Sentencia

Sentencia n° 2011-625 DC de 10 de Marzo de 2011

Ley de orientación y de programación para la actuación de la seguridad interior

El Consejo Constitucional ha sido requerido, en las condiciones previstas en el segundo párrafo del artículo 61, de la Constitución, sobre la ley de orientación y programación para la actuación de la seguridad interior, el 15 de febrero de 2011, por don Jean-Marc AYRAULT, doña Sylvie ANDRIEUX, los señores Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, las señoras Delphine BATHO, Marie-Noëlle BATTISTEL, los señores Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, las señoras Marie-Odile BOUILLÉ, Monique BOULESTIN, los señores Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Thierry CARCENAC, Guy CHAMBEFORT, Jean-Michel CLÉMENT, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, doña Pascale CROZON, los señores Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, François DELUGA, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Louis DUMONT, doña Laurence DUMONT, los señores Jean-Paul DUPRÉ, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Hervé FÉRON, Pierre FORGUES, doña Valérie FOURNEYRON, M. Jean-Louis GAGNAIRE, doña Geneviève GAILLARD, los señores Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, doña Élisabeth GUIGOU, don David HABIB, las señoras Danièle HOFFMAN-RISPAL, Sandrine HUREL, Françoise IMBERT, los señores Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, doña Marietta KARAMANLI, los señores Jérôme LAMBERT, Jack LANG, doña Colette LANGLADE, M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, doña Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, las señoras Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, los señores Bernard LESTERLIN, Albert LIKUVALU, François LONCLE, Jean MALLOT, las señoras Jeanny MARC, Marie-Lou MARCEL, los señores Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, doña Frédérique MASSAT, don Didier MATHUS, doña Sandrine MAZETIER, los señores Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Henri NAYROU, Alain NÉRI, doña George PAU-LANGEVIN, los señores Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, las señoras Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Martine PINVILLE, los señores Philippe PLISSON, François PUPPONI, doña Catherine QUÉRÉ, los señores Jean-Jack QUEYRANNE, Dominique RAIMBOURG, Simon RENUCCI, René ROUQUET, Alain ROUSSET, Michel SAPIN, Jean-Louis TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, André VÉZINHET, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, doña Marie-Hélène AMIABLE, don François ASENSI, doña Martine BILLARD, los señores Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, doña Marie-George BUFFET, los señores Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, doña Jacqueline FRAYSSE, los señores André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXÈS, Yves COCHET, Noël MAMÈRE, François de RUGY, las señoras Anny POURSINOFF, Huguette BELLO y don Alfred MARIE-JEANNE, diputados,

y, el mismo día, por don Jean-Pierre BEL, las señoras Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, los señores Serge ANDREONI, Bernard ANGELS, Alain ANZIANI, David ASSOULINE, Bertrand AUBAN, Claude BÉRIT-DÉBAT, las señoras Marie-Christine BLANDIN, Maryvonne BLONDIN, don Yannick BODIN, doña Nicole BONNEFOY, don Yannick BOTREL, doña Alima BOUMEDIENE-THIERY, don Martial BOURQUIN, doña Bernadette BOURZAI, don Michel BOUTANT, doña Nicole BRICQ, don Jean-Pierre CAFFET, doña Claire-Lise CAMPION, don Jean-Louis CARRÈRE, doña Françoise CARTRON, los señores Bernard CAZEAU, Yves CHASTAN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, doña Christiane DEMONTÈS, don Jean DESESSARD, doña Josette DURRIEU, los señores Jean-Luc FICHET, Bernard FRIMAT, doña Samia GHALI, los señores Serge GODARD, Jean-Pierre GODEFROY, Didier GUILLAUME, Edmond HERVÉ, doña Annie JARRAUD-VERGNOLLE, los señores Claude JEANNEROT, Ronan KERDRAON, doña Virginie KLÈS, los señores Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Jacky LE MENN, Roger MADEC, Jacques MAHÉAS, Rachel MAZUIR, Jean-Jacques MIRASSOU, doña Renée NICOUX, don François PATRIAT, doña Gisèle PRINTZ, los señores Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Thierry REPENTIN, doña Patricia SCHILLINGER, don Jean-Pierre SUEUR, doña Catherine TASCA, los señores Michel TESTON, René TEULADE, Jean-Marc TODESCHINI, Richard YUNG, Guy FISCHER, las señoras Nicole BORVO COHEN-SEAT, Michelle DEMESSINE, los señores Gérard LE CAM, Bernard VERA, las señoras Annie DAVID, Marie-France BEAUFILS, los señores Jean-François VOGUET, Jack RALITE, las señoras Marie-Agnès LABARRE, Brigitte GONTHIER-MAURIN, Éliane ASSASSI, Evelyne DIDIER, Mireille SCHURCH, los señores Ivan RENAR, Robert HUE, Jean-Claude DANGLOT, las señoras Isabelle PASQUET, Odette TERRADE, los señores Thierry FOUCAUD y Michel BILLOUT, senadores.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL

Vista la Constitución;

Vista la ordenanza 58-1067, de 7 de noviembre, modificada, relativa a la ley orgánica sobre el Consejo constitucional;

Vista la ley orgánica 2001-692 de 1 de agosto de 2001, modificada, relativa a las leyes presupuestarias, junto a la decisión del Consejo constitucional 2001-448 DC de 25 de julio de 2001;

Visto el código de entrada y residencia de extranjeros y del derecho de asilo;

Visto el código general de las colectividades territoriales;

Visto el código penal, junto con la decisión del Consejo constitucional 2007-554 DC de 9 de agosto de 2007;

Visto el código procesal penal;

Visto el código de transportes;

Vista la ordenanza 45-174 del 2 de febrero de 1945, modificada, relativa a la delincuencia infantil;

Vista la ley 78-17 de 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades;

Vista la ley 83-629 de 12 de julio de 1983 de regulación de las actividades privadas de seguridad;

Vista la ley 95-73 de 21 de enero de 1995 de orientación y de programación relativa a la seguridad, junto con la decisión del Consejo constitucional 94-352 DC de 18 de enero de 1995;

Vista la ley 2003-239 de 18 de marzo de 2003 para la seguridad interior, junto con la decisión del Consejo constitucional 2003-467 DC de 13 de marzo de 2003;

Vista la ley 2004-575 de 21 de junio de 2004 para la confianza en la economía numérica;

Vistas las observaciones del Gobierno, recibidas el 25 de febrero de 2011;

Vistos los informes de alegación presentados por los diputados y senadores, registrados los días 2 y 3 de marzo de 2011;

Habiendo sido escuchados los ponentes;

  1. Considerando que los diputados y senadores recurrentes someten ante el Consejo constitucional la ley de orientación y programación para la actuación de la seguridad interior; que recurren sus artículos 1, 4, 11, 18, 37, 38, 41, 43, 53, 58, 60, 61, 90, 92 y 101;
  • SOBRE EL ARTÍCULO 1:
  1. Considerando que el artículo 1 dispone: «Se aprueba el informe adjunto sobre los objetivos y los medios de la seguridad interior para 2013»;

  2. Considerando que, según los recurrentes, la ley recurrida no puede ser calificada de ley de programación dado que su artículo 1, desprovisto de carácter normativo, no respeta la Constitución;

  3. Considerando que el vigésimo apartado del artículo 34 de la Constitución prevé: «Las leyes de programación determinan los objetivos de la acción del Estado»; que al aprobar el informe anexo sobre los objetivos y los medios de la seguridad interior, el artículo 1 de la ley ejecuta esta disposición; que, en consecuencia, no es contraria a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 4:
  1. Considerando que el artículo 4 de la ley recurrida introducida según el cuarto apartado del punto 7 del párrafo I del artículo 6 de la mencionada ley de 21 de junio de 2004 dos apartados según los cuales: «Cuando las necesidades de la lucha contra la difusión de imágenes o representaciones de menores a que se refiere el artículo 227-23 del código penal así lo justifiquen, las autoridades administrativas notificarán a las personas mencionadas en el apartado 1 del presente párrafo I, las direcciones electrónicas de los servicios de comunicación al público en línea que contravengan las disposiciones de dicho artículo, a las que estas personas deben impedir el acceso de inmediato.
    «Un decreto adoptado por el Consejo de Estado fijará las modalidades de aplicación del apartado precedente, especialmente aquellas conforme a las cuales se compensarán, si hubiera lugar, los gastos resultantes de las obligaciones que corran a cargo de los operadores»;

  2. Considerando que los recurrentes afirman, por una parte, que la institución de un dispositivo de bloqueo de las direcciones electrónicas que dan acceso a ciertos sitios de internet constituye una medida inapropiada, en realidad contraproducente, y de un coste excesivo de cara al objetivo perseguido de luchar contra la difusión de imágenes pedófilo-pornográficas; que, por otra parte, en ausencia de autorización judicial, la vulneración cometida contra la libertad de comunicación por la imposibilidad de acceder a estos sitios sería desproporcionado;

  3. Considerando, en primer lugar, que el Consejo constitucional carece de un poder general de apreciación y de decisión de la misma naturaleza que el del Parlamento; que no podría averiguar si los objetivos que ha asignado el legislador habrían podido alcanzarse por otras vías, en cuanto que las modalidades previstas por la ley no son manifiestamente inapropiadas para el objetivo referido; que al instituir un dispositivo que permite impedir el acceso a los servicios de comunicación al público en línea que difunda las imágenes pornográficas de menores, el legislador no ha cometido ningún error manifiesto de apreciación; que al prever que los gastos resultantes de las obligaciones a cargo de los operadores serían, si hubiera lugar, compensadas, no ha desconocido la exigencia constitucional del buen uso de fondos públicos;

  4. Considerando, en segundo lugar, que las disposiciones recurridas no confieren a las autoridades administrativas más que el poder de restringir, para la protección de los usuarios de internet, el acceso a los servicios de comunicación al público en línea cuando, y en la medida en que, difundan imágenes de pornografía infantil; que la decisión de las autoridades administrativas es susceptible de ser recurrida en todo momento y por toda persona interesada ante la jurisdicción competente, dado el caso; que, en estas condiciones, estas disposiciones aseguran una conciliación que no resulta desproporcionada entre el objetivo constitucional de salvaguardia del orden público y la libertad de comunicación garantizada por el artículo 11 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 11:
  1. Considerando que el artículo 11 codifica los artículos 230-6 a 230-11 del Código procesal penal, al modificarlas, las disposiciones del artículo 21 de la mencionada ley de 18 de marzo de 2003 relativas a los ficheros de antecedentes;

  2. Considerando que los recurrentes sostienen que, si, en su citada decisión de 13 de marzo de 2003, el Consejo constitucional ya declaró conformes a la Constitución las disposiciones codificadas por el artículo 11 de la ley recurrida, un cambio de circunstancias, acaecido desde esta decisión, justifica el reexamen de estas disposiciones; que afirman, a este respecto, que la Comisión nacional de la informática y de las libertades, en su informe remitido al Primer ministro el 20 de enero de 2009 sobre el control del Sistema de tratamiento de las infracciones constatadas, ha estimado que, en una proporción importante, las fichas de personas procesadas eran inexactas y que las disposiciones relativas al seguimiento y a las rectificaciones de este fichero eran «manifiestamente inefectivas», y el número de personas registradas es considerable; que denuncian igualmente, como injustificado e incomprensible, la diferencia de régimen de supresión instituido por el artículo 230-8 del código procesal penal, entre los datos recogidos con ocasión de un proceso terminado en sobreseimiento, según que la decisión de sobreseer haya estado motivada por insuficiencia de cargos o por cualquier otro motivo;

  3. Considerando que, en su mencionada decisión de 13 de marzo de 2003, el Consejo constitucional declaró conformes a la Constitución el artículo 1 y el artículo 25 de la ley de 18 de marzo de 2003 para la seguridad interior, bajo las reservas mencionadas en los considerandos 26, 34, 35, 38 y 43 de su decisión; que estableció que la ley de 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades es de aplicación a los tratamientos en cuestión y que toda persona inscrita en el fichero debe poder ejercer su derecho de acceso y de rectificación de los datos que le conciernan en las condiciones previstas por el artículo 39 de esta ley; que, cuando estos datos sean consultados en el marco de investigaciones administrativas, no pueden constituir más que un elemento de la decisión adoptada por la autoridad administrativa, bajo el control del juez; que la utilización de estos datos no permitiría reconsiderar la adquisición de la nacionalidad francesa cuando, en virtud de la ley, esta es de pleno derecho; que tampoco prohibiría la renovación de un permiso de residencia cuando, en virtud de la ley, este es de pleno derecho o cuando venga exigido por el respeto al derecho de cada uno a llevar una vida familiar normal; que, por último, tratándose de menores, corresponde a un decreto determinar una duración de conservación de los datos que concilie, por una parte, la necesidad de identificar a los autores de las infracciones y, por otra parte, la búsqueda de la rehabilitación educativa y moral de los menores delincuentes;

  4. Considerando que las modificaciones aportadas a las mencionadas disposiciones del artículo 21 de la ley de 18 de marzo de 2003 derivadas de su incorporación a los artículos 230-6 a 230-11 del código procesal penal refuerzan el control de la autoridad judicial sobre los datos registrados en los ficheros de antecedentes; que el artículo 230-8 del código procesal penal prevé que el procurador de la República o el magistrado encargado de seguir la instalación y la puesta al día de los datos se pronuncie, en un plazo de un mes, sobre las resultados que conviene dar a las solicitudes de supresión o de rectificación; que este artículo prevé igualmente que todos los datos relativos a personas implicadas y conservados en los ficheros de antecedentes pese a existir una decisión de puesta en libertad, de absolución, de sobreseimiento, o de archivo de la causa, con independencia del motivo, serán objeto de una mención que prohíba el acceso a estos datos en el marco de una investigación administrativa; que la diferencia de régimen de conservación de datos que resulta de la facultad concedida al procurador de la República de ordenar la supresión cuando el archivo de la causa esté motivado por una insuficiencia de cargos, se basa en la ausencia de interés en conservar, en este caso, tales datos en el fichero;

  5. Considerando que de lo anterior resulta que, bajo las mismas reservas recordadas en el considerando 11, las disposiciones de los artículos 230-6 a 230-11 del código procesal penal, que no son ni oscuras ni ambiguas, son conformes a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 18:
  1. Considerando que el artículo 18 modifica el artículo 10 de la mencionada ley de 21 de enero de 1995 relativa a la videovigilancia; que completa la lista de casos en los que tal dispositivo puede instalarse sobre la vía pública por las autoridades públicas competentes; que refuerza los poderes de control de las comisiones departamentales de videovigilancia y de la Comisión nacional de la informática y de las libertades y permite en ciertos casos la consulta de la «comisión nacional de la video-protección»;

  2. Considerando que el undécimo apartado del párrafo II de este artículo 10, tal como resulta del apartado 1° del artículo 18 de la ley recurrida, flexibiliza el régimen relativo a la instalación de dispositivos de videovigilancia por personas morales de derecho privado; que prevé: «Previa información del alcalde del municipio afectado, las otras personas morales podrán instalar sobre la vía pública un sistema de videovigilancia con el fin de asegurar la protección de los accesos de sus edificios e instalaciones, en los lugares susceptibles de estar expuestos a actos de terrorismo o particularmente expuestos a riesgos de agresión o robo»;

  3. Considerando que los subapartados b) y c) del apartado 2° del artículo 18 permiten delegar en personas privadas la explotación y el visionado de la videovigilancia de la vía pública; que la última frase del segundo apartado del párrafo III del artículo 10 de la ley de 21 de enero 1995 así modificada dispone: «El visionado de las imágenes puede ser asegurado por los agentes de la autoridad pública o los empleados de la persona moral titular de la autorización o por aquellos operadores públicos o privados que actúen por cuenta propia en virtud de un convenio»; que, en palabras de los apartados tercero y cuarto de este mismo párrafo III: «Cuando una autoridad pública o una persona moral no explote ella misma su sistema de videovigilancia de vía pública, el convenio que apruebe con un operador público o privado será acordado por el representante del Estado en el departamento y, en París, por el prefecto de policía, previo informe del alcalde del municipio afectado, y conforme a un convenio-marco fijado reglamentariamente previa consulta a la comisión nacional prevista en el artículo 10-2. Por otra parte, los empleados del operador privado encargados de la explotación del sistema estarán sometidos a las disposiciones del título I de la ley n° 83-629 de 12 de julio de 1983 reguladora de las actividades privadas de seguridad, con excepción de sus artículos 3 a 3-2 y 10, y están obligados al secreto profesional.
    «Cuando una autoridad pública no explote por sí misma el sistema, los empleados de la persona privada procederán bajo su control y no podrán tener acceso por su cuenta a los registros de las imágenes tomadas sobre la vía pública»;

  4. Considerando que, según los recurrentes, al autorizar a particulares a proceder a una vigilancia de la vía pública, estas disposiciones constituyen una delegación a estas personas de tareas inherentes al ejercicio por el Estado de sus funciones de soberanía y desconocería las exigencias constitucionales ligadas a la protección de la libertad individual y de la vida privada;

  5. Considerando que, en palabras del artículo 12 de la Declaración de 1789: «La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada»;

  6. Considerando que, al autorizar a toda persona moral a instalar dispositivos de vigilancia más allá de los accesos «inmediatos» de sus edificios e instalaciones y al confiar a operadores privados el cuidado de explotar los sistemas de videovigilancia sobre la vía pública y de visionar las imágenes a cargo de personas públicas, las disposiciones recurridas permiten investir a particulares de tareas de vigilancia general de la vía pública; que cada una de estas disposiciones permite así la delegación a un particular de competencias de policía administrativa general inherentes al ejercicio de la «fuerza pública» necesaria para la garantía de los derechos; que, en consecuencia, deben ser declarados contrarios a la Constitución el duodécimo apartado del párrafo 1° así como los subapartados b) y c) del párrafo 2° del artículo 18; que, consecuentemente, el primer apartado del párrafo 1° del artículo 18 de la ley recurrida debe conducir a reemplazar el único primer apartado del párrafo II del artículo 10 de la ley de 21 de enero de 1995 por los diez apartados previstos por este párrafo 1°;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 37:
  1. Considerando que el artículo 37, en su párrafo I, incluye en el código penal un artículo 132-19-2; que, en virtud de este nuevo artículo, para los delitos de agresiones voluntarias contra las personas, agravados en razón de sus consecuencias sobre la víctima, de la personalidad de este o de la del autor, del modus operandi o del lugar de comisión de la infracción, y previstos en los artículos 222-9, 222-12 y 222-13, en el apartado 3° del artículo 222-14, en el apartado 4° del artículo 222-14-1 y en el artículo 222-15-1, la pena mínima de prisión se fija en dieciocho meses o dos años según que el delito esté sancionado con siete o diez años de prisión; que, en virtud del mismo artículo, en consideración de las circunstancias de la infracción, de la personalidad de su autor o de las garantías de inserción o de rehabilitación presentadas por este, el órgano judicial puede establecer una pena inferior a estos umbrales o una pena distinta de la prisión; que el párrafo II del artículo 37 modifica la mencionada ordenanza de 2 de febrero de 1945 con el fin de extender a los menores la aplicación del artículo 132-19-2 del código penal;

  2. Considerando que, según los recurrentes, el párrafo I del artículo 37 es contrario a los principios de necesidad y de individualización de las penas garantizados por el artículo 8 de la Declaración de 1789; que el párrafo II sería igualmente contrario al principio fundamental reconocido por las leyes de la Republica en materia de justicia de menores;

. En lo que concierne al párrafo I:

  1. Considerando que el artículo 8 de la Declaración de 1789 dispone: «La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias…»; que, en palabras del artículo 34 de la Constitución: «La ley fijará las normas sobre… tipificación de los delitos, así como las penas aplicables»; que el artículo 61 de la Constitución no confiere al Consejo constitucional un poder general de apreciación y de decisión de la misma naturaleza que el del Parlamento, sino tan solo la competencia para pronunciarse acerca de la conformidad a la Constitución de las leyes sometidas a su examen; que, si la necesidad de las penas aparejadas a las infracciones corresponde al poder de apreciación del legislador, incumbe al Consejo constitucional asegurar la ausencia de desproporción manifiesta entre la infracción y la pena incurrida;

  2. Considerando, en primer lugar, que la disposición recurrida solo es de aplicación a las lesiones a la integridad física de las personas, caracterizados por la concurrencia de una o varias circunstancias agravantes y sancionados con una pena de al menos siete años de prisión; que, por tanto, solo instituye el principio de penas mínimas de al menos dieciocho meses o dos años de prisión para delitos de una especial gravedad;

  3. Considerando, en segundo lugar, que, en cada caso, el órgano judicial puede establecer, mediante decisión especialmente motivada, una pena inferior a estos umbrales o una pena distinta de la prisión en consideración de las circunstancias de la infracción, de la personalidad de su autor o de las garantías de inserción o de rehabilitación presentadas por este; que, por tanto, el legislador no ha modificado la competencia judicial de ordenar, en las condiciones previstas por los artículos 132-40 y 132-41 del código penal, suspender, al menos parcialmente, la ejecución de la pena a la persona condenada bajo el régimen de suspensión condicional; que tampoco ha derogado las disposiciones especiales del segundo apartado del artículo 122-1 del código penal, que prevén que, cuando el autor de la infracción padeciera, en el momento de los hechos, una alteración física, psíquica o neuropsíquica que hubiera alterado su discernimiento u obstaculizado el control de sus actos, el órgano judicial tomará en consideración esta circunstancia en el momento de determinar la pena y fijar el régimen penal;

  4. Considerando que de ello se sigue que el párrafo I del artículo 37 es conforme a la Constitución;

. En lo que concierne al párrafo II:

  1. Considerando que la atenuación de la responsabilidad penal de los menores en función de la edad, así como la necesidad de buscar la rehabilitación educativa y moral de los niños delincuentes a través de medidas adaptadas a su edad y a su personalidad, determinadas por una jurisdicción especializada o a través de procedimientos apropiados, han sido constantemente reconocidos por las leyes de la República desde comienzos del siglo XX; que estos principios encuentran claramente su expresión en la ley de 12 de abril de 1906 sobre la mayoría de edad penal de los menores, la ley de 22 de julio de 1912 sobre los tribunales para niños y la ordenanza de 2 de febrero de 1945 sobre la infancia delincuente; que, sin embargo, la legislación republicana anterior a la entrada en vigor de la Constitución de 1946 no consagra ninguna norma por la que las medidas vinculantes o las sanciones deban ser evitadas siempre en favor de medidas puramente educativas; que, en particular, las disposiciones originales de la ordenanza de 2 de febrero de 1945 no descartan la responsabilidad penal de los menores ni excluyen, en caso de necesidad, que fueran pronunciadas en consideración a medidas tales como el internamiento, la vigilancia, la retención o, para los menores de más de trece años, la detención; que este es el alcance del principio fundamental reconocido por las leyes de la República en materia de justicia de menores;

  2. Considerando que, al instituir el principio de penas mínimas aplicables a menores que nunca hayan sido condenados penalmente, la disposición recurrida desconoce las exigencias constitucionales en materia de justicia penal de menores; que, en consecuencia, el párrafo II del artículo 37 debe ser declarado contrario a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 38:
  1. Considerando que el artículo 38 modifica los artículos 221-3 y 221-4 del código penal; que tiene consecuencia extender a los autores de homicidios o asesinatos cometidos «sobre un magistrado, un funcionario de la policía nacional, un militar de la gendarmería, un miembro del personal de la administración penitenciaria o cualquier otra persona depositaria de la autoridad pública, con ocasión de del ejercicio o en razón de sus funciones», las disposiciones en aplicación de las cuales el tribunal de jurado [cour d'assises] podrá, por decisión especial, bien ampliar el periodo de seguridad hasta treinta años, bien, si condena a cadena perpetua, decidir que ninguna de las medidas enumeradas en el artículo 132-23 del mismo código podrá ser aplicada al condenado;

  2. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones, al no admitir más que la personalidad de las víctimas en la exclusión de las circunstancias de comisión del delito, desconocen el principio de necesidad de las penas garantizado por el artículo 8 de la Declaración de 1789;

  3. Considerando que la ejecución de las penas privativas de libertad en materia correccional y criminal ha sido concebida no solo para proteger a la sociedad y asegurar la sanción del condenado, sino también para favorecer la enmienda de este y preparar su eventual reinserción;

  4. Considerando que, según el artículo 720-4 del código procesal penal, en el supuesto en el que el tribunal de jurado [cour d'assises] haya decidido la imposibilidad de acordar ninguna de las medidas enumeradas en el artículo 132-23 del código penal al condenado a cadena perpetua, el tribunal de ejecución podrá acordar una de estas medidas si el condenado hubiera sufrido una encarcelación de una duración de al menos treinta años; que esta disposición debe ser entendida como la apertura de un derecho para el ministerio público y para el condenado de apelar al tribunal de ejecución de las penas [tribunal de l'application des peines]; que, en su caso, tal proceso podrá ser reiterado; que, respecto de estas prescripciones, las disposiciones recurridas, que corresponde al juez aplicar en caso de homicidio o asesinato cometido con ocasión del ejercicio o en razón del carácter de depositario de la autoridad pública, no son manifiestamente contrarias al principio de necesidad de las penas; que, por tanto, las disposiciones del artículo 38 de la ley recurrida no son contrarias a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 41:
  1. Considerando que el artículo 41 introduce en la mencionada ordenanza de 2 de febrero de 1945 un artículo 8-3 según el cual: «El procurador de la República podrá perseguir un menor ante el tribunal de menores según el procedimiento previsto en el artículo 390-1 del código procesal penal si no se requieren investigaciones suplementarias sobre los hechos y se han realizado las investigaciones sobre la personalidad del menor, eventualmente con ocasión de un procedimiento entablado en los seis meses precedentes o de un procedimiento que haya dado lugar a una condena en los seis meses precedentes.
    «La citación requiere que el menor deba estar asistido por un abogado y que, a falta de elección de un abogado por el menor o sus representantes legales, el procurador de la República o el juez de menores hagan designar por el decano del colegio de abogados un abogado de oficio.
    «La citación será también notificada en los plazos adecuados a los padres, al tutor, a la persona o al servicio al que el menor esté confiado.
    «Se hará constar mediante acta firmada por el menor y por la persona o el representante del servicio mencionados en el párrafo precedente, de la que recibirán copia»;

  2. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones, que permiten la citación de un menor ante el tribunal de menores según las características del proceso penal aplicable a los adultos desconocen el principio fundamental reconocido por las leyes de la República en materia de justicia penal de menores; denuncian en particular la ausencia de límite de edad y de umbral de gravedad de la infracción perseguida para la ejecución de este procedimiento, la posibilidad de imponer al menor comparecer en un plazo inferior a diez días, así como la ausencia de garantías de que el tribunal de menores dispone de elementos de información recientes sobre la personalidad del menor;

  3. Considerando que las disposiciones recurridas autorizan al procurador de la República a hacer citar directamente a un menor por un oficial de la policía judicial ante el tribunal de menores sin instrucción preparatoria por el juez de menores; que estas disposiciones son aplicables a todo menor con independencia de su edad, del estado de sus antecedentes penales y de la gravedad de las infracciones perseguidas; que no garantizan que el tribunal dispondrá de informes recientes sobre la personalidad del menor que le permitan averiguar su rehabilitación educativa y moral; que, en consecuencia, desconocen las exigencias constitucionales en materia de justicia penal de menores; que el artículo 41 debe ser declarado contrario a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 43:
  1. Considerando que el artículo 43, en su párrafo I, abre la posibilidad al prefecto de adoptar una decisión restrictiva de la libertad desplazamiento en la vía pública de los menores de trece años entre seis y veintitrés horas, bajo la doble condición de que esta medida sea adoptada en el interés de los menores y con el fin de prevenir un «riesgo manifiesto para su salud, su seguridad, su educación o su moralidad»; que este artículo, en su párrafo II, que modifica el artículo 15-1 de la ordenanza de 2 de febrero de 1945, prevé que el tribunal de menores podrá dictar mediante decisión motivada, en concepto de sanciones educativas, una «prohibición para el menor de desplazamiento en la vía pública entre seis y veintitrés horas sin estar acompañado de uno de sus padres o del titular de la guarda y custodia, por una duración máxima de tres meses, renovable una vez»; que, en su párrafo III, este artículo dispone que las decisiones generales, adoptadas sobre la base del párrafo I, e individuales, adoptadas sobre la base del párrafo II, establecerán las modalidades para hacerse cargo del menor y su devolución inmediata a sus padres o a su representante legal; que sanciona a estos últimos «de no haberse asegurado del respecto… de la medida» con la multa prevista para las faltas de tercera clase; que este artículo, en su párrafo IV, impone al procurador de la República informar al prefecto, para que eventualmente este solicite al presidente del consejo general medidas alternativas a las diligencias y las resoluciones judiciales firmes cuando estas medidas y resoluciones judiciales conciernan a las infracciones cometidas por menores residentes en el territorio del departamento;

  2. Considerando que, según los recurrentes, esta última disposición, al prever un procedimiento específico de información del prefecto relativo a las medidas y resoluciones judiciales que afecten a menores, desconoce el principio fundamental reconocido por las leyes de la República en materia de justicia penal de menores y, en particular, el principio de atenuación de la responsabilidad penal de los menores en función de la edad;

  3. Considerando que la disposición recurrida subordina la transmisión de informaciones relativas al menor por el procurador de la República al prefecto a la solicitud de este último a raíz, en su caso, del planteamiento ante el presidente del consejo general de la realización de un contrato de responsabilidad paterna [contrat de responsabilité parentale ]; que no tiene ni por objeto ni como efecto modificar el régimen de responsabilidad penal de los menores; que, por lo tanto, la alegación basada en el desconocimiento del principio de la atenuación de la responsabilidad penal de los menores en función de la edad debe ser rechazada;

  4. Considerando, asimismo, que en virtud del artículo 9 de la Declaración de 1789, todo hombre se presume inocente hasta que no es declarado culpable; de lo que resulta que en principio el legislador no podría establecer la presunción de culpabilidad en materia represiva; que, no obstante, a título excepcional, podrán establecerse dichas presunciones, especialmente en lo relativo a las faltas, en cuanto que estas no revisten carácter incuestionable, que se asegura el respeto de los derechos de la defensa y que los hechos inducen razonablemente a la verosimilitud de la imputabilidad;

  5. Considerando, en este caso, que el último apartado del párrafo III del artículo 43 sanciona con una pena de falta para el representante legal del menor el hecho de no asegurarse de que este último haya respetado la decisión prevista por el párrafo I o el párrafo II; que, al permitir sancionar al representante legal por una infracción cometida por el menor, tiene por efecto instituir, de cara al representante legal, una presunción incuestionable de culpabilidad;

  6. Considerando que de lo anterior resulta que el último apartado del párrafo III del artículo 43 de la ley recurrida debe ser declarado contrario a la Constitución; que las demás disposiciones del artículo 43 son conformes a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 53 :
  1. Considerando que el artículo 53, por una parte, incluye en el código de comercio un artículo L. 443-2-1 y, por otra parte, modifica su artículo L. 443-3; que, en virtud del nuevo artículo L. 443-2-1, se sanciona con una multa de 15 000 euros «el hecho de ofrecer, poner en venta o exponer para la venta, sobre una red de comunicación al público en línea sin autorización del productor, del organizador o del propietario de los derechos de explotación de un evento deportivo, cultural o comercial, billetes de entrada o títulos de acceso a dicho evento para obtener un beneficio»; que la persona física declarada culpable de esta infracción incurrirá, asimismo, en la pena complementaria de confiscación de la cosa que haya servido o estuviera destinada a cometer la infracción o de la cosa que lo haya producido; que según el artículo L. 443-3 modificado, la persona moral declarada responsable penalmente de la misma infracción incurre, además de la multa mencionada multiplicada por cinco, en las penas previstas por el artículo 131-39 del código penal;

  2. Considerando que los recurrentes sostienen, en primer lugar, que estas disposiciones introducen en el código de comercio disposiciones que no conciernen solo a los comerciantes o a sociedades y no definen la noción de beneficio; que, por lo tanto, desconocerían el objetivo constitucional de inteligibilidad y de accesibilidad de la ley; que, además, serían contrarias al principio de necesidad de las penas en la medida en que conllevarían una lesión excesiva al derecho de propiedad y a la libertad contractual de las persones físicas, así como a la libertad de empresa de las personas morales; que, por último, instituirían una ruptura de la igualdad ante la ley entre aquellos que revenden las entradas en un «red de comunicación al público en línea» y aquellos que se dediquen a la misma operación por otro medio;

  3. Considerando que al prohibir la reventa, sin acuerdo previo de los organizadores, de billetes de entrada o de títulos de acceso, el legislador ha intentado prevenir y reprimir los eventuales problemas que resultan del fracaso de las disposiciones aplicadas para ciertos eventos deportivos y preservar los derechos de los productores, organizadores o propietarios de los derechos de explotación de dicho evento; que, sin embargo, al reprimir para la totalidad de eventos culturales, deportivos o comerciales la reventa propuesta o realizada en una red de comunicación al público en línea para obtener un beneficio, el legislador se ha basado en criterios manifiestamente inadecuados para el objeto perseguido; que, por lo tanto, el artículo 53 de la ley recurrida desconoce el principio de necesidad de los delitos y las penas; que, sin que sea preciso examinar las demás alegaciones, debe ser declarado contrario a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 58:
  1. Considerando que el artículo 58 de la ley recurrida reemplaza el segundo apartado del artículo L. 2241-2 del código de transportes por los tres apartados siguientes: «Si el infractor rechaza o se declara en la imposibilidad de justificar su identidad, los agentes mencionados en el primer apartado del párrafo II del artículo 529-4 del código procesal penal lo comunicarán de inmediato y por todos los medios a un oficial de la policía judicial territorialmente competente.
    «Durante el tiempo que requiera informar y decidir al oficial de policía judicial, el infractor deberá permanecer a disposición de un agente aludido en el primer apartado.
    «Por orden del oficial de policía judicial, los agentes podrán conducir al autor de la infracción ante él o bien retenerle el tiempo necesario hasta su llegada o la de un agente de la policía judicial bajo su mando»;

  2. Considerando que los recurrentes sostienen que la nueva redacción del artículo L. 2241-2 suprime la obligación de diligencia consistente en no poder retener al infractor más que el «tiempo estrictamente necesario hasta la llegada» del oficial de policía judicial o a que sea conducido ante él «en el acto»; que estiman que el legislador no ha respetado el alcance de su competencia al no delimitar suficientemente los plazos durante los cuales el infractor podrá ser retenido por los agentes de transporte y por tanto ha privado de garantías legales a las exigencias constitucionales protectoras de la libertad individual y de la libertad de desplazamiento;

  3. Considerando que según el artículo 66 de la Constitución: «Nadie puede ser detenido arbitrariamente. - La autoridad judicial, garante de la libertad individual, asegurará el respeto de este principio en la forma prevista por la ley»;

  4. Considerando que las disposiciones recurridas son relativas a las competencias especiales de los agentes de la policía judicial auxiliares que ejerzan sus funciones en los transportes públicos ferroviarios o guiados; que prevén la retención del infractor, que haya rechazado o se haya declarado en la imposibilidad de justificar su identidad, «Durante el tiempo que requiera informar y decidir al oficial de policía judicial» o «el tiempo necesario hasta su llegada o la de un agente de la policía judicial bajo su mando»; que implican que la información, por el agente de la concesionaria, al oficial de policía judicial y la decisión de este último ocurran en el menor plazo posible; que, en estas condiciones, las restricciones impuestas a la persona que no ha podido o no ha querido justificar in situ su identidad se limitan a lo que resulte necesario para salvaguardar los fines de interés general con valor constitucional y cuya persecución motiva la verificación de la identidad; que, en consecuencia, las disposiciones cuestionadas, que no desconocen el alcance de la competencia del legislador, no vulneran ni la libertad individual, que el artículo 66 de la Constitución sitúa bajo la protección de la autoridad judicial, ni la libertad de desplazamiento;

  • SOBRE LOS ARTÍCULOS 60 Y 61:
  1. Considerando que, de una parte, el artículo 60 de la ley recurrida introduce en el código de deporte un artículo L. 332-16-1; que permite al ministro de interior «prohibir el desplazamiento individual o colectivo de personas que ostenten la condición de hinchas de un equipo o se comporten como tales en lugares donde se desarrolle un evento deportivo y cuya presencia sea susceptible de ocasionar graves alteraciones de orden público»; que, por otra parte, su artículo 61 introduce en el mismo código un artículo L. 332-16-2; que autoriza a los prefectos de los departamentos a «restringir la libertad de desplazamiento de las personas que ostenten la condición de hinchas de un equipo o se comporten como tales en lugares donde se desarrolle un evento deportivo y cuya presencia sea susceptible de ocasionar graves alteraciones de orden público»; que estos mismos artículos disponen que la orden ministerial o del prefecto establecerá la duración de la medida, las circunstancias precisas de hecho que la motiven, así como su ámbito territorial; que prevén penas de prisión, de multa y de clausura judicial del estadio en caso de infracción de dichos reglamentos;

  2. Considerando que los recurrentes alegan que las disposiciones cuestionadas vulneran la libertad de desplazamiento y no delimitan suficientemente las competencias de policía administrativa conferidas al ministro del interior y a los prefectos;

  3. Considerando que las disposiciones recurridas refuerzan las competencias de policía administrativa en supuestos de grandes concentraciones de personas, con ocasión de un evento deportivo, que sean susceptibles de entrañar graves alteraciones de orden público; que corresponde a la autoridad administrativa, bajo el control del juez, definir, con precisión y a partir de criterios objetivos, las personas o categorías de personas que sean objeto de las medidas de restricción del desplazamiento; que estas medidas deben venir justificadas por la necesidad de salvaguardar el orden público y no restringir desproporcionadamente la libertad de desplazamiento; que podrán ser recurridas por los interesados ante el órgano judicial administrativo, especialmente en el marco de un procedimiento de habeas corpus; que habida cuenta de los objetivos establecidos por el legislador y del conjunto de las garantías que ha previsto, las disposiciones recurridas son adecuadas para asegurar una conciliación entre el respeto de la libertad de desplazamiento y la salvaguarda del orden público, que no es manifiestamente desproporcionada;

  • SOBRE LOS PÁRRAFOS I Y II DEL ARTÍCULO 90:
  1. Considerando que según el primer apartado del párrafo I del artículo 90 de la ley recurrida: «Cuando una instalación ilegal de viviendas que ocupen terrenos propiedad de una persona pública o privada conlleve riesgos graves para la salud, la seguridad o la tranquilidad públicas, el representante del Estado en el departamento, o en París el prefecto de policía, podrá requerir a los ocupantes a abandonar el lugar»; que el segundo apartado fija en cuarenta y ocho horas el plazo de ejecución que va aparejado al requerimiento e indica las características de publicidad de éste; que el tercer apartado dispone que el prefecto podrá proceder a la evacuación forzosa del lugar, salvo oposición del propietario o del titular del derecho de uso, cuando el requerimiento de abandono del lugar no hubiera surtido efecto ni hubiera sido objeto del recurso suspensivo previsto por el párrafo II; que el representante del Estado podrá asimismo instar, ante el presidente del tribunal de gran instancia [tribunal de grande instance] una solicitud de autorización para proceder a la destrucción de las construcciones ilegales, que «resuelva, mediante procedimiento sumario, en un plazo de cuarenta y ocho horas»;

  2. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones desconocen las exigencias constitucionales ligadas a la dignidad humana, a la garantía de los derechos, a la libertad de desplazamiento, al respeto a la vida privada, a la inviolabilidad del domicilio y a la presunción de inocencia;

  3. Considerando que las medidas de policía administrativa susceptibles de afectar al ejercicio de las libertades constitucionalmente garantizadas, entre las que figura la libertad de desplazamiento integrante de la libertad personal protegida por los artículos 2 y 4 de la Declaración de 1789, deberán justificarse por la necesidad de salvaguardar el orden público y ser proporcionadas a este objetivo;

  4. Considerando que el ya mencionado primer apartado del párrafo I del artículo 90 concede al representante del Estado en el departamento, o en París al prefecto de policía, la posibilidad de intimar a los ocupantes de terrenos ajenos de forma ilegal de abandonar lugar desde el momento en que se han instalado en reunión para establecer viviendas y que dicha instalación comporte graves riesgos para la salud, la seguridad o la tranquilidad públicas; que, en esta medida, las disposiciones recurridas se justifican por la necesidad de salvaguardar el orden público y son proporcionadas a este objetivo;

  5. Considerando, sin embargo, que los apartados segundo y tercero del mismo párrafo permiten al representante del Estado proceder a la evacuación forzosa del lugar cuando el requerimiento de abandonarlos en el plazo de cuarenta y ocho horas mínimo fijado por este último no haya surtido efecto ni hubiera sido objeto del recurso suspensivo previsto por el párrafo II; que estas disposiciones permiten proceder con urgencia, en cualquier época del año, a la evacuación, sin consideración de la situación personal o familiar de personas desfavorecidas y que carecen de un alojamiento digno; que la facultad concedida a estas personas de plantear al tribunal administrativo un recurso suspensivo no constituiría, en este caso concreto, una garantía suficiente para asegurar una conciliación que no resultase manifiestamente desproporcionada entre la necesidad de salvaguardar el orden público y los derechos y libertades constitucionalmente garantizadas;

  6. Considerando que de ello se deriva que los párrafos I y II del artículo 90 de la ley recurrida, que constituyen un conjunto indivisible, deben ser declarados contrarios a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 92:
  1. Considerando que el artículo 92 de la ley recurrida sustituye, en el primer apartado del artículo 78-2 del código procesal penal, la referencia: «21-1°» por la referencia: «21»; que tiene por objeto añadir a la lista de las personas autorizadas a realizar controles de identidad a la totalidad de los agentes de policía judicial auxiliares y, en particular, a los agentes de policía municipal mientras que los únicos agentes de policía judicial auxiliares que actualmente pueden proceder a ello en las condiciones estrictas fijadas por el artículo 78-2 son los funcionarios de los servicios activos de policía nacional que no cumplen las condiciones para ser agentes de policía judicial;

  2. Considerando que los recurrentes estiman que la extensión al conjunto de los agentes de policía judicial auxiliares de la posibilidad de realizar controles de identidad no ofrece suficientes garantías contra restricciones arbitrarias a la libertad individual;

  3. Considerando que del artículo 66 de la Constitución se deriva que la policía judicial debe situarse bajo la dirección y el control de la autoridad judicial; que a este fin, el código procesal penal, especialmente en sus artículos 16 a 19-1, asegura el control directo y efectivo de la autoridad judicial sobre los oficiales de policía judicial encargados de ejercer las competencias de investigación judicial y de llevar a cabo las medidas de coerción para su realización; que el artículo 20 del código procesal penal fija la lista de los agentes de policía judicial encargados «de secundar, en el ejercicio de sus funciones, a los oficiales de policía judicial; de constatar los delitos o las faltas y de iniciar el atestado; de recibir por acta las declaraciones que les hagan todas aquellas personas susceptibles de proporcionarles indicios, pruebas e informaciones sobre los autores y cómplices de estas infracciones»; que la exigencia de dirección y de control de la autoridad judicial sobre la policía judicial no se respetaría si las competencias generales de investigación penal o delictiva fueran confiadas a los agentes que, vinculados a las autoridades municipales, no se ponen a la disposición de los oficiales de policía judicial;

  4. Considerando que el artículo 78-2 del código procesal penal prevé los casos en los que los oficiales de policía judicial, los agentes de policía judicial y las funcionarios de los servicios activos de policía nacional que no cumplen las condiciones para ser agentes de policía judicial podrán proceder a realizar controles y verificaciones de identidad en el ámbito de su misión de policía judicial o bajo solicitud escrita del procurador de la República; que al confiar también esta competencia a los agentes de la policía municipal, que, vinculados a las autoridades municipales, no están a disposición de los oficiales de policía judicial, el artículo 92 desconoce el artículo 66 de la Constitución; que, en consecuencia, debe ser declarado contrario a la Constitución;

  • SOBRE EL ARTÍCULO 101:
  1. Considerando que el artículo 101 de la ley recurrida tiene por objeto incluir, después de la palabra: «retención», las palabras: «o en su interior» en la última frase del artículo L. 552-1 del código de entrada y residencia de extranjeros y del derecho de asilo, conforme al cual: «No obstante, si una sala de audiencia atribuida al ministerio de justicia que le permitiera resolver públicamente se hubiera habilitado especialmente en las proximidades de este lugar de retención, resolverá en dicha sala»; que el artículo 101 autoriza por lo tanto al juez de habeas corpus a celebrar la audiencia de prolongación de una medida de retención administrativa más allá de cuarenta y ocho horas en una sala de audiencia situada en su interior y ya no exclusivamente en las proximidades, del centro de retención administrativa;

  2. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones desconocen las reglas del proceso justo y las exigencias de publicidad de los debates;

  3. Considerando que los centros de retención administrativa son lugares de privación de libertad destinados a recibir a extranjeros que no tienen el derecho de residencia en territorio francés en espera de su retorno, voluntario o forzoso, a su país de origen o a un tercer país; que estos centros están cerrados al público; que, por lo tanto, en previsión de que la sala de audiencia en la que resuelva el juez de habeas corpus pueda estar situada en el «interior» de estos centros, el legislador ha adoptado una medida que es manifiestamente inadecuada a la necesidad, que él mismo ha recordado, de «resolver públicamente»; que de ello se deriva que, sin que sea preciso examinar las alegaciones presentadas por los recurrentes, el artículo 101 de la ley recurrida debe ser declarada contraria a la Constitución;

  • SOBRE LAS RESTANTES DISPOSICIONES DE LA LEY RECURRIDA :

. En lo que concierne al artículo 10:

  1. Considerando que el artículo 10 crea un fondo de apoyo a la policía técnica y científica, encargado de contribuir al financiamiento, en el límite de sus recursos, del conjunto de las operaciones ligadas a la alimentación y a la utilización del fichero automatizado de huellas digitales y del fichero automatizado de huellas genéticas; que prevé que este fondo esté «alimentado por un ingreso cuyo montante venga determinado por acuerdo en función del valor de los bienes restituidos al asegurador que haya sido indemnizado por el robo de dichos bienes»;

  2. Considerando que según el artículo 12 de la Declaración de 1789: «La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada»; que su artículo 13 dispone: «Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad»;

  3. Considerando que, según el primer apartado del párrafo II del artículo 17 de la citada ley orgánica de 1 de agosto de 2001, los fondos contributivos están constituidos especialmente por «fondos de naturaleza no fiscal, ingresados por personas morales o físicas para contribuir a gastos de interés público»; que el último apartado de este mismo párrafo dispone que la utilización de créditos abiertos a través de fondos contributivos «debe ser conforme a la voluntad de la parte contribuyente»; que las especialidades del ejercicio de las funciones de policía judicial no estaría no obstante sometidas a la voluntad de personas privadas; que, en consecuencia, al crear un fondo de apoyo a la policía técnica y científica y al afectarle las contribuciones ingresadas por los aseguradores, el artículo 10 desconoce las exigencias constitucionales resultantes de los artículos 12 y 13 de la Declaración de 1789;

. En lo que concierne al artículo 14:

  1. Considerando que el artículo 14 de la ley recurrida introducido en el título IV del libro I del código procesal penal un capítulo III consagrado a las aplicaciones informáticas de comprobación judicial, que comprende los artículos 230-20 a 230-27; que según el artículo 230-20: «Con el fin de facilitar la recopilación de las pruebas de las infracciones y la identificación de sus autores, los servicios de la policía nacional y de la gendarmería nacional encargados de una tarea de policía judicial podrán poner en marcha, bajo el control de la autoridad judicial, aplicaciones informáticas destinadas a facilitar la gestión y la organización de informaciones sobre los procedimientos reunidos por estos servicios en el curso:
    «1° De investigaciones preliminares, de investigaciones in situ o de investigaciones efectuadas por comisión rogatoria;
    «2° De procedimientos de investigación de las causas de la muerte o de una desaparición previstas por los artículos 74 y 74-1»;

  2. Considerando que según el artículo 230-21: «Los datos gestionados por las aplicaciones informáticas a que se refiere el presente capítulo sólo podrán provenir de las pruebas y documentos del proceso judicial ya en poder de los servicios mencionados en el artículo 230-20.
    «Durante la gestión de los datos que indirectamente puedan hacer surgir la identidad de las personas, esta sólo podrá obtenerse una vez efectuadas las operaciones de comprobación, y únicamente para aquellos de los datos con los que efectivamente exista concordancia entre ellos o con otras informaciones gestionadas por las aplicaciones informáticas»;

  3. Considerando que la libertad proclamada por el artículo 2 de la Declaración de 1789 implica el respeto de la vida privada; que corresponde al legislador competente, en virtud del artículo 34 de la Constitución, al fijar las reglas relativas al proceso penal, asegurar la conciliación entre, de una parte, la salvaguardia del orden público y la búsqueda de los autores de las infracciones, ambas necesarias para la protección de principios y derechos de valor constitucional y, de otra parte, el respeto de la vida privada y de los demás derechos y libertades constitucionalmente protegidos;

  4. Considerando que la utilización de las aplicaciones informáticas de comprobación judicial permite la ejecución de tratamientos de datos de naturaleza personal recogidos con ocasión de investigaciones judiciales abiertas para todo tipo de infracciones con independencia de su gravedad; que corresponde al legislador adoptar las garantías con el fin de asegurar la conciliación entre los objetivos y principios constitucionales antes mencionados teniendo en cuenta la generalidad de la aplicación de estas aplicaciones informáticas;

  5. Considerando, en primer lugar, que las disposiciones de los artículos 230-20 y siguientes no tienen por objeto ni tendrían como efecto permitir la ejecución de un tratamiento general de los datos recogidos con ocasión de las diversas investigaciones mencionadas en el artículo 230-20; que el artículo 230-23 prevé que, sin perjuicio de las competencias de control atribuidas a la Comisión nacional de la informática y de las libertades, el tratamiento de datos de naturaleza personal por medio de aplicaciones informáticas de comprobación judicial se operará bajo el control del procurador de la República o de la jurisdicción de instrucción competente; que por tanto, estas aplicaciones informáticas sólo podrán conducir a la ejecución, autorizada por estas autoridades judiciales, de tratamientos de datos de naturaleza personal específicos, en el marco de una investigación o de un proceso determinado referente a una serie de hechos y sólo en aquello necesario para estas investigaciones;

  6. Considerando, en segundo lugar, que el primer apartado del artículo 230-22 dispone: «Los datos de naturaleza personal eventualmente revelados por la gestión de las indagaciones e investigaciones mencionados en el apartado 1° del artículo 230-20 serán eliminados al cierre de la investigación y, en cualquier estado de la causa, en un plazo máximo de tres años tras el último acta de registro»; que, dada la posibilidad abierta por las disposiciones de un registro de datos, incluso ligados a hechos de escasa gravedad, la conservación de estos datos no podría ser prolongada a iniciativa del investigador más allá de tres años después de su registro; que, en consecuencia, la expresión: «después del último acto de registro» debe ser declarada contraria a la Constitución;

  7. Considerando que, con las reservas enunciadas en el considerando 71 y teniendo en cuenta la declaración de inconstitucionalidad parcial recaída sobre el artículo 230-22, las disposiciones del artículo 14 no desconocen las exigencias constitucionales anteriormente citadas;

. En lo relativo al artículo 32:

  1. Considerando que el artículo 32 restablece, en la mencionada ley de 12 de julio de 1983, un título III relativo a la actividad privada de inteligencia económica y conformada por los artículos 33-12 a 33-16; que el artículo 33-12 tiende a definir el campo de aplicación del régimen de las actividades de inteligencia económica; que los artículos 33-13 y 33-14 subordinan la dirección de una empresa de inteligencia económica y el ejercicio por una empresa de esta actividad respectivamente a un acuerdo y a una autorización emitida por el ministro del interior; que el artículo 33-15 fija el principio de interdicción formulado a diferentes categorías de funcionarios y de agentes que trabajen en los servicios de inteligencia de ejercer esta actividad durante los tres años siguientes a la fecha de cese de sus funciones; que el artículo 33-16 sanciona las infracciones a las reglas mencionadas con penas de multa y de prisión, así como con penas complementarias de suspensión o de cierre;

  2. Considerando que al legislador le está permitido prever nuevas infracciones al determinar las penas que les son aplicables; que, al hacerlo, a él le corresponde, de una parte, asegurar la conciliación entre las exigencias de orden público y la garantía de los derechos constitucionalmente protegidos, entre los cuales figura la libertad de empresa y, por otra parte, respetar las exigencias derivadas de los artículos 8 y 9 de la Declaración de 1789 entre las cuales figura el principio de legalidad de los delitos y de las penas, que impone adoptar disposiciones suficientemente precisas y redacciones no equívocas;

  3. Considerando que el artículo 33-13 incluye en el régimen de autorización las actividades privadas de seguridad consistentes «en la búsqueda y el tratamiento de informaciones sobre la coyuntura económica, social, comercial, industrial o financiera de una o varias personas físicas o morales»; que dispone que el objeto de este régimen de autorización es el de permitir a las personas físicas o morales «protegerse de los riesgos que puedan amenazar su actividad económica, su patrimonio, sus activos inmateriales o su reputación» y «favorecer su actividad al influir sobre la evolución de los negocios» o sus «decisiones»; que la imprecisión tanto de la definición de las actividades susceptibles de recaer en la inteligencia económica, como del objetivo que justifica la lesión a la libertad de empresa desconoce el principio de legalidad de los delitos y las penas; que de ello se sigue que el artículo 33-13 y las demás disposiciones establecidas por el artículo 32 de la ley recurrida, que constituyen disposiciones inseparables, deben ser declaradas contrarias a la Constitución;

. En lo relativo al artículo 91:

  1. Considerando que el artículo 91 de la ley recurrida completa el artículo 20 del código procesal penal; que atribuye la calidad de agente de policía judicial a los «miembros del marco laboral de directores de policía municipal que asegura la dirección funcional y operativa de los servicios de la policía municipal cuando el acuerdo previsto en el artículo L. 2212-6 del código general de las colectividades territoriales así lo disponga»; que les otorga competencia para secundar «en el ejercicio de sus funciones» a los oficiales de policía judicial mencionados en el artículo 16 del mismo código, con excepción de los alcaldes y tenientes de alcalde;

  2. Considerando que por idénticos motivos a los enunciados en los considerandos 59 y 60, el artículo 91 de la ley recurrida, que confiere la cualidad de agente de policía judicial a los miembros del marco laboral de los directores de policía municipal sin ponerles a disposición de los oficiales de policía judicial, desconoce artículo 66 de la Constitución; que debe, en consecuencia, declararse contrario a la Constitución;

. En lo relativo a los párrafos III del artículo 90 y II del artículo 123:

  1. Considerando que el párrafo III del artículo 90 de la ley recurrida completa por tanto el artículo 226-4 del código penal: «Se sancionará con idénticas pernas el hecho de ocupar el domicilio ajeno, fuera de los casos permitidos por la ley, sin la autorización del propietario o del arrendatario, tras haberse introducido allí en las condiciones mencionadas en el apartado precedente, y no abandonarlo inmediatamente a petición del propietario o del arrendatario»;

  2. Considerando que el párrafo II del artículo 123 de la ley recurrida completa el artículo 362 del código procesal penal a fin de que el presidente del tribunal de jurado [cour d'assises] informe a los jurados cuando el acusado se enfrente a una pena de extrañamiento y que el jurado delibere para imponer esta pena;

  3. Considerando que se deriva del régimen del artículo 45 de la Constitución y especialmente de su primer apartado, según el cual: «Todo proyecto o proposición de ley será examinado sucesivamente en las dos asambleas del Parlamento para aprobar un texto idéntico», que los añadidos o modificaciones que puedan aportar los miembros del Parlamento y el Gobierno tras la primera lectura deberán tener relación directa con una disposición que se esté discutiendo; que, sin embargo, no están sometidos a esta última obligación las enmiendas destinadas a asegurar el respeto de la Constitución, a llevar a cabo una coordinación con textos en tramitación o a corregir un error material;

  4. Considerando, en el caso concreto, que las enmiendas de las que derivan las disposiciones susodichas fueron introducidas en segunda lectura por la Asamblea nacional; que estos añadidos no estaban, en esta fase del procedimiento, en relación directa con una disposición que se estuviera discutiendo; que tampoco estaban destinados a asegurar el respeto de la Constitución, a llevar a cabo una coordinación con textos en tramitación ni a corregir un error material; que se deriva de ello que los párrafos III del artículo 90 y II del artículo 123 han sido adoptados conforme a un procedimiento contrario a la Constitución;

  5. Considerando que no ha lugar, por parte del Consejo constitucional, a plantear de oficio ninguna otra cuestión de conformidad con la Constitución,

D E C I D E:

Artículo 1º.- Se declaran contrarias a la Constitución las siguientes disposiciones de la ley de orientación y de programación para la actuación de la seguridad interior:

  • el artículo 10;
  • en el artículo 14, la frase «según la última acta de registro» que figura en el artículo 230-22 del código procesal penal;
  • el duodécimo apartado del párrafo 1° y los subapartados b) y c) del 2° párrafo del artículo 18;
  • el artículo 32;
  • el párrafo II del artículo 37;
  • el artículo 41;
  • el último apartado del párrafo III del artículo 43;
  • los artículos 53, 90, 91, 92 y 101;
  • el párrafo II del artículo 123.
    Como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del duodécimo apartado del párrafo 1° del artículo 18, el apartado primero de este párrafo 1° deberá ser remplazado por la frase: «El primer apartado del párrafo II se reemplaza por diez apartados con la siguiente redacción:».

Artículo 2.- Se declaran conformes a la Constitución las siguientes disposiciones de la misma ley:

  • los artículos 1 y 4;
  • en el artículo 11, los artículos 230-6 a 230-11 del código procesal penal con las reservas recordadas en el considerando 11;
  • el excedente del artículo 14, con las reservas enunciadas en el considerando 71;
  • el párrafo I del artículo 37;
  • el artículo 38;
  • el excedente del artículo 43;
  • los artículos 58, 60 y 61.

Artículo 3.- La presente decisión se publicará en el Diario oficial de la República francesa.

Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 10 de marzo de 2011 en la que estaban presentes: don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, don Jacques BARROT, doña Claire BAZY MALAURIE, los señores Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, y los señores Hubert HAENEL y Pierre STEINMETZ.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.14. Article 12 - Nécessité de la force publique

La nécessité d'une force publique pour assurer la garantie des droits interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale. Elle interdit également que les modalités d'exercice de la police judiciaire soient soumises à la volonté de personnes privées par l'intermédiaire d'un fonds de concours.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 18, 19, 65, 66, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.3. Principes retenus
  • 1.4.3.10. Atténuation de la responsabilité des mineurs et traitement pénal adapté

Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs impose l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 26, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.1. Compétence du législateur (article 34)
  • 1.5.6.1.3. Lois de programmation

Aux termes du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution : " Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ". En approuvant le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure, l'article 1er de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure met en œuvre cette disposition. Par suite, il n'est pas contraire à la Constitution.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 4, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.9. Titre VIII - De l'autorité judiciaire
  • 1.5.9.4. Interdiction de la détention arbitraire (article 66)

Application de l'article 66 de la Constitution à la retenue d'un contrevenant qui a refusé ou s'est déclaré dans l'impossibilité de justifier de son identité par des agents de police judiciaire adjoints exerçant leurs fonctions dans les transports publics ferroviaires ou guidés " pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire " ou " le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle ".

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 46, 47, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.2. Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
  • 4.5.2.1. Fichiers de police et de justice
  • 4.5.2.1.1. Fichiers de la police et de la Gendarmerie

L'article 11 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure codifie aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relatives aux fichiers d'antécédents.

Dans sa décision du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 21 ainsi que l'article 25 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure conformes à la Constitution sous les réserves mentionnées aux considérants 26, 34, 35, 38 et 43 de sa décision.

Les modifications apportées aux dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 à l'occasion de leur introduction aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale renforcent le contrôle de l'autorité judiciaire sur les données enregistrées dans les fichiers d'antécédents. L'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République ou le magistrat chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements se prononce, dans un délai d'un mois, sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification. Cet article prévoit également que toutes les données relatives à des personnes mises en cause et maintenues dans les fichiers d'antécédents en dépit d'une décision de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, quel qu'en soit le motif, font l'objet d'une mention qui interdit l'accès à ces données dans le cadre d'une enquête administrative. La différence de régime de conservation des données, qui résulte de la faculté donnée au procureur de la République d'ordonner l'effacement lorsque le classement sans suite de la procédure est motivé par une insuffisance de charges, est fondée sur l'absence d'intérêt de conserver, dans ce cas, de telles données dans le fichier.

Sous les mêmes réserves que celles formulée en 2003, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, qui ne sont ni obscures ni ambiguës, sont conformes à la Constitution.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 9, 10, 11, 12, 13, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)

L'article 14 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure insère les articles 230-20 et suivants du code dans le code de procédure pénale relatifs aux logiciels de rapprochement judiciaire. L'utilisation de ces logiciels permet la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires ouvertes pour toutes catégories d'infractions quelle que soit leur gravité. Il appartient au législateur d'adopter les garanties de nature à assurer la conciliation entre les objectifs de sauvegarde de l'ordre public et les libertés constitutionnellement protégées en tenant compte de la généralité de l'application de ces logiciels.

En premier lieu, les dispositions des articles 230-20 et suivants n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre la mise en œuvre d'un traitement général des données recueillies à l'occasion des diverses enquêtes de police judiciaire. L'article 230-23 prévoit que, sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le traitement de données à caractère personnel au moyen des logiciels de rapprochement judiciaire est opéré sous le contrôle du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétent. Ainsi, ces logiciels ne pourront conduire qu'à la mise en œuvre, autorisée par ces autorités judiciaires, de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations. Réserve.

En second lieu, eu égard à la possibilité ouverte par ces dispositions d'un enregistrement de données même liées à des faits de faible gravité, la conservation de ces données ne saurait être prolongée à l'initiative de l'enquêteur au-delà de trois ans après leur enregistrement. Censure.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 70, 71, 72, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.7. Vidéosurveillance, sonorisations, fixations d'images, visites domiciliaires, perquisitions, saisies, captations de données informatiques

Les dispositions de l'article 18 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure autorisent toute personne morale à mettre en œuvre des dispositifs de surveillance au-delà des abords " immédiats " de ses bâtiments et installations et confient à des opérateurs privés le soin d'exploiter des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes publiques. Ce faisant, elles permettent d'investir des personnes privées de missions de surveillance générale de la voie publique. Chacune de ces dispositions rend ainsi possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la " force publique " nécessaire à la garantie des droits. Elles méconnaissent l'article 12 de la Déclaration de 1789.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 18, 19, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.6. Mesures privatives
  • 4.12.6.3. Rétention administrative
  • 4.12.6.3.3. Rôle de l'autorité judiciaire
  • 4.12.6.3.3.1. Allongement de la durée de la rétention

Les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers. Ces centres sont fermés au public. Dès lors, en prévoyant que la salle d'audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au " sein " de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu'il a rappelée, de " statuer publiquement ". Censure.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 63, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
  • 4.16.2. Liberté d'expression et de communication (hors des médias)
  • 4.16.2.1. Liberté individuelle de parler, écrire et imprimer librement

L'article 4 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure insère après le quatrième alinéa du 7 du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique un dispositif de blocage des adresses électroniques donnant accès à certains sites internet diffusant des images pornographiques représentant des mineurs.

Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En instituant un dispositif permettant d'empêcher l'accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pornographiques représentant des mineurs, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

L'autorité administrative n'est investie que du pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'internet, l'accès à des services de communication au public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé. Dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 5, 6, 7, 8, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.3. Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire
  • 4.18.3.2. Séparation des pouvoirs
  • 4.18.3.2.1. Police administrative et police judiciaire

Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. À cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation. L'article 20 du code de procédure pénale fixe la liste des agents de police judiciaire chargés " de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions ". L'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 59, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)

Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. L'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire.

Conférer la qualité d'agent de police judiciaire aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, sans les mettre à la disposition des officiers de police judiciaire, méconnaît l'article 66 de la Constitution.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 77, 78, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.2. Contrôle et vérification d'identité
  • 4.18.4.2.3. Contrôles en matière de police judiciaire générale

Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. L'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire.

L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit les cas dans lesquels les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues pour être agents de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles et des vérifications d'identité dans le cadre de leur mission de police judiciaire ou sur réquisition écrite du procureur de la République. En confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution. Par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 59, 60, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.2. Contrôle et vérification d'identité
  • 4.18.4.2.4. Contrôles en matière de police judiciaire particulière

Les agents de police judiciaire adjoints exerçant leurs fonctions dans les transports publics ferroviaires ou guidés sont habilités à effectuer des contrôles d'identité d'un contrevenant aux règlements relatifs à la police de ces transports. Ils peuvent retenir celui qui a refusé ou s'est déclaré dans l'impossibilité de justifier de son identité, " pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire " ou " le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle ". L'information, par l'agent de l'exploitant, de l'officier de police judiciaire et la décision de ce dernier doivent intervenir dans le plus bref délai possible. Dans ces conditions, les contraintes imposées à la personne qui n'a pas pu ou n'a pas voulu justifier sur place de son identité sont limitées à ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle et dont la poursuite motive la vérification d'identité. Par suite, les dispositions contestées ne portent atteinte ni à la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire, ni à la liberté d'aller et venir.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 46, 47, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.3. Liberté personnelle et police administrative

Les articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code des sports permettent au ministre de l'intérieur et aux préfets d'interdire ou de restreindre le déplacement individuel ou collectif de " personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ". Ils renforcent ainsi les pouvoirs de police administrative en cas de grands rassemblements de personnes, à l'occasion d'une manifestation sportive, qui sont susceptibles d'entraîner des troubles graves pour l'ordre public. Il appartient au ministre et au préfet, sous le contrôle du juge, de définir, à partir de critères objectifs et avec précision, les personnes ou catégories de personnes faisant l'objet des mesures de restriction de déplacement. Ces mesures doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. Elles peuvent être contestées par les intéressés devant le juge administratif, notamment dans le cadre d'un référé-liberté. Eu égard aux objectifs que s'est assignés le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, elles sont propres à assurer, entre le respect de la liberté d'aller et venir et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 50, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)

Les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif.

La possibilité donnée aux préfets de mettre les personnes occupant le terrain d'autrui de façon illicite en demeure de quitter les lieux dès lors qu'elles se sont installées en réunion en vue d'y établir des habitations et que cette installation comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques est justifiée par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnée à cet objectif.

Il n'en est pas de même de la disposition leur permettant de procéder à l'évacuation forcée des lieux lorsque la mise en demeure de les quitter dans le délai de quarante-huit heures minimum fixé par cette dernière n'a pas été suivie d'effet et n'a pas fait l'objet du recours suspensif prévu par le paragraphe II. En effet, il s'agit d'une évacuation dans l'urgence, à toute époque de l'année, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. La faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif n'a pas été regardée, en l'espèce, comme constituant une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 53, 54, 55, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.2. Méconnaissance de la compétence du législateur

La loi fait entrer dans le champ d'un régime d'autorisation les activités privées de sécurité qui consistent " dans la recherche et le traitement d'informations sur l'environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ". Elle dispose que l'objet de ce régime d'autorisation est de permettre à des personnes physiques ou morales " de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation " et de " favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires " ou leurs " décisions ". L'imprécision tant de la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique que de l'objectif justifiant l'atteinte à la liberté d'entreprendre méconnaît le principe de légalité des délits et des peines. Censure.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 74, 75, 76, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.1. Nature du contrôle du Conseil constitutionnel
  • 4.23.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article 61 de la Constitution, de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 22, 31, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

L'article 37 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), dans son paragraphe I, insère dans le code pénal un article 132-19-2. En vertu de ce nouvel article, pour les délits de violences volontaires contre les personnes, aggravées à raison de leurs conséquences sur la victime, de la qualité de celle-ci ou de celle de l'auteur, du mode opératoire ou du lieu de commission de l'infraction, et prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine minimale d'emprisonnement est fixée à dix-huit mois ou deux ans selon que le délit est puni de sept ou de dix ans d'emprisonnement. En vertu du même article, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement. La disposition contestée ne s'applique qu'à des atteintes à l'intégrité physique des personnes, caractérisées par au moins une ou plusieurs circonstances aggravantes et punies d'une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement. Elle n'institue le principe de peines minimales d'au moins dix-huit mois ou deux ans d'emprisonnement que pour des délits d'une particulière gravité. N'est donc pas méconnu le principe de nécessité des peines.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 20, 23, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.2. Mesures de sûreté qui assortissent les peines

L'article 38 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) modifie les articles 221-3 et 221-4 du code pénal. Il a pour effet d'étendre aux auteurs de meurtres ou d'assassinats commis " sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ", les dispositions en application desquelles la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourra être accordée au condamné. L'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. Selon l'article 720-4 du code de procédure pénale, dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines peut accorder l'une de ces mesures si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans. Cette disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le tribunal de l'application des peines. Une telle procédure peut être renouvelée le cas échéant. Au regard de ces prescriptions, les dispositions contestées, qu'il appartient au juge d'appliquer en cas de meurtre ou d'assassinat commis à l'occasion de l'exercice ou à raison du caractère de dépositaire de l'autorité publique, ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité des peines.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 28, 30, 31, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.3. Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

En interdisant la revente, sans accord préalable des organisateurs, de billets d'entrée ou de titres d'accès, le législateur a entendu prévenir et réprimer les éventuels troubles résultant de la mise en échec des dispositions mises en œuvre pour certaines manifestations sportives et préserver les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une telle manifestation. Toutefois, en réprimant pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s'est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi. Méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines. Censure.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 41, 42, 43, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.5. Principe d'individualisation des peines
  • 4.23.5.1. Valeur constitutionnelle
  • 4.23.5.1.2. Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

L'article 37 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), dans son paragraphe I, insère dans le code pénal un article 132-19-2. En vertu de ce nouvel article, pour les délits de violences volontaires contre les personnes, aggravées à raison de leurs conséquences sur la victime, de la qualité de celle-ci ou de celle de l'auteur, du mode opératoire ou du lieu de commission de l'infraction, et prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine minimale d'emprisonnement est fixée à dix-huit mois ou deux ans selon que le délit est puni de sept ou de dix ans d'emprisonnement. Dans chaque cas, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Ainsi, le législateur n'a pas modifié le pouvoir de la juridiction d'ordonner, dans les conditions prévues par les articles 132-40 et 132-41 du code pénal, qu'il soit sursis, au moins partiellement, à l'exécution de la peine, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Il n'a pas non plus dérogé aux dispositions spéciales du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui prévoient que, lorsque l'auteur de l'infraction était, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. N'est donc pas méconnu le principe de l'individualisation des peines.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 20, 24, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.6. Justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.1. Existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs

Le Conseil fait application du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs pour l'examen de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI).

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 27, 34, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.6. Justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2.3. Contrôle sur le fondement du principe fondamental
  • 4.23.6.2.3.1. Sanctions éducatives et peines

L'article 37 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), dans son paragraphe II, modifie l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin d'étendre aux mineurs l'application de l'article 132-19-2 du code pénal. En instituant le principe de peines minimales applicables à des mineurs qui n'ont jamais été condamnés pour crime ou délit, la disposition contestée méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. Censure.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 20, 27, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.6. Justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2.3. Contrôle sur le fondement du principe fondamental
  • 4.23.6.2.3.2. Autres dispositions

Les dispositions de l'article 14 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure insèrent dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante un article 8-3 qui autorise le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire par le juge des enfants. Ces dispositions sont applicables à tout mineur quels que soient son âge, l'état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies. Elles ne garantissent pas que le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral. Par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. Censure.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 34, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)

Le paragraphe IV de l'article 43 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) impose au procureur de la République d'informer le préfet, pour qu'il saisisse le cas échéant le président du conseil général, des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. Cette disposition subordonne la transmission d'informations relatives au mineur par le procureur de la République au préfet à la demande de ce dernier en vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général pour la mise en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de responsabilité pénale des mineurs.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 35, 37, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.7. Responsabilité pénale
  • 4.23.7.1. Principe de responsabilité personnelle

. En vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. Toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité. En l'espèce, en permettant de punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur, la disposition a pour effet d'instituer, à l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité. Censure.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 35, 38, 39, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.8. Présomption d'innocence
  • 4.23.8.2. Principe de l'interdiction des présomptions de culpabilité en matière répressive

En vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. Toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité. En l'espèce, en permettant de punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur (non-respect d'une mesure collective ou individuelle de couvre-feu), la disposition a pour effet d'instituer, à l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité. Censure.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 35, 38, 39, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.1. Actes d'investigation

Il résulte de l'article 12 de la Déclaration de 1789 que les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient être soumises à la volonté de personnes privées.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 66, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.4. Principe d'universalité
  • 6.1.4.2. Exceptions
  • 6.1.4.2.3. Fonds de concours

L'article 10 crée un fonds de soutien à la police technique et scientifique, alimenté par un versement dont le montant est déterminé par convention en fonction de la valeur des biens restitués à l'assureur ayant indemnisé le vol.

Selon le premier alinéa du paragraphe II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001, les fonds de concours sont constitués notamment par " des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public ". Le dernier alinéa de ce même paragraphe dispose que l'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours " doit être conforme à l'intention de la partie versante ". Les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté de personnes privées. Par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 64, 65, 66, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.6. Recevabilité après la première lecture
  • 10.3.5.2.6.3. Absence d'un lien direct avec le texte en discussion

Il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : " Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ", que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle.

En l'espèce, les amendements ont été introduits en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Adoption selon une procédure contraire à la Constitution. Censure.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 81, 82, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.2. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.2.1. Lois adoptées par le Parlement
  • 11.3.2.1.6. Lois de programme et de programmation

Aux termes du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution : " Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ". En approuvant le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure, l'article 1er de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure met en œuvre cette disposition. Par suite, il n'est pas contraire à la Constitution.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 4, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.2. Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
  • 11.7.3.2.3. Modalités retenues par la loi manifestement inappropriées à cet objectif

Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En instituant un dispositif permettant d'empêcher l'accès aux services de communication au public en ligne diffusant des images pornographiques représentant des mineurs, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 7, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.3. Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
  • 11.8.4.3.3. Inséparabilité au sein d'un même article (exemples)
  • 11.8.4.3.3.3. Censure totale

L'article 32 de la loi déférée (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) insère les articles 33-13 à 33-16 dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. L'article 33-13, qui délimite le champ des activités entrant dans le régime fixé par ces articles, est censuré en tant qu'il définit de manière trop imprécise ce champ au regard des peines qui sanctionnent les infractions à ce régime. Les autres articles 33-14 à 33-16 sont inséparables. Censure de l'ensemble de l'article 32 de la loi déférée.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 76, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  • 12.3.3. Fonctionnement
  • 12.3.3.1. Salles d'audience

Les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers. Ces centres sont fermés au public. Dès lors, en prévoyant que la salle d'audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au " sein " de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu'il a rappelée, de " statuer publiquement ". Censure.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 63, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.1. Code de procédure pénale
  • 16.22.1.6. Articles 230-6 à 230-11 (fichiers d'antécédents)

L'article 11 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure codifie aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, en les modifiant, les dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 relatives aux fichiers d'antécédents.

Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 21 ainsi que l'article 25 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure conformes à la Constitution sous les réserves mentionnées aux considérants 26, 34, 35, 38 et 43 de sa décision. Il a jugé :

que la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux traitements en cause et que toute personne inscrite dans le fichier doit pouvoir exercer son droit d'accès et de rectification des données qui la concernent dans les conditions prévues par l'article 39 de cette loi ;
que, lorsque ces données sont consultées dans le cadre d'enquêtes administratives, elles ne peuvent constituer qu'un élément de la décision prise par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge ;
que l'utilisation de ces données ne saurait permettre de remettre en cause l'acquisition de la nationalité française lorsque, en vertu de la loi, celle-ci est de plein droit ; qu'elle ne saurait pas davantage interdire le renouvellement d'un titre de séjour lorsque, en vertu de la loi, celui-ci est de plein droit ou lorsqu'il est commandé par le respect du droit de chacun à mener une vie familiale normale ;
que, s'agissant des mineurs, il appartient au décret de déterminer une durée de conservation conciliant, d'une part, la nécessité d'identifier les auteurs d'infractions et, d'autre part, celle de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants.

Les dispositions des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution sous ces mêmes réserves.

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 9, 11, 13, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.1. Code de procédure pénale
  • 16.22.1.7. Articles 230-20 à 230-27 (logiciels de rapprochement judiciaire)

L'article 14 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure insère les articles 230-20 et suivants du code dans le code de procédure pénale relatifs aux logiciels de rapprochement judiciaire.

Les dispositions des articles 230-20 et suivants n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre la mise en œuvre d'un traitement général des données recueillies à l'occasion des diverses enquêtes mentionnées à l'article 230-20. (Première réserve)

L'article 230-23 prévoit que, sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le traitement de données à caractère personnel au moyen des logiciels de rapprochement judiciaire est opéré sous le contrôle du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétent. Ainsi, ces logiciels ne pourront conduire qu'à la mise en œuvre, autorisée par ces autorités judiciaires, de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations (Seconde réserve).

(2011-625 DC, 10 Marzo 2011, cons. 67, 70, 71, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Projet de loi adopté le 8 février 2011 (T.A. n° 60), Dossier complet sur le site du Sénat, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Observations du gouvernement, Réplique par 60 députés, Réplique par 60 sénateurs, Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.