Sentencia n° 2012-647 DC de 28 de Febrero de 2012

El Consejo Constitucional ha sido requerido, en las condiciones previstas en el artículo 61 de la Constitución, segundo párrafo, de la Constitución, de la Ley que pretende reprimir el negacionismo de la existencia de genocidios reconocidos por ley, el 31 de enero de 2012, por los señores Jacques MYARD, Michel DIEFENBACHER, Jean AUCLAIR, Jean-Paul BACQUET, Jean BARDET, Christian BATAILLE, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Christophe BOUILLON, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Pascal BRINDEAU, Yves BUR, Christophe CARESCHE, Gilles CARREZ, Gérard CHARASSE, Jean-Louis CHRIST, Pascal CLÉMENT, François CORNUT-GENTILLE, René COUANAU, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, doña Sophie DELONG, don Jean-Louis DUMONT, las señoras Cécile DUMOULIN, Marie-Louise FORT, los señores Yves FROMION, Jean-Paul GARRAUD, Daniel GARRIGUE, Claude GATIGNOL, Hervé GAYMARD, Paul GIACOBBI, Franck GILARD, Jean-Pierre GORGES, François GOULARD, doña  Arlette GROSSKOST, los señores Michel HEINRICH, Antoine HERTH, doña Françoise HOSTALIER, los señores Denis JACQUAT, Yves JÉGO, Jérôme LAMBERT, Jacques LAMBLIN, doña Laure de LA RAUDIÈRE, los señores Jacques LE GUEN, Apeleto Albert LIKUVALU, Jean-François MANCEL, Alain MARTY, Didier MATHUS, Jean-Philippe MAURER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Jean-Marc NESME, Michel PIRON, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie ROLLAND, Daniel SPAGNOU, Eric STRAUMANN, Lionel TARDY, André WOJCIECHOWSKI, así como por los señores Abdoulatifou ALY, Jean-Paul ANCIAUX, Paul DURIEU, las señoras Sylvia PINEL, Chantal ROBIN-RODRIGO, don Philippe VIGIER y el 2 de febrero de 2012, por don Gwendal ROUILLARD, doña Laurence DUMONT, los señores Jean MICHEL, Jack LANG et doña Dominique ORLIAC, diputados;
 
Y el mismo día por don Jacques MÉZARD, doña Leila AÏCHI, los señores Nicolas ALFONSI, Alain ANZIANI, doña Aline ARCHIMBAUD, los señores Bertrand AUBAN, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, doña Esther BENBASSA, don Michel BILLOUT, las señoras Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, los señores Didier BOULAUD, Christian BOURQUIN, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Christian COINTAT, Yvon COLLIN, Pierre-Yves COLLOMBAT, doña Hélène CONWAY-MOURET, los señores Ronan DANTEC, Jean-Pierre DEMERLIAT, Marcel DENEUX, Yves DÉTRAIGNE, Claude DILAIN, doña Muguette DINI, los señores André DULAIT, Jean-Léonce DUPONT, las señoras Josette DURRIEU, Anne-Marie ESCOFFIER, don Alain FAUCONNIER, doña Françoise FÉRAT, los señores François FORTASSIN, Alain FOUCHÉ, Christian-André FRASSA, René GARREC, Patrice GÉLARD, Gaëtan GORCE, las señoras Nathalie GOULET, Jacqueline GOURAULT, Sylvie GOY-CHAVENT, los señores François GROSDIDIER, Robert HUE, Jean-Jacques HYEST, Pierre JARLIER, las señoras Fabienne KELLER, Bariza KHIARI, Virginie KLÈS, don Joël LABBÉ, doña Françoise LABORDE, don Jean-René LECERF, doña Claudine LEPAGE, los señores Jeanny LORGEOUX, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART, Philippe MADRELLE, Jean-Pierre MICHEL, doña Catherine MORIN-DESAILLY, los señores Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-Jacques PIGNARD, François PILLET, Jean-Vincent PLACÉ, Jean-Pierre PLANCADE, Christian PONCELET, Hugues PORTELLI, doña Gisèle PRINTZ, los señores Roland RIES, Gilbert ROGER, Yves ROME, Robert TROPEANO, Raymond VALL, Jean-Marie VANLERENBERGHE, François VENDASI, Jean-Pierre VIAL, André VILLIERS, Richard YUNG, así como por don Michel BERSON, el 2 de febrero de 2012, por los señores Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Claude MERCERON, Jean-Jacques LASSERRE y el 3 de febrero de 2012, por don Jean-Jacques LOZACH, senadores.
 
 
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL
 
Vista la Constitución;
 
Vista el decreto legislativo nº 58-1067 de 7 de noviembre de 1958, modificado, relativo a la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional;
 
Vista la ley de 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa;
 
Visto el código penal;
 
Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 15 de febrero de 2012;
 
Vistas las alegaciones en réplica presentadas por los diputados recurrentes, registradas el día 21 de febrero de 2012;
 
Tras haber escuchado al ponente;
 

1. Considerando que los diputados y senadores recurrentes cuestionan ante el Consejo constitucional la ley que pretende reprimir el negacionismo de la existencia de genocidios reconocidos por ley;
    
2. Considerando que el artículo primero de la ley impugnada inserta en la ley de 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa un artículo 24 ter; que este artículo castiga, a título principal, con una pena de un año de prisión y 45.000 euros de multa a aquéllos que “han negado o minimizado de forma indignante”, cualquiera que sea los medios de expresión o de comunicación públicos empleados, “la existencia de uno o varios crímenes de genocidio definidos en el artículo 211-1 del código penal y reconocidos como tales por ley francesa”; que el artículo de la 2 de la ley cuestionada modifica el artículo 48-2 de la misma ley de 29 de julio de 1881; que extiende el derecho reconocido a ciertas asociaciones de constituirse como parte civil, en particular para extraer las consecuencias de la creación de esta nueva incriminación;
    
3. Considerando que, según los autores de los recursos, la ley impugnada desconoce la libertad de expresión y de comunicación proclamada por el artículo 11 de la Declaración de derechos y del hombre y del ciudadano de 1789, así como el principio de legalidad de los delitos y de las penas que deriva del artículo 8 de esta Declaración; que reprimiendo únicamente, de una aparte, los genocidios reconocidos por ley francesa, y de otra, los genocidios con exclusión de otros crímenes contra la humanidad, estas disposiciones desconocen igualmente el principio de igualdad;  que los diputados recurrentes hacen valer además que el legislador ha desconocido su propia competencia y el principio de separación de poderes proclamado por el artículo 16 de la Declaración de 1789; que sería igualmente desconocido el principio de necesidad de las penas proclamado por el artículo 8 de la Declaración de 1789, la libertad de investigación así como el principio resultante del artículo 4 de la Constitución según el cual los partidos ejercen su actividad libremente;
    
4. Considerando, de una parte, que, según el artículo 6 de la Declaración de 1789: “La ley es la expresión de la voluntad general…”; que resulta de este artículo, así como del conjunto de otras normas de valor constitucional relativas al objeto de la ley, que bajo reserva de disposiciones específicas previstas por la Constitución, la ley tiene vocación de enunciar reglas y debe por consiguiente, revestir un alcance normativo;
    
5. Considerando que, de otra parte, según el artículo 11 de la Declaración de 1789: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por ley”; que el artículo 34 de la Constitución dispone: “La ley fijará las normas sobre… los derechos cívicos y las garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas”; que, con este fundamento, le está permitido al legislador aprobar reglas sobre el ejercicio de la libre comunicación y de la posibilidad de hablar, escribir e imprimir; que le es igualmente posible, con este título, prever incriminaciones que repriman el abuso del ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación que atenten contra el orden público y los derechos de terceras personas; que, sin embargo, la libertad de expresión y de comunicación es tan valiosa que su ejercicio es una condición de la democracia y una de las garantías del respeto de otros derechos y libertades; que las restricciones que limitan el ejercicio de esta libertad deben ser necesarias, adaptadas y proporcionadas respecto del fin perseguido;
    
6. Considerando que una disposición legislativa que tiene por objeto “reconocer” un crimen de genocidio no podría, en sí misma, ser revestida del alcance normativo que se vincula a la ley; que, sin embargo, el artículo 1 de la ley impugnada castiga la negación o la minimización de la existencia de uno o de varios crímenes de genocidio “reconocidos como tales por ley francesa”; que reprimiendo así el negacionismo de la existencia y de la calificación jurídica de crímenes que habría él mismo reconocido y calificado como tales, el legislador ha incurrido en un atentado inconstitucional contra el ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación; que, por ello, y sin que sea preciso examinar los restantes alegatos, el artículo primero de la ley impugnada debe ser declarado contrario a la Constitución; que su artículo 2, que no es separable del anterior, debe ser igualmente declarado contrario a la Constitución,
    
   DECIDE
    
   Artículo 1º.- La ley que pretende reprimir el negacionismo de la existencia de genocidios reconocidos por ley es contraria a la Constitución.
    
   Artículo 2.- La presente decisión será publicada en el Diario oficial de la República francesa.
    
   Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 28 de febrero de 2012 en la que estaban presentes: don Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, don Jacques BARROT, doña Claire BAZY MALAURIE, los señores Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING y Pierre STEINMETZ.