Sentencia

Sentencia n° 2013-672 DC de 13 de Junio de 2013

Ley relativa a la protección del empleo

El Consejo Constitucional ha sido requerido, en las condiciones previstas en el artículo 61-1, segundo párrafo, de la Constitución, sobre la ley relativa a la protección del empleo, el 15 de mayo de 2013, por los señores Christian JACOB, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Patrick BALKANY, Xavier BERTRAND, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Yves CENSI, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Michel COUVE, doña Marie-Christine DALLOZ, los señores Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, las señoras Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, los señores François FILLON, Yves FROMION, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, doña Annie GENEVARD, los señores Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, doña Arlette GROSSKOST, los señores Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, doña Valérie LACROUTE, don Jacques LAMBLIN, las señoras Laure de LA RAUDIÈRE, Isabelle LE CALLENNEC, los señores Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, doña Geneviève LEVY, los señores Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, doña Valérie PÉCRESSE, los señores Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, las señoras Bérangère POLETTI, Josette PONS, lso señores Didier QUENTIN, Arnaud ROBINET, Martial SADDIER, François SCELLIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, doña Catherine VAUTRIN, los señores Philippe VITEL y Michel VOISIN, diputados ;

Y, el mismo día, por los señores Jean-Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Michel BÉCOT, Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, doña Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, los señores François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, doña Caroline CAYEUX, los señores Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, doña Isabelle DEBRÉ, los señores Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, las señoras Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, los señores Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, André FERRAND, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, René GARREC, Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, doña Colette GIUDICELLI, los señores Alain GOURNAC, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Jean-François HUMBERT, Jean-Jacques HYEST, doña Sophie JOISSAINS, don Roger KAROUTCHI, doña Fabienne KELLER, los señores Marc LAMÉNIE, Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Gérard LONGUET, Roland du LUART, Pierre MARTIN, las señoras Hélène MASSON-MARET, Colette MÉLOT, los señores Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, François PILLET, Louis PINTON, Rémy POINTEREAU, Christian PONCELET, Hugues PORTELLI, las señoras Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, los señores Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, André TRILLARD, doña Catherine TROENDLE, los señores François TRUCY y Jean-Pierre VIAL, senadores.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL

Vista la Constitución;

Visto el decreto legislativo nº 58-1067 de 7 de noviembre de 1958, modificado, relativo a la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional;

Visto el código laboral;

Visto el código de la seguridad social;

Visto el código de seguros;

Visto el código de la mutualidad;

Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 6 de junio de 2013;

Tras haber escuchado al ponente;

  1. Considerando que los diputados y senadores recurrentes impugnan ante el Consejo constitucional la ley relativa a la protección del empleo; que impugnan la conformidad a la Constitución de ciertas disposiciones de su artículo 1 así como éstas del artículo L. 912-1 del código de la seguridad social que las disposiciones del artículo 1 completan; que los diputados recurrentes cuestionan igualmente ciertas disposiciones de sus artículos 12 y 15;

SOBRE EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY IMPUGNADA Y EL ARTÍCULO L. 912-1 DEL CÓDIGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

  1. Considerando que las disposiciones impugnadas del artículo 1 de la ley impugnada prevén la generalización de la cobertura complementaria colectiva sanitaria para el conjunto de los asalariados; que según el primer párrafo del apartado A del parágrafo I de este artículo: “Antes del 1 de junio de 2013, las organizaciones vinculadas por un convenio sectorial o, en su defecto, por acuerdos profesionales, entablarán una negociación a fin de permitir que los asalariados que no se benefician de una cobertura colectiva de adhesión obligatoria en materia de reembolsos complementarios de gastos derivados de enfermedad, maternidad o accidente, de las que cada categoría de protección y la parte de financiación asegurada por el empleador sean al menos tan favorables como la cobertura mínima mencionada en el apartado II del artículo L. 911-7 del código de seguridad social, al nivel sectorial o de empresa, de acceder a una cobertura tal antes del 1 de enero de 2016”; que los siete párrafos siguientes del apartado A precisan el campo de aplicación de la negociación; que, en particular, en virtud del punto 2º del apartado A, que figura en el cuarto párrafo del artículo 1, la negociación recaerá especialmente sobre “las modalidades de elección del asegurador” y examina “las condiciones, especialmente tarifarias, en las que las empresas pueden determinar el o los organismos aseguradores de su elección, sin desconocer los objetivos de cobertura efectiva del conjunto de asalariados de las empresas del sector y de acceso universal a la sanidad”;

  2. Considerando que el apartado 2º del parágrafo II del artículo 1 tiene por objeto completar el art. 912-1 del código de la seguridad social con un párrafo así redactado: “cuando los acuerdos profesionales o interprofesionales mencionados en el artículo L. 911-1 prevean una mutualización de riesgos en aplicación del primer párrafo del presente artículo o cuando recomienden, sin carácter vinculante, a las empresas adherir por los riesgos que generan la cobertura a uno o varios organismos, se procederá a una licitación previa para los organismos mencionados en el artículo 1 de la ley nº 89-1009, de 31 de diciembre de 1989, reforzando las garantías ofertadas a las personas aseguradas contra ciertos riesgos. Esta licitación se realiza en condiciones de transparencia, imparcialidad e igualdad de tratamiento entre los candidatos y según las modalidades previstas por decreto. Este decreto fija especialmente las reglas destinadas a garantizar una publicidad previa suficiente, a prevenir los conflictos de intereses y a determinar las modalidades de supervisión del contrato. Esta licitación será igualmente realizada durante cada revisión”;

  3. Considerando que, según los recurrentes, permitiendo, de una parte, que un acuerdo sectorial designe un organismo de prevención para el conjunto de empresas del sector y, de otra parte, que esta designación se imponga a las empresas del sector que ya cuentan con un seguro complementario, las disposiciones del artículo 912-1 del código de la seguridad social, que se complementa por el apartado 2º del parágrafo II del artículo 1 de la ley impugnada, desconocen la libertad contractual que se deriva del artículo 4 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789; que sostienen que las disposiciones del apartado 2º del parágrafo II del artículo 1, en las que se imponen nuevos límites al principio de libre concurrencia entre los distintos organismos de previsión, son contrarios a la libertad de empresa así como al principio de igualdad ante la ley; que los senadores impugnan, por el conjunto de estos motivos, las disposiciones del punto 2º del apartado A del parágrafo I del artículo 1; que los diputados entienden que las disposiciones del artículo L. 912-1 del código de la seguridad social desconocen las disposiciones del apartado octavo del Preámbulo de la Constitución de 1944 dado que el derecho de los trabajadores para determinar colectivamente sus condiciones de trabajo debe ejercerse en la empresa y no al nivel del sector profesional;

  4. Considerando que según el artículo 34 de la Constitución: “La ley establece los principios fundamentales… de las obligaciones civiles y comerciales”; que siempre está permitido al legislador, actuando en el campo de su competencia, modificar textos anteriores o derogarlos sustituyéndolos, en su caso, por otras disposiciones, siempre que, en el ejercicio de este poder, no prive de garantías legales a las exigencias de carácter constitucional;

  5. Considerando que, de una parte, le está permitido al legislador imponer a la libertad de empresa y a la libertad contractual que derivan del artículo 4 de la Declaración de 1789 limitaciones vinculadas con exigencias constitucionales o justificadas por el interés general, a condición que no resulte de ello atentados desproporcionados a la vista del objetivo perseguido; que, de otra parte, el legislador no podría infringir a los contratos legalmente concluidos un atentado que no sea justificado por un motivo de interés general sin desconocer las exigencias que resultan de los artículos 4 y 16 de la Declaración de 1789;

  6. Considerando, en primer lugar, que las disposiciones del apartado A del parágrafo I del artículo 1 tienen por objeto imponer a los sectores profesionales establecer, antes del 1 de junio de 2013, una negociación para garantizar a los asalariados una cobertura “en materia de reembolsos complementarios de gastos ocasiones por una enfermedad, una maternidad o un accidente”; que la cobertura del seguro adicional prevista es “colectiva” y “de adhesión obligatoria”; que debe ser efectiva antes del 1 de enero de 2016; que esta negociación recae especialmente sobre la definición del contenido y el nivel de las garantías, el reparto de la carga de cotizaciones entre empleadores y asalariados, así como “las modalidades de elección del asegurador”; que examina en particular las condiciones especialmente tarifarias, en las que las empresas pueden determinar el o los organismos que han elegido, “sin desconocer los objetivos de cobertura efectiva del conjunto de asalariados de las empresas del sector y de acceso universal a la sanidad”; que estas disposiciones, en las que se limitan a prever la apertura de una negociación sobre “las modalidades de elección del asegurador” y las condiciones en las que las empresas pueden determinar el o los organismos de prevención de su elección, no son contrarias a ningún principio o regla de valor constitucional;

  7. Considerando, en segundo lugar, que la conformidad de una ley ya promulgada con la Constitución puede ser apreciada con ocasión del examen de disposiciones legislativas que la modifican, la complementan o afectan a su materia; que las disposiciones impugnadas del apartado 2º del parágrafo II del artículo 1 de la ley impugnada complementan las del artículo L. 912-1 del código de la seguridad social;

  8. Considerando que en virtud del primer párrafo de este artículo L. 912-1, cuando los acuerdos profesionales o interprofesionales prevén una “mutualización de riesgos” cuya cobertura organizan antes uno o varios organismos de prevención, “a los cuales se adhieren entonces obligatoriamente las empresas afectadas por el campo de aplicación de estos acuerdos, estos incluyen una cláusula que fija en qué condiciones y según qué periodicidad las modalidades de organización de la mutualización de riesgos pueden ser revisados. La periodicidad de la revisión no puede exceder de cinco años”; que, según el segundo párrafo de este mismo artículo, cuando los acuerdos previamente mencionados “se aplican a una empresa que, anteriormente a su entrada en vigor, ha adherido o ha suscrito un contrato ante un organismo diferente de éste previsto por los acuerdos para garantizar los mismos riesgos con un nivel equivalente”; las estipulaciones del acuerdo de nivel superior deben primar, conforme a lo que prevén las disposiciones del artículo L. 2253-2 del código de trabajo;

  9. Considerando que, por las disposiciones del artículo L. 912-1 del código de la seguridad social, el legislador ha pretendido facilitar el acceso de todas las empresas de un mismo sector a una protección complementaria y asegurar un régimen de mutualización de riesgos, remitiendo a los acuerdos profesionales o interprofesionales la tarea de organizar la cobertura de estos riesgos ante uno o varios organismos de prevención; que ha perseguido así un objetivo de interés general;

  10. Considerando que, sin embargo, de una parte, en virtud de las disposiciones del primer párrafo del artículo L. 912-1 del código de la seguridad social, todas las empresas que pertenecen a un mismo sector profesional pueden ver impuesto no solamente el precio y las modalidades de protección complementaria, sino también la elección del organismo de prevención encargado de asegurar esta protección entre las empresas que dependen del código de seguros, las instituciones que dependen del título III del libro IX del código de la seguridad social y las mutuas que dependen del código de la mutualidad; que si el legislador puede atentar contra la libertad de empresa y la libertad contractual con un objeto de mutualización de riesgos, especialmente estableciendo que sea recomendado a nivel sectorial un solo organismo de prevención que propone un contrato de referencia incluyendo una tarifa de seguro dada u ofreciendo la posibilidad de que sean designados al nivel sectorial varios organismos de prevención proponiendo al menos tales contratos de referencia, no podría prever un atentado contra estas libertades de una naturaleza tal que la empresa se vea vinculada con un contratante ya designado por un contrato negociado en el plano sectorial y con un contenido totalmente predefinido; que, por consiguiente, las disposiciones de este primer párrafo desconocen la libertad contractual y la libertad de empresa;

  11. Considerando que, de otra parte, las disposiciones del segundo párrafo del artículo L. 912-1 permiten imponer que, desde la entrada en vigor de un acuerdo sectorial, las empresas del mismo se encuentren vinculados con el organismo de prevención designado por el acuerdo, incluso cuando anteriormente a este estuvieran vinculadas por un contrato concluido con otra organismo; que, por los mismos motivos enunciados en el considerando 11 y sin que sea preciso examinar el argumento vinculado con el atentado contra las convenciones legalmente concluidas, estas disposiciones desconocen igualmente la libertad contractual y la libertad de empresa;

  12. Considerando que resulta de todo lo que precede que las disposiciones del artículo L. 912-1 del código de la seguridad social suponen un atentado desproporcionado contra la libertad de empresa y la libertad contractual a la vista del objetivo perseguido de mutualización de riesgos; que, sin que sea preciso examinar los restantes alegatos presentados contra el apartado 2º del parágrafo II del artículo 1 de la ley impugnada, estas disposiciones así como las del artículo L. 912-1 del código de la seguridad social deben ser declaradas contrarias a la Constitución;

  13. Considerando que la declaración de inconstitucionalidad del artículo L. 912-1 del código de la seguridad social tendrá efecto a partir de la publicación de la presente decisión; que no es sin embargo aplicable a los contratos adoptados sobre este fundamento, en curso tras esta publicación, que vinculan a empresas que dependen del código de seguros, a las instituciones que dependen del título III del código de la seguridad social y a las mutuas que dependen del código de mutualidad;

SOBRE EL ARTÍCULO 12:

  1. Considerando que el artículo 12 es relativo al encuadramiento del recurso al tiempo parcial; que, especialmente, de una parte, su parágrafo I completa el capítulo 1 del título IV del libro II de la segunda parte del código del trabajo, consagrado a las negociaciones sectoriales y profesionales obligatorias, con una sección 5 titulada “Tiempo parcial” y que contiene el artículo L. 2241-13; que según el primer párrafo de este artículo: “Las organizaciones vinculadas por una convención sectorial o, en su defecto, por acuerdos profesionales que abren una negociación sobre las modalidades de organización del tiempo parcial desde que al menos un tercio del efectivo del sector profesional ocupa un empleo a tiempo parcial”; que, de otra parte, el parágrafo IV de este artículo 12 inserta en el mismo código un artículo L. 3123-14-1 según el cual: “La duración mínima de trabajo del asalariado a tiempo parcial se fija en veinticuatro horas semanales o, en su caso, el equivalente mensual de esta duración o en el equivalente calculado sobre el periodo previsto por un acuerdo colectivo concluido en aplicación del artículo L. 3122-2”; que los artículos L. 3123-14-2 a L. 3123-14-5 fijan las condiciones en las que puede ser derogado esta duración mínima;

  2. Considerando que, según los diputados recurrentes, la obligación de negociar en los sectores profesionales que recurren de manera significativa al tiempo parcial y la fijación de una duración mínima de trabajo a tiempo parcial a 24 horas atenta contra las convenciones legalmente concluidas;

  3. Considerando que la obligación de negociar sobre las modalidades de organización del tiempo parcial, que posibilita el derecho de todo trabajador de participar, por intermediación de sus delegados, a la determinación colectiva de las condiciones de trabajo, no supone, en sí misma, atentado alguno contra las convenciones legalmente concluidas; que el derecho al mantenimiento de las convenciones legalmente establecidas no supone además un impedimento a que el legislador fije la duración mínima del trabajo a tiempo parcial;

  4. Considerando que los artículos L. 2241-13 y L. 3123-14-1 del código de trabajo, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, deben ser declarados conformes con la Constitución;

SOBRE EL ARTÍCULO 15:

  1. Considerando que el artículo 15 inserta en la sección 3 del capítulo II del título IV del libro II de la segunda parte del código de trabajo una nueva subsección titulada “movilidad interna” y que comprende los artículos L. 2242-21 a L. 2242-23; que incita a la negociación y a la conclusión de acuerdos que favorezcan la movilidad interna en la empresa y los grupos de empresa; que según el cuartó párrafo del artículo L. 2242-23: “Cuando uno o varios asalariados rehúsen la aplicación a su contrato de trabajo de las estipulaciones del acuerdo relativas a la movilidad interna mencionadas en el primer párrafo del artículo L. 2242-21, su despido reposa sobre un motivo económico, es acordado según las modalidades de un despido individual por motivo económico y da derecho a las medidas de acompañamiento y de reclasificación que debe prever el acuerdo, que adapta el campo y las modalidades de aplicación de la reclasificación interna prevista en los artículos L. 1233-4 y L. 1233-4-1”;

  2. Considerando que, según los diputados recurrentes, calificando del despido económico el despido del asalariado que rehúsa la aplicación de las estipulaciones del acuerdo relativas a la movilidad interna a su contrato de trabajo, estas disposiciones atentan contra la libertad de empresa;

  3. Considerando, sin embargo, que está permitido al legislador determinar las reglas aplicables al despido del asalariado que rechaza la aplicación de las estipulaciones del acuerdo relativas a la movilidad interna; que, sometiendo este despido a las reglas aplicables al despido individual por motivo económico, no ha desconocido ninguna exigencia constitucional; que, por consiguiente, el cuarto párrafo del artículo L. 2242-23 del código de trabajo debe ser declarado conforme con la Constitución;

  4. Considerando que no hay lugar para plantear de oficio ninguna cuestión de constitucionalidad,

DECIDE

Artículo 1º.- El apartado 2º del parágrafo II del artículo 1 de la ley relativa a la protección del empleo es contrario a la Constitución.

Artículo 2.- Son conformes con la Constitución las disposiciones siguientes de esta misma ley:

  • El artículo 1, el punto 2º de apartado A del parágrafo I;
  • El artículo 12, los artículos L. 2241-13 y L. 3123-14-1 del código de trabajo;
  • El artículo 15, el cuarto párrafo del artículo L. 2242-23 del código de trabajo.

Artículo 3.- El artículo L. 912-1 del código de la seguridad social es contrario a la Constitución.

Artículo 4.- La declaración de inconstitucionalidad del artículo 3 tendrá efecto a partir de la publicación de la presente decisión en las condiciones previstas en el considerando 14.

Artículo 5.- La presente decisión será publicada en el Diario oficial de la República francesa.

Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 13 de junio de 2013 en la que estaban presentes: don Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, don Jacques BARROT, las señoras Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, los señores Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL y doña Nicole MAESTRACCI.

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.1. Champ d'application des principes

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi détermine les principes fondamentaux... des obligations civiles et commerciales ". Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. Le législateur, pour permettre une généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l'ensemble des salariés, pouvait imposer aux branches professionnelles d'engager une négociation avant le 1er juin 2013.

(2013-672 DC, 13 Junio 2013, cons. 5, JORF du 16 juin 2013 page 9976, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.13. LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES
  • 4.13.1. Liberté contractuelle
  • 4.13.1.3. Conciliation du principe
  • 4.13.1.3.1. Avec les exigences d'intérêt général

D'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
Par les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
Toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité. Si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. Par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
D'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant précédent et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution (application de la jurisprudence issue de la décision n° 85-187 DC, 25 janvier 1985).

(2013-672 DC, 13 Junio 2013, cons. 6, 10, 11, 12, 13, JORF du 16 juin 2013 page 9976, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.13. LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES
  • 4.13.2. Droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues
  • 4.13.2.2. Conciliation du principe
  • 4.13.2.2.2. Avec les exigences de droit social

L'obligation de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, qui met en œuvre le droit de tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux conventions légalement conclues. Le droit au maintien des conventions légalement conclues ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur fixe la durée minimale de travail à temps partiel. Le grief tiré de ce que les articles L. 2241-13 et L. 3123-14-1 du code du travail, insérés dans ce code par l'article 12 de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, porteraient atteinte aux conventions légalement conclues doit être écarté.

(2013-672 DC, 13 Junio 2013, cons. 17, JORF du 16 juin 2013 page 9976, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.2. Portée du principe

Les dispositions du A du paragraphe I de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi ont pour objet d'imposer aux branches professionnelles d'engager, avant le 1er juin 2013, une négociation pour garantir aux salariés une couverture " en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ". La couverture complémentaire santé ainsi prévue est " collective " et " à adhésion obligatoire ". Elle doit être effective avant le 1er janvier 2016. Cette négociation porte notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties, la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, ainsi que " les modalités de choix de l'assureur ". Elle examine en particulier les conditions notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes qu'elles ont choisis, " sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ". Ces dispositions, en ce qu'elles se bornent à prévoir l'ouverture d'une négociation portant sur " les modalités de choix de l'assureur " et les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes de prévoyance de leur choix, ne sont contraires à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle.

(2013-672 DC, 13 Junio 2013, cons. 6, 7, JORF du 16 juin 2013 page 9976, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.5. Conciliation du principe
  • 4.21.2.5.2. Avec l'intérêt général

D'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
Par les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
Toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité. Si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. Par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
D'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre (application de la jurisprudence issue de la décision n° 85-187 DC, 25 janvier 1985).
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution (application de la jurisprudence issue de la décision n° 85-187 DC, 25 janvier 1985).

(2013-672 DC, 13 Junio 2013, cons. 6, 10, 11, 12, 13, JORF du 16 juin 2013 page 9976, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.6. Principes découlant de la liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.6.2. Droits et libertés de l'employeur

Il était loisible au législateur de déterminer les règles applicables au licenciement du salarié qui refuse l'application des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne. En soumettant ce licenciement aux règles applicables au licenciement individuel pour motif économique, il n'a méconnu aucune exigence constitutionnelle. Par suite, le quatrième alinéa de l'article L. 2242-23 du code du travail, résultant de l'article 15 de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, ne méconnaît pas la liberté d'entreprendre et doit être déclaré conforme à la Constitution.

(2013-672 DC, 13 Junio 2013, cons. 21, JORF du 16 juin 2013 page 9976, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.3. Cas des lois promulguées
  • 11.5.3.2. Exception : admission conditionnelle du contrôle

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. Les dispositions contestées du 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi complètent celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution.
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité.

(2013-672 DC, 13 Junio 2013, cons. 8, 13, 14, JORF du 16 juin 2013 page 9976, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.1. Dans le cadre d'un contrôle a priori (article 61)
  • 11.8.6.1.5. Effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité.

(2013-672 DC, 13 Junio 2013, cons. 14, JORF du 16 juin 2013 page 9976, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Historique de l'article 1er, Historique de l'article 912-1, Dossier complet sur le site de l'Assemblée Nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi adopté le 14 mai 2013 (T.A. n° 142), Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Observations du gouvernement, Références doctrinales.