Sentencia

Sentencia n° 2012-653 DC de 9 de Agosto de 2012

Tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza en el seno de la Unión económica y monetaria

El Consejo Constitucional ha sido requerido por el Presidente de la República el 13 de julio de 2012, en aplicación del artículo 54 de la Constitución, de la cuestión de saber si la autorización de ratificación del tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza en el seno de la Unión económica y monetaria, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012, debe ser precedido de una revisión de la Constitución;
 
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL
 
Vista la Constitución de 4 de octubre de 1958, especialmente su artículo 88-1;
 
Vista el decreto legislativo nº 58-1067 de 7 de noviembre de 1958, modificado, relativo a la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional;
 
Visto el tratado sobre la Unión europea;
 
Visto el tratado sobre el funcionamiento de la Unión europea;
 
Visto el reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la vigilancia de las situaciones presupuestarias así como de la supervisión y coordinación de las políticas económicas;
 
Visto el reglamento (CE) nº 1055/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, que modifica el citado reglamento (CE) nº 1466/97, de 7 de julio de 1997;
 
Visto el reglamento (UE) nº 1175/2011 del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, que modifica el citado reglamento (CE) nº 1466/97, de 7 de julio de 1997;
 
Tras haber escuchado al ponente;
 

  1. Considerando que el tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza en el seno de la Unión económica y monetaria ha sido firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas por los plenipotenciarios de veinticinco Estados miembros de la Unión europea; que se solicita al Consejo constitucional que aprecie si este tratado comporta alguna cláusula contraria a la Constitución;
     
  2. Considerado que, según su artículo primero, este tratado tiene por objeto “reforzar el pilar económico de la unión económica y monetaria”; que se aplica íntegramente a las partes contratantes cuya moneda es el euro; que las estipulaciones de su título III, que comprende los artículos 3 a 8, fijan un conjunto de reglas destinadas a favorecer la disciplina presupuestaria mediante un “pacto presupuestario”; que las estipulaciones de su título IV, que comprende los artículos 9 a 11, tienden a reforzar la coordinación de las políticas económicas y la convergencia; que las estipulaciones de su título V, que comprende los artículos 12 y 13, tienden a “mejorar la gobernanza de la zona euro”;
     
  3. Considerando que el artículo 2 prevé que este Tratado “será interpretado y aplicado de conformidad con los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea” y que aplicarán e interpretarán el presente Tratado de conformidad con los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea “será de aplicación en la medida en que sea compatible con estos Tratados y con el Derecho de la Unión Europea”; que, en virtud del artículo 16, los estados se comprometen a integrar el contenido del tratado en el cuadro jurídico de la Unión europea en un plazo de cinco años como máximo a contar desde la fecha de su entrada en vigor;
     
  • SOBRE LAS NORMAS DE REFERENCIA
     
  1. Considerando que, mediante el preámbulo de la Constitución de 1958, el pueblo francés ha proclamado solemnemente “su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946”;
     
  2. Considerando que, en su artículo 3, la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 enuncia que “el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación”; que el artículo 3 de la Constitución de 1958 dispone, en su primer párrafo, que “la soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum”;
     
  3. Considerando que el preámbulo de la Constitución de 1946 proclama, en su párrafo decimocuarto, que la República francesa “cumple con las normas del derecho público internacional” y, en su decimoquinto párrafo, que, “bajo reserva de reciprocidad, Francia acepta las limitaciones de soberanía necesarias para la organización y la defensa de la paz”;
     
  4. Considerando que, en su artículo 53, la Constitución de 1958 consagra la existencia de “tratados o acuerdos relativos a la organización internacional”; que estos tratados o acuerdos solamente pueden ser ratificados o aprobados por el Presidente de la República en virtud de una ley;
     
  5. Considerando que la República francesa participa en la Unión europea en las condiciones previstas en el título XV de la Constitución: que, según dispone el artículo 88-1 de la Constitución: “La República participa en la Unión Europea compuesta por Estados que han optado libremente ejercer en común algunas de sus competencias en virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal y como resultan del tratado firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007”; que el constituyente ha consagrado así la existencia de un orden jurídico de la Unión Europea integrado con el orden jurídico interno y distinto del ordenamiento jurídico internacional;
     
  6. Considerando que, confirmando el lugar de la Constitución en la cúspide del ordenamiento jurídico interno, estas disposiciones constitucionales permiten a Francia participar en la creación y el desarrollo de una organización europea permanente, dotada de personalidad jurídica e investida de poderes de decisión por efecto de las transferencias de competencias consentidas por los Estados miembros;
     
  7. Considerando, sin embargo, que, cuando los acuerdos suscritos a este fin o en estrecha coordinación con este fin contienen una cláusula contraria a la Constitución, afectando a los derechos y libertades constitucionalmente garantizados o atentando contra las condiciones esenciales el ejercicio de la soberanía nacional, la autorización para ratificarlos exige una revisión constitucional;
     
  8. Considerando que es a la vista de estos principios que corresponde al Consejo constitucional proceder al examen del tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza en el seno de la Unión económica y monetaria que, “teniendo por base” los tratados sobre los que la Unión Europea se ha fundado, no está entre estos Tratados; que se encuentran sin embargo sustraídas al control de conformidad con la Constitución aquellas estipulaciones del tratado que retoman acuerdos anteriormente suscritos por Francia;
     
  • SOBRE LAS ESTIPULACIONES RELATIVAS AL “PACTO PRESUPUESTARIO”
     
  1. Considerando, de una parte, que según el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución: “El Gobierno determinará y dirigirá la política de la Nación”; que el primer párrafo de su artículo 39 dispone que “la iniciativa legislativa pertenece conjuntamente al Primer Ministro y a los miembros del Parlamento”;
     
  2. Considerando, de otra parte, que el artículo 14 de la Declaración de 1789 proclama que “todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración”; que, de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Declaración de 1789, los recursos y las cargas del Estado deben ser presentadas de forma veraz; que el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución dispone: “El Parlamento vota la ley. Controla la acción del Gobierno. Evalúa las políticas públicas”; que los primeros párrafos de sus artículos 47 y 47-1 prevén que el Parlamento vota los proyectos de ley de presupuestos y los proyectos de ley de financiación de la seguridad social en las condiciones previstas por una ley orgánica; que a los términos de los párrafos decimooctavo, decimonoveno, vigesimoprimero y vigesimosegundo de su artículo 34: “Las leyes de Presupuestos establecerán los ingresos y los gastos del Estado en las condiciones y con las reservas establecidas por una ley orgánica.
     
    “Las leyes de financiación de la seguridad social determinarán las condiciones generales de su equilibrio financiero y, teniendo en cuenta sus previsiones de ingresos, fijarán sus objetivos de gasto, del modo y con los límites previstos en una ley orgánica.
    “Las orientaciones plurianuales de los presupuestos públicos serán definidas por leyes de programación. Se inscribirán dentro del objetivo de equilibrio de las cuentas de las administraciones públicas.
    “Las disposiciones del presente artículo podrán ser concretadas y completadas por una ley orgánica”;
     
  • En lo que concierne a las reglas de equilibrio de los presupuestos públicos
     
  1. Considerando que el parágrafo 1 del artículo 3 del tratado refuerza las reglas de disciplina presupuestaria de los Estados contratantes previendo que además de sus obligaciones derivadas del derecho de la Unión europea, los Estados se comprometen a que la situación presupuestaria de sus administraciones públicas sea equilibrada o excedentaria; que el apartado b) de este parágrafo 1 define esta situación como esta en la que el “el saldo estructural anual de las administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, definido en el pacto de estabilidad y crecimiento revisado, con un límite inferior de déficit estructural del 0,5 % del producto interior bruto a precios de mercado”; que prevé que las partes velaran por asegurar una convergencia rápida hacia este objetivo según un calendario que “será propuesto por la Comisión europea”; que los apartados c) y d) de este mismo parágrafo 1 definen los casos y las condiciones en las que la exigencia de convergencia hacia este objetivo puede ser relajado, sea temporalmente en caso de “circunstancias excepcionales”, sea, con el límite de un déficit estructural del 1% como máximo, “cuando la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercado esté muy por debajo del 60 %” y cuando “los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas sean bajos”; que el apartado e) prevé “un mecanismo de corrección”, en caso de desviaciones significativas “en relación con el objetivo a medio plazo o de la senda de ajuste tendente a permitir su consecución”, que impone al Estado contratante “ejecutar las medidas tendentes a corregir estas desviaciones en un plazo temporal determinado”;
     
  2. Considerando que Francia esta ya, ahora, obligada a respetar las exigencias que se derivan del artículo 126 del tratado sobre el funcionamiento de la Unión europea, relativo a la lucha contra los déficits excesivos de los Estados, así como del protocolo nº 12, anexo a los tratados sobre la Unión europea, sobre el procedimiento aplicable a los déficits excesivos; que estas exigencias incluyen un valor de referencia fijado en el 3% para la relación entre el déficit público previsto o efectivo y el producto interior bruto a precio de mercado;
     
  3. Considerando que el citado reglamento de 7 de julio de 1997, modificado por los citados reglamentos de 27 de junio de 2005 y de 16 de noviembre de 2011, fija a -1% del producto interior bruto el objeto de medio plazo de saldo estructural; que las estipulaciones del parágrafo 1 del artículo 3 del tratado retoman las disposiciones previstas por estos reglamentos y reducen, además, del - 1% al - 0,5 del producto interior bruto este objetivo de medio plazo; que así, estas estipulaciones retoman, reforzándolas, las disposiciones que aplican el compromiso de los Estados miembros de la Unión europea de coordinar sus políticas económicas en aplicación de los artículos 120 a 126 del tratado sobre el funcionamiento de la Unión europea; que no consagran transferencias de competencias en materia de política económica o presupuestaria y no autorizan tales transferencias; que, por más que los compromisos anteriores de disciplina presupuestaria, este de respetar estas nuevas reglas no atenta contra las condiciones esenciales de ejercicio de la soberanía nacional;
     
  • En lo que concierne a la entrada en vigor en el derecho nacional de las reglas de equilibrio de los presupuestos públicos.
     
  1. Considerando que según el parágrafo 2 del artículo 3 del tratado: “Las normas establecidas en el apartado 1 se incorporarán al Derecho nacional de las Partes Contratantes a más tardar un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional, o cuyo respeto y cumplimiento estén de otro modo plenamente garantizados a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales. Las Partes Contratantes establecerán a escala nacional el mecanismo corrector mencionado en el apartado 1, letra e), sobre la base de los principios comunes propuestos por la Comisión Europea, relativos en particular a la naturaleza, el alcance y el calendario de la medida correctora que se adopte, igualmente en caso de circunstancias excepcionales, y a la función e independencia de las instituciones responsables a escala nacional de supervisar la observancia de las normas establecidas en el apartado 1. Dicho mecanismo corrector respetará plenamente las prerrogativas de los Parlamentos nacionales”;
     
  2. Considerando que, desde el momento en que Francia hubiera ratificado el tratado y que éste hubiera entrado en vigor, las reglas que figuran en el parágrafo 1 del artículo 3 se le impondrían; que Francia estará vinculada, en aplicación de la regla “Pacta sunt servanda”, por estas estipulaciones que deberá aplicar de buena fé; que la situación presupuestaria de las administraciones públicas deberá ser equilibrada o excedentaria en las condiciones previstas por el tratado; que tendrá, en aplicación del artículo 55 de la Constitución, una autoridad superior a esta de las leyes; que corresponderá a los distintos órganos del Estado velar en el cuadro de sus competencias respectivas para la aplicación de este tratado; que el legislador estará especialmente obligado a respetar las estipulaciones con ocasión de las leyes de presupuestos y de las leyes de financiación de la seguridad social; que el parágrafo 2 del artículo 3 impone, además, que sean adoptadas disposiciones en el derecho nacional para que las reglas enunciadas en el parágrafo 1 de este artículo surtan efecto;
     
  3. Considerando que las estipulaciones del parágrafo 2 del artículo 3 comportan una alternativa según la que los Estados contratantes se comprometen a que las reglas enunciadas en el parágrafo 1 del artículo 3 surtan efecto en su derecho nacional, sea, “mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional”, sea mediante disposiciones “cuyo pleno respeto y estricto cumplimiento estén de otro modo plenamente garantizados a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales”;
     
  4. Considerando que, en la primera opción de esta alternativa, las reglas relativas al equilibrio de los presupuestos públicos deben surtir efecto mediante “disposiciones vinculantes y permanentes”; que esta opción impone introducir estas reglas en el orden jurídico interno a fin de que se impongan por consiguiente a las leyes de presupuestos y a las leyes de financiación de la seguridad social;
     
  5. Considerando que la Constitución fija las prerrogativas del Gobierno y del Parlamento en la elaboración y la adopción de las leyes de presupuestos y de las leyes de financiación de la seguridad social; que el principio de anualidad de las leyes de presupuestos deriva de los artículos 34 y 47 de la Constitución y se aplica en el marco del año natural; que introducir directamente disposiciones vinculantes y permanentes que imponen el respecto de las reglas relativas al equilibrio de los presupuestos públicos exige la modificación de estas disposiciones constitucionales; que, en consecuencia, si Francia elige incorporar las reglas enunciadas en el parágrafo 1 del artículo 3 mediante disposiciones vinculantes y permanentes, la autorización de ratificar el tratado deberá ser precedida de una revisión de la Constitución;
     
  6. Considerando que, en la segunda opción de la alternativa, las estipulaciones citadas dan a los Estados la libertad de determinar las disposiciones cuyo pleno respeto y estricta observancia garanticen “de cualquier otra forma” que las reglas relativas al equilibro de los presupuestos públicos surten efectos en el derecho nacional; que, en este caso, el respeto de las reglas que figuran en el parágrafo 1 del artículo 3 no está garantizado por disposiciones “vinculantes”; que, de una parte, corresponde a los Estados determinar, a fin de respetar su compromiso, las disposiciones que tengan el efecto impuesto por el parágrafo 2; que, de otra parte, el tratado prevé que el respeto de las reglas que figuran en el parágrafo 1 del artículo 3 no está entonces garantizando en el derecho nacional mediante una norma de una autoridad superior a la de las leyes;
     
  7. Considerando que esta segunda opción de la alternativa implica que las disposiciones adoptadas para asegurar la vigencia de las estipulaciones del parágrafo 1 del artículo 3 se aplican “a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales”; que deben ser entonces de naturaleza permanente; que deben además concernir al conjunto de las “administraciones públicas”;
     
  8. Considerando que el citado párrafo vigesimosegundo del artículo 34 de la Constitución permite que las disposiciones de naturaleza orgánica sean adoptadas para fijar el marco de las leyes de programación relativas a las orientaciones plurianuales de los presupuestos públicos; que, sobre este fundamento y sobre el de los citados párrafos decimooctavo y decimonoveno del artículo 34 en lo que concierne a las leyes de presupuestos y a las leyes de financiación de la seguridad social, el legislador orgánico puede, para que las reglas enunciadas en el parágrafo 1 del artículo 3 del tratado surtan efecto en las condiciones previstas por esta segunda opción de la alternativa, adoptar disposiciones que enmarquen estas leyes relativas, especialmente, al objeto de medio plazo así que a la trayectoria de ajuste de la situación presupuestaria de las administraciones públicas, al mecanismo de corrección de esta última y a las instituciones independientes que intervienen a lo largo del procedimiento presupuestario;
     
  9. Considerando que el “mecanismo de corrección” previsto por el apartado e) del parágrafo 1 previamente citado, que los Estados se comprometen a establecer, debe ser “activado automáticamente si se constatan desviaciones significativas del objetivo a medio plazo o de la senda de ajuste tendente a permitir su consecución” y debe comportar “la obligación de la Parte Contratante de que se trate de aplicar medidas para corregir las desviaciones en un plazo de tiempo determinado”; que las estipulaciones del tratado implican que la aplicación de este mecanismo de corrección conduzca a medidas que afectan al conjunto de las administraciones públicas, especialmente al Estado, las colectividades territoriales y la seguridad social; que estas estipulaciones no definen ni las modalidades según las cuales este mecanismo debe ser activado ni las medidas que su activación debe producir; que dejan por consiguiente a los Estados la libertad de definir estas modalidades y estas medidas con respeto de sus reglas constitucionales; que deriva de la última frase del parágrafo 2 que este mecanismo de corrección no puede atentar contra las prerrogativas de los parlamentos nacionales; que no es contrario ni a la libre administración de las colectividades territoriales ni a las citadas exigencias constitucionales;
     
  10. Considerando que las instituciones independientes previstas por el tratado deben verificar el respeto del conjunto de las reglas que figuran en el parágrafo 1 del artículo 3; que su dictamen versará sobre el respeto de las reglas de equilibrio presupuestario y, en su caso, sobre el mecanismo de corrección “activado automáticamente”; que ninguna exigencia constitucional impide que una o varias instituciones independientes sean encargadas, en el plano nacional, para verificar el respeto de las reglas enunciadas en el parágrafo 1 del artículo 3 del tratado;
     
  11. Considerando que el Consejo constitucional está encargado de controlar la conformidad de las leyes de programación relativas a las orientaciones plurianuales de presupuestos públicos, de las leyes de presupuestos y de las leyes de financiación de la seguridad social con la Constitución; que, requerido en el marco del artículo 61 de la Constitución, debe asegurarse especialmente de la veracidad de estas leyes; que deberá ejercer este control tomando el consideración el dictamen de las instituciones independientes previamente establecidas;
     
  12. Considerando que resulta de todo lo que precede que, si, para respetar el compromiso enunciado en el parágrafo 1 del artículo 3, Francia elige adoptar, sobre el fundamento de la segunda opción de la alternativa incluida en la primera frase del parágrafo 2 del artículo 3, disposiciones orgánicas que tenga el efecto impuesto por este parágrafo 2, la autorización de ratificar el tratado no debe ser precedida de una revisión de la Constitución;
     
  • En lo que concierne al artículo 8:
     
  1. Considerando que el artículo 8 define los casos y las condiciones en los que, tras un informe de la Comisión europea que concluye que una parte no ha respetado el parágrafo 2 del artículo 3, el Tribunal de justicia de la Unión europea puede ser requerido por una o por varias partes contratantes del Tratado; que la última frase del parágrafo 1 del artículo 8 dispone que “la sentencia del Tribunal de Justicia será vinculante para las partes en el procedimiento, que adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia en el plazo que decida dicho Tribunal”; que en el caso de que se incumplan las prescripciones del Tribunal, éste puede ser todavía requerido por una parte contratante del tratado a fin de acordar sanciones financieras contra aquél Estado;
     
  2. Considerando que, no imponiendo el parágrafo 2 del artículo 3 que se proceda a una revisión de la Constitución, las estipulaciones del artículo 8 no tienen por efecto habilitar al Tribunal de justicia de la Unión Europea para apreciar, en este marco, la conformidad de las disposiciones de la Constitución a las estipulaciones del presente tratado; que, por consiguiente, si Francia decide conferir efectos jurídicos a las reglas enunciadas en el parágrafo 1 del artículo 3 del tratado según las modalidades derivadas de la segunda opción de la alternativa de la primera frase del parágrafo 2 del artículo 3, el artículo 8 no atenta contra las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional;
     
  • En lo que concierne a los restantes artículos del título III:
     
  1. Considerando que el artículo 4 es relativo al déficit excesivo debido al no respeto del criterio de la deuda; que no comporta ninguna cláusula contraria a la Constitución;
     
  2. Considerando que el artículo 5 instaura una obligación para una parte contratante que sea objeto de un procedimiento de déficit excesivo de establecer un programa de colaboración presupuestaria y económica sometido a la aprobación del Consejo de la Unión europea y de la Comisión; que la existencia de tal programa no tiene consecuencias vinculantes sobre el derecho interno;
     
  3. Considerando que el artículo 6 prevé que las partes contratantes informan con antelación al Consejo de la Unión europea y a la Comisión europea de indicaciones sobre sus planes de emisión de deuda pública; que solamente instaura una obligación de información;
     
  4. Considerando que el artículo 7 estipula que las partes contratantes se comprometen a apoyar las proposiciones o recomendaciones sometidas por la Comisión europea cuando ésta estima que un Estado no respeta el criterio del déficit; excepto si una mayoría cualificada de los Estados se opone a la decisión propuesta o recomendada; que comporta un simple compromiso para aplicar una regla de mayoría más vinculante que la prevista por el derecho de la Unión europea en el marco del compromiso del procedimiento que atañe a los déficits excesivos; que esta modificación de las reglas de decisión aplicables no sustituye a la regla de unanimidad;
     
  • SOBRE LAS OTRAS ESTIPULACIONES DEL TRATADO:
     
  1. Considerando que las estipulaciones del título IV, sobre la coordinación de las políticas económicas y la convergencia, comportan compromisos relativos a medidas de aplicación de los tratados sobre los que se ha fundado la Unión europea; que las estipulaciones del título V, sobre la gobernanza de la zona euro, comportan de igual manera compromisos sobre esta gobernanza; que ninguna de estas estipulaciones contienen una cláusula vinculante novedosa que se sumara a las cláusulas contenidas en los tratados relativos a la Unión europea y fuera contraria a la Constitución;
     
  • SOBRE EL CONJUNTO DEL TRATADO:
     
  1. Considerando que, por los motivos anteriormente enunciados, en las condiciones definidas en los considerandos 21, 28 y 30, el tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza en el seno de la Unión económica y monetaria no contiene cláusula contraria a la Constitución,
     
     
    DECIDE
     
    Artículo 1º.- En las condiciones definidas en los considerandos 21, 28 y 30, el tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza en el seno de la Unión económica y monetaria, firmado el 2 de marzo de 2012, no contiene cláusula contraria a la Constitución.
     
    Artículo 2.- La presente decisión será notificada al Presidente de la República y publicada en el Diario oficial de la República francesa.
     
    Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 9 de agosto de 2012 en la que estaban presentes: don Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, don Jacques BARROT, doña Claire BAZY MALAURIE, los señores Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, y los señores Hubert HAENEL y Pierre STEINMETZ.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.16. Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
  • 1.5.16.1. Principe de participation de la République aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)
  • 1.5.16.1.1. Affirmation de la spécificité de l'ordre juridique communautaire ou de l'Union européenne

La République française participe à l'Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la Constitution. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.
Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres.
Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 8, 9, 10, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.7. Article 34 - Domaine de la loi

Le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 24, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.2. Principe d'annualité
  • 6.1.2.1. Contenu

Le vingt-deuxième alinéa précité de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques. Sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième alinéas précités de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative prévue par la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 13, 24, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.6. Principe d'équilibre
  • 6.1.6.1. Contenu

Le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques. Sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième alinéas de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative prévue par la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 24, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.7. Principe de sincérité
  • 6.1.7.1. Loi de finances
  • 6.1.7.1.2. Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

Conformément aux articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789, les ressources et les charges de l'État doivent être présentées de façon sincère.
Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prévoit que des institutions indépendantes doivent vérifier le respect de l'ensemble des règles d'équilibre des finances publiques figurant au paragraphe 1 de l'article 3 du traité. Leur avis portera sur le respect des règles d'équilibre budgétaire et, le cas échéant, sur le mécanisme de correction " déclenché automatiquement ". Aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une ou plusieurs institutions indépendantes soient chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité.
Le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité à la Constitution des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, il doit notamment s'assurer de la sincérité de ces lois. Il aura à exercer ce contrôle en prenant en compte l'avis des institutions indépendantes préalablement mises en place.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 13, 26, 27, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL
  • 7.1.1. Droit public international
  • 7.1.1.1. Pacta sunt servanda

Sont soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations d'un traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France.
Saisi par le Président de la République sur le fondement de l'article 54 de la Constitution du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012 à Bruxelles, le Conseil rappelle que la France est d'ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des Etats ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l'Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs. Ces exigences incluent une valeur de référence fixée à 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut au prix du marché.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 11, 15, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de - 1 % à - 0,5% du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dès lors que la France aura ratifié le traité et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 s'imposeront à elle. La France sera, en application de la règle " Pacta sunt servanda ", liée par ces stipulations qu'elle devra appliquer de bonne foi. La situation budgétaire des administrations publiques devra être en équilibre ou en excédent dans les conditions prévues par le traité.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 16, 18, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.1. Fondements du contrôle
  • 7.2.4.1.1. Contrôle direct (article 54 C)

Saisi par le Président de la République sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, le Conseil a examiné le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire a été signé le 2 mars 2012 à Bruxelles et a estimé qu'il ne comportait pas de clause contraire à la Constitution.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 1, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.5. Normes de référence du contrôle
  • 7.2.4.5.2. Normes de référence prises en compte
  • 7.2.4.5.2.1. Principe

Saisi par le Président de la République sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles, le Conseil constitutionnel rappelle les normes de référence du contrôle qu'il lui appartient d'exercer lorsqu'il est saisi sur ce fondement : le préambule de la Constitution de 1958, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1958 les quatorzième et quinzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946, l'article 53 de la Constitution et l'article 88-1 de la Constitution.
Lorsque des engagements souscrits afin de créer ou de développer l'Union européenne ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.
C'est au regard de ces principes qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire qui, " prenant pour base " les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, n'est pas au nombre de ces traités. Sont toutefois soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations du traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France.
S'agissant en outre d'un traité qui instaure des règles de discipline budgétaire et d'équilibre des finances publiques, le Conseil fonde spécialement le contrôle de la conformité du traité à la Constitution sur le premier alinéa de l'article 20 de la Constitution, le premier alinéa de son article 39, l'article 14 de la Déclaration de 1789, le principe de sincérité des lois de finances, les articles 47 et 47-1 de la Constitution ainsi que les alinéas 18, 19, 21 et 22 de l'article 34 de la Constitution.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.1. Contrariété à la Constitution où à des droits et libertés constitutionnellement garantis
  • 7.2.5.1.1.7. Prérogatives du Gouvernement et du Parlement dans l'élaboration et l'adoption des lois de finances

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de - 1 % à - 0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 comportent une alternative selon laquelle les États contractants s'engagent à ce que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 prennent effet dans leur droit national, soit " au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles ", soit au moyen de dispositions " dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ".
Dans la première branche de cette alternative, les règles relatives à l'équilibre des finances publiques doivent prendre effet au moyen de " dispositions contraignantes et permanentes ". Cette option impose d'introduire directement ces règles dans l'ordre juridique interne afin qu'elles s'imposent par là même aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale.
La Constitution fixe les prérogatives du Gouvernement et du Parlement dans l'élaboration et l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Le principe de l'annualité des lois de finances découle des articles 34 et 47 de la Constitution et s'applique dans le cadre de l'année civile. Introduire directement des dispositions contraignantes et permanentes imposant le respect des règles relatives à l'équilibre des finances publiques exige la modification de ces dispositions constitutionnelles. En conséquence, si la France fait le choix de faire prendre effet aux règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, l'autorisation de ratifier le traité devra être précédée d'une révision de la Constitution.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 19, 20, 21, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.15. Equilibre des finances publiques

La France est d'ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des États, ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l'Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs. Ces exigences incluent une valeur de référence fixée à 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché.
Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de - 1 % à - 0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles ne procèdent pas à des transferts de compétences en matière de politique économique ou budgétaire et n'autorisent pas de tels transferts. Pas plus que les engagements antérieurs de discipline budgétaire, celui de respecter ces nouvelles règles ne porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 15, 16, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de - 1 % à - 0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dès lors que la France aura ratifié le traité et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 s'imposeront à elle. La France sera, en application de la règle " Pacta sunt servanda ", liée par ces stipulations qu'elle devra appliquer de bonne foi. La situation budgétaire des administrations publiques devra être en équilibre ou en excédent dans les conditions prévues par le traité. Celui-ci aura, en application de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois. Il appartiendra aux divers organes de l'État de veiller dans le cadre de leurs compétences respectives à l'application de ce traité. Le législateur sera notamment tenu d'en respecter les stipulations lors de l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Le paragraphe 2 de l'article 3 impose, en outre, que soient adoptées des dispositions dans le droit national pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de cet article prennent effet.
Les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 comportent une alternative selon laquelle les États contractants s'engagent à ce que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 prennent effet dans leur droit national, soit " au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles ", soit au moyen de dispositions " dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ".
Dans la seconde branche de l'alternative, les stipulations précitées donnent aux États la liberté de déterminer les dispositions dont le plein respect et la stricte observance garantissent " de quelque autre façon " que les règles relatives à l'équilibre des finances publiques prennent effet dans le droit national. Dans ce cas, le respect des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 n'est pas garanti par des dispositions " contraignantes ". D'une part, il revient aux États de déterminer, aux fins de respecter leur engagement, les dispositions ayant l'effet imposé par le paragraphe 2. D'autre part, le traité prévoit que le respect des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 n'est alors pas garanti dans le droit national au moyen d'une norme d'une autorité supérieure à celle des lois.
Cette seconde branche de l'alternative implique que les dispositions adoptées pour assurer la prise d'effet des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 s'appliquent " tout au long des processus budgétaires ". Elles doivent donc être de nature permanente. Elles doivent en outre concerner l'ensemble des " administrations publiques ".
Le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques. Sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième alinéas de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative, adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire.
Le " mécanisme de correction " prévu par le e) du paragraphe 1 de l'article 3 du traité, que les États s'engagent à mettre en place, doit être " déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation " et doit comporter " l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée ". Les stipulations du traité impliquent que la mise en œuvre de ce mécanisme de correction conduise à des mesures concernant l'ensemble des administrations publiques, notamment l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Ces stipulations ne définissent ni les modalités selon lesquelles ce mécanisme doit être déclenché ni les mesures à la mise en œuvre desquelles il doit conduire. Elles laissent par suite aux États la liberté de définir ces modalités et ces mesures dans le respect de leurs règles constitutionnelles. Il ressort de la dernière phrase du paragraphe 2 que ce mécanisme de correction ne peut porter atteinte aux prérogatives des parlements nationaux. Il n'est contraire ni à la libre administration des collectivités territoriales ni aux exigences constitutionnelles précitées.
Les institutions indépendantes prévues par le traité doivent vérifier le respect de l'ensemble des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3. Leur avis portera sur le respect des règles d'équilibre budgétaire et, le cas échéant, sur le mécanisme de correction " déclenché automatiquement ". Aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une ou plusieurs institutions indépendantes soient chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité.
Le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité à la Constitution des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, il doit notamment s'assurer de la sincérité de ces lois. Il aura à exercer ce contrôle en prenant en compte l'avis des institutions indépendantes préalablement mises en place.
Il résulte de tout ce qui précède que, si, pour respecter l'engagement énoncé au paragraphe 1 de l'article 3, la France fait le choix de prendre, sur le fondement de la seconde branche de l'alternative de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, des dispositions organiques ayant l'effet imposé par ce paragraphe 2, l'autorisation de ratifier le traité ne devra pas être précédée d'une révision de la Constitution.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.16. Compétence de la Cour de justice de l'Union européenne

L'article 8 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire définit les cas et conditions dans lesquels, à la suite d'un rapport de la Commission européenne qui conclut qu'une partie n'a pas respecté le paragraphe 2 de l'article 3 du traité, la Cour de justice de l'Union européenne peut être saisie par une ou plusieurs parties au traité. La dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 8 dispose que " l'arrêt de la Cour de justice est contraignant à l'égard des parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice ". En cas de méconnaissance des prescriptions de la Cour, celle-ci peut encore être saisie par une partie au traité afin de prononcer des sanctions financières contre cet État.
Le paragraphe 2 de l'article 3 du traité n'imposant pas qu'il soit procédé à une révision de la Constitution, les stipulations de l'article 8 n'ont pas pour effet d'habiliter la Cour de justice de l'Union européenne à apprécier, dans ce cadre, la conformité de dispositions de la Constitution aux stipulations du présent traité. Par suite, si la France décide de faire prendre effet aux règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité selon les modalités fixées à la seconde branche de l'alternative de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, l'article 8 ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 29, 30, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.2. Primauté des traités et accords (article 55)
  • 7.3.2.2. Force obligatoire des traités et accords internationaux en vigueur

Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles reprennent les dispositions prévues par les règlements européens du 7 juillet 1997 modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011. Ces stipulations abaissent, en outre, de - 1 % à - 0,5 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel. Ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dès lors que la France aura ratifié le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 du traité s'imposeront à elle. Le traité aura, en application de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois. Il appartiendra aux divers organes de l'État de veiller dans le cadre de leurs compétences respectives à l'application de ce traité. Le législateur sera notamment tenu d'en respecter les stipulations lors de l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 16, 18, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.2. Spécificité des fondements constitutionnels
  • 7.4.2.1. Participation de la France aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)

La République française participe à l'Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la Constitution. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.
Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres.
Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 8, 9, 10, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.3. Libre administration des collectivités territoriales
  • 14.1.3.2. Absence de violation du principe

Le e) du paragraphe 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles prévoit que les États s'engagent à mettre en place un mécanisme de correction qui doit être " déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation " et doit comporter " l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée ". Les stipulations du traité impliquent que la mise en œuvre de ce mécanisme de correction conduise à des mesures concernant l'ensemble des administrations publiques, notamment l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Ce mécanisme n'est pas contraire à la libre administration des collectivités territoriales.

(2012-653 DC, 09 Agosto 2012, cons. 25, Journal officiel du 11 août 2012, page 13283, texte n° 70)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, Règlement (CE) n° 1466/97 (version consolidée), Loi n° 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, Saisine par Président de la République, Références doctrinales.