuple français par la voie du référendum. Par conséquent, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de connaître des dispositions de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 adoptée par le Peuple français par voie de référendum le 6 novembre 1988. Le Conseil prononce un non-lieu à statuer sur les dispositions du 13° de l'article 8 de cette loi qui lui étaient renvoyées par la Cour de cassation.

(2014-392 QPC, 25 Abril 2014, cons. 8, JORF du 27 avril 2014 page 7360, texte n° 21)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.3. Libre administration des collectivités territoriales
  • 14.1.3.2. Absence de violation du principe

Selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, les agents contractuels recrutés par une personne publique en Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis à un statut de droit public. Ces dispositions n'ont pas pour effet de priver les autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie de la faculté de recruter librement des collaborateurs de cabinet. Elles n'ont pas davantage pour effet de priver ces autorités de la faculté de mettre fin aux fonctions de ces collaborateurs dans les conditions prévues par la loi. Par suite, elles ne méconnaissent pas le principe de la libre administration des collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie.

(2014-392 QPC, 25 Abril 2014, cons. 13, JORF du 27 avril 2014 page 7360, texte n° 21)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
  • 14.5.2. Institutions de la Nouvelle-Calédonie
  • 14.5.2.1. Assemblées de province

En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi », les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus ». Les institutions de la Nouvelle-Calédonie sont régies par les dispositions du titre XIII de la Constitution. Il s'ensuit que l'article 72 ne leur est pas applicable de plein droit.
En vertu de l'article 76 de la Constitution, « les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française ». En vertu de son article 77, « après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre. . .les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie. . . ». Aux termes de l'article 3 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prise en application de l'article 77 de la Constitution : « Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces ». Par ces dispositions, le législateur organique a, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, étendu aux institutions de la Nouvelle-Calédonie des dispositions du titre XII applicables à l'ensemble des autres collectivités territoriales de la République, sans que cette extension soit contraire aux orientations de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 auxquelles le titre XIII confère valeur constitutionnelle.

(2014-392 QPC, 25 Abril 2014, cons. 11, 12, JORF du 27 avril 2014 page 7360, texte n° 21)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Vidéo de la séance.