Sentencia

Sentencia n° 2011-133 QPC de 24 de Junio de 2011

Don Kiril Z. [Ejecución de la orden de detención y de la orden de llevar ante el juez]

Tras el requerimiento formulado ante el Consejo Constitucional el 1 de abril de 2011 por el Tribunal Supremo (sala de lo penal, sentencia nº 2041 de 29 de marzo de 2011), en la forma prevista por el artículo 61-1 de la Constitución, relativo a una cuestión prioritaria de constitucionalidad presentada por Don Kiril Z., referida a la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución de los artículos 130 y 130-1 del código francés de procedimiento penal así como del cuarto párrafo de su artículo 133.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,

Vista la Constitución;

Visto el decreto-ley n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificado relativo a la ley orgánica sobre el Consejo Constitucional;

Visto el código de enjuiciamiento penal;

Visto el reglamento de 4 de febrero de 2010 sobre el procedimiento seguido ante el Consejo Constitucional para las cuestiones prioritarias de constitucionalidad;

Vista la ley nº 2011-392 de 14 de abril de 2011 relativa a la detención;

Vistas las observaciones presentadas en representación del recurrente por el Sr. Letrado Loïc Auffret, abogado del colegio de Lyon, registradas el 22 de abril y el 6 de mayo de 2011;

Vistas las observaciones presentadas por el Primer Ministro, registradas el 26 de abril de 2011;

Vistos los documentos presentados y que se adjuntan al expediente;

Tras haber sido oídos en la audiencia pública celebrada el 7 de junio de 2011 el Sr. Letrado Auffret en representación del recurrente y Don Xavier Pottier, designado por el Primer Ministro;

Tras haber oído al ponente;

  1. Considerando que los artículos 130 y 130-1 del código de enjuiciamiento penal se refieren a las modalidades de ejecución de la orden de llevar ante el juez; que con arreglo al artículo 130: “Cuando ha lugar a traslado en la forma prevista por los artículos 128 y 129, la persona debe ser llevada ante el juez de instrucción que emitió la orden en el plazo de cuatro días a partir de la notificación de dicha orden.
    “Sin embargo, este plazo puede ser de seis días en caso de traslado de un departamento ultramarino hacia otro departamento [provincia] o de Francia metropolitana hacia un departamento ultramarino”;

  2. Considerando que con arreglo al artículo 130-1 del mismo código: “En caso de incumplimiento de los plazos estipulados por los artículos 127 y 130, la persona es puesta en libertad, por orden del juez de instrucción encargado del caso, a menos que su traslado haya sido retrasado por circunstancias insalvables”;

  3. Considerando que el artículo 133 se refiere a las modalidades de ejecución de una orden de detención; que de conformidad con su cuarto párrafo; “Cuando ha lugar a traslado, la persona debe ser conducida al centro de detención indicado en la orden en los plazos previstos en el artículo 130. Son aplicables las disposiciones del artículo 130-1”;

  4. Considerando que, según el recurrente, estas disposiciones permiten privar de libertad a la persona detenida o retenida en virtud de una orden de detención o de puesta a disposición judicial durante cuatro días sin intervención de un juez ante el cual el interesado podría presentar sus medios de defensa; que incumplirían tanto el artículo 2 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en virtud del cual la seguridad es un derecho natural e imprescriptible del hombre, como el artículo 66 de la Constitución que dispone que: “Nadie podrá ser detenido arbitrariamente. - La autoridad judicial, garante de la libertad individual, asegurará el respeto de este principio en la forma prevista por la ley”; que, por consiguiente, solicita al Consejo Constitucional que declare contrarias a la Constitución estas disposiciones en su redacción anterior a la ley de 14 de abril de 2011 anteriormente reseñada y, subsidiariamente, en su redacción posterior a esta ley;

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

  1. Considerando, por una parte, que no le corresponde al Consejo Constitucional, al que se somete una cuestión prioritaria de constitucionalidad, cuestionar la decisión por la cual el Consejo de Estado o el Tribunal Supremo ha juzgado, en cumplimiento del artículo 23-5 del decreto-ley de 7 de noviembre de 1958 anteriormente citado, que una disposición era o no aplicable al litigio o al procedimiento o constituía o no el fundamento de las acciones;

  2. Considerando, por otra parte, que si bien, tras recurrir al Consejo Constitucional, las disposiciones impugnadas han sido modificadas por la ley de 14 de abril de 2011 anteriormente citada, esta modificación no es aplicable a los procedimientos anteriores; que no tiene incidencia en el examen, por el Consejo Constitucional, de las disposiciones reenviadas;

  3. Considerando que, como consecuencia, tan sólo le corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución de las disposiciones impugnadas del código de enjuiciamiento penal en su redacción anterior a la ley de 14 de abril de 2011 anteriormente citada;

SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS:

  1. Considerando que en virtud del artículo 34 de la Constitución, la ley fija las normas relativas al procedimiento penal; que el legislador tiene por esta disposición la obligación de fijar él mismo el ámbito de aplicación de la ley penal; que, tratándose de procedimiento penal, esta exigencia se impone especialmente para evitar un rigor no necesario durante la búsqueda de los autores de infracciones; que le corresponde, además, al legislador asegurar la conciliación entre, por una parte, la prevención de los atentados contra el orden público y la persecución de los autores de infracciones, ambas necesarias para la salvaguardia de derechos y principios de valor constitucional y, por otra parte, el ejercicio de las libertades constitucionalmente garantizadas; que entre ellas figura la libertad individual que el artículo 66 coloca bajo la protección de la autoridad judicial;

  2. Considerando que, según el artículo 122 del código de enjuiciamiento penal, la orden de llevar ante el juez es la orden dada por el juez a las fuerzas del orden de llevar inmediatamente ante él a la persona contra la cual es dictada; que, según este mismo artículo, la orden de detención es la orden dada a las fuerzas del orden de buscar a la persona contra quien se dicta y de llevarla ante el juez que la pronuncia tras haberlo, en su caso, conducido al centro de detención indicado en la orden donde será recibida y retenida; que estas órdenes pueden ser dictadas por el juez de instrucción respecto a una persona contra quien existen indicios graves o concordantes que hacen verosímil que participó, como autor o cómplice, en la comisión de una infracción; que se desprende de los artículos 126 y 133 que la persona detenida en virtud de una orden de llevar ante el juez o de detención no puede ser retenida durante más de veinticuatro horas y debe ser presentada ante el juez de instrucción, o, en su falta, tratándose de una orden de detención, el presidente del tribunal o el juez designado por él para que se proceda a su interrogatorio;

  3. Considerando, sin embargo, que el segundo párrafo del artículo 133 prevé que, cuando una persona es detenida en virtud de una orden de detención a más de doscientos kilómetros de la sede del juez de instrucción que ha dictado la orden, es conducida ante el fiscal del lugar de la detención, quien recibe sus declaraciones tras haberle advertido de que es libre de no hacerlo; que en virtud del artículo 127, es el mismo caso para la persona buscada en virtud de una orden de llevarla ante el juez cuando, además, no es posible conducirla en el plazo de veinticuatro horas ante el juez que dictó la orden; que se desprende del artículo 130 que, en ambos casos, la persona detenida debe ser conducida ante el juez de instrucción que ha dictado la orden en el plazo de cuatro días desde su notificación; que este plazo puede ser de seis días en caso de traslado hacia o desde un departamento [provincia] ultramarino;

  4. Considerando, por una parte, que la privación de libertad de cuatro o seis días así organizada está permitida en caso de circunstancias materiales objetiva y precisamente determinadas por la ley y que hacen imposible la presentación inmediata de la persona detenida ante el juez que ordenó la detención; que en caso de superar estos plazos, la persona es, salvo “circunstancias insalvables”, liberada por orden del juez de instrucción encargado del caso; que, por consiguiente, la privación de libertad en causa se hace necesaria para garantizar la presentación de la persona detenida ante este juez; que su duración es estrictamente enmarcada y proporcional al objetivo perseguido;

  5. Considerando, por otra parte, que el fiscal del lugar de la detención informa “sin plazo” al juez de instrucción de la detención, vela por el cumplimiento de la orden y da parte al juez que dictó la orden de sus diligencias; que, de este modo, la orden es dictada por el juez de instrucción y ejecutada bajo su control; que él puede en cualquier momento ordenar la puesta en libertad de esta persona especialmente considerando sus declaraciones ante el fiscal; que, por consiguiente, el juez de instrucción que ha emitido una orden de llevar ante él o una orden de detención conserva el control de su ejecución durante todo el tiempo necesario para la presentación ante él del detenido; que, por ende, la queja resultante de que la privación de libertad necesaria para el cumplimiento de la orden escaparía a la intervención de un juez debe ser desestimada;

  6. Considerando, sin embargo que, si bien, el artículo 131 prevé que la orden de detención tan sólo puede ser dictada contra una persona en fuga o residente fuera del territorio de la República Francesa, debido a actos condenados con una pena de prisión menos grave o una pena más grave, las disposiciones relativas a la orden de llevar ante el juez no prevén una condición tal; que la conciliación entre, por una parte, la prevención de los atentados contra el orden público y la búsqueda de los autores de infracciones y, por otra parte, el ejercicio de las libertades constitucionalmente garantizadas no podría ser visto como equilibrado si la privación de libertad de cuatro a seis días prevista por el artículo 130 pudiese ser aplicada, en el marco de una orden de llevar ante el juez, contra una persona que no incurre en una pena de prisión menos grave o una pena más grave;

  7. Considerando que se desprende de ello que, con la reserva enunciada en el considerando precedente, las disposiciones impugnadas no incumplen ni el artículo 66 de la Constitución ni el artículo 2 de la Declaración de 1789;

  8. Considerando que las disposiciones impugnadas no son contrarias a ningún otro derecho o libertad garantizados por la Constitución,

RESUELVE:

Artículo 1º.- Con la reserva enunciada en el considerando 13, los artículos 130 y 130-1 del código de enjuiciamiento penal y el cuarto párrafo de su artículo 133 son conformes a la Constitución.

Artículo 2.- La presente sentencia será publicada en el Journal officiel [Boletín Oficial] de la República Francesa y notificada en la forma prevista por el artículo 23-11 del decreto-ley de 7 de noviembre de 1958 anteriormente citado.

Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión del 23 de junio de 2011, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Jacques BARROT, Doña Claire BAZY MALAURIE, Don Guy CANIVET, Don Michel CHARASSE, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Don Hubert HAENEL y Don Pierre STEINMETZ.

Hecho público el 24 de junio de 2011.

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.3. Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire
  • 4.18.3.1. Notion d'autorité judiciaire

  • 4.18.3.1.1. Magistrats du siège

Dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener, le procureur de la République du lieu d'arrestation informe " sans délai " le juge d'instruction de l'arrestation, veille à l'exécution du mandat et réfère au juge mandant de ses diligences. Ainsi, le mandat est ordonné par le juge d'instruction et exécuté sous son contrôle. Il peut à tout moment ordonner la remise en liberté de cette personne notamment au vu des déclarations qu'elle a faites devant le procureur de la République. Par suite, le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conserve la maîtrise de son exécution pendant tout le temps nécessaire à la présentation devant lui de la personne arrêtée. Dès lors, le grief tiré de ce que la privation de liberté nécessaire à l'exécution du mandat échapperait à l'intervention d'un magistrat du siège doit être écarté.

(2011-133 QPC, 24 Junio 2011, cons. 12, Journal officiel du 25 juin 2011, page 10840, texte n° 70)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle

  • 4.18.4.6. Mandats

Il ressort de l'article 130 du code de procédure pénale que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener à plus de deux dents kilomètres du juge mandant doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de sa notification. Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement vers ou depuis un département d'outre-mer.
D'une part, la privation de liberté de quatre ou six jours ainsi organisée est permise en cas de circonstances matérielles objectivement et précisément déterminées par la loi et qui rendent impossible la présentation immédiate de la personne arrêtée devant le juge qui a ordonné l'arrestation. En cas de dépassement des délais, la personne est, sauf " circonstances insurmontables ", libérée sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire. Par suite, la privation de liberté en cause est rendue nécessaire pour garantir la présentation de la personne arrêtée devant ce juge. Sa durée est strictement encadrée et proportionnée au but poursuivi.
D'autre part, le procureur de la République du lieu d'arrestation informe " sans délai " le juge d'instruction de l'arrestation, veille à l'exécution du mandat et réfère au juge mandant de ses diligences. Ainsi, le mandat est ordonné par le juge d'instruction et exécuté sous son contrôle. Il peut à tout moment ordonner la remise en liberté de cette personne notamment au vu des déclarations qu'elle a faites devant le procureur de la République. Par suite, le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conserve la maîtrise de son exécution pendant tout le temps nécessaire à la présentation devant lui de la personne arrêtée. Dès lors, le grief tiré de ce que la privation de liberté nécessaire à l'exécution du mandat échapperait à l'intervention d'un magistrat du siège doit être écarté.
Toutefois que, si, l'article 131 du CPP prévoit que le mandat d'arrêt ne peut être décerné qu'à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République, à raison de faits réprimés par une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, les dispositions relatives au mandat d'amener ne prévoient pas une telle condition. La conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne pourrait être regardée comme équilibrée si la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l'article 130 pouvait être mise en œuvre, dans le cadre d'un mandat d'amener, à l'encontre d'une personne qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
Il suit de là que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les articles 130, 130-1 et 133 du CPP ne méconnaissent ni l'article 66 de la Constitution ni l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2011-133 QPC, 24 Junio 2011, cons. 10, 11, 12, 13, 14, Journal officiel du 25 juin 2011, page 10840, texte n° 70)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur

  • 4.23.2.1.1. Principe

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Le législateur tient de cette disposition l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale. S'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions. Il incombe, en outre, au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la poursuite des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle que l'article 66 place sous la protection de l'autorité judiciaire.

(2011-133 QPC, 24 Junio 2011, cons. 8, Journal officiel du 25 juin 2011, page 10840, texte n° 70)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.10. Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle

  • 4.23.10.1. Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale

Il ressort de l'article 130 du code de procédure pénale que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener à plus de deux dents kilomètres du juge mandant doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de sa notification. Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement vers ou depuis un département d'outre-mer.
D'une part, la privation de liberté de quatre ou six jours ainsi organisée est permise en cas de circonstances matérielles objectivement et précisément déterminées par la loi et qui rendent impossible la présentation immédiate de la personne arrêtée devant le juge qui a ordonné l'arrestation. En cas de dépassement des délais, la personne est, sauf " circonstances insurmontables ", libérée sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire. Par suite, la privation de liberté en cause est rendue nécessaire pour garantir la présentation de la personne arrêtée devant ce juge. Sa durée est strictement encadrée et proportionnée au but poursuivi.
D'autre part, le procureur de la République du lieu d'arrestation informe " sans délai " le juge d'instruction de l'arrestation, veille à l'exécution du mandat et réfère au juge mandant de ses diligences. Ainsi, le mandat est ordonné par le juge d'instruction et exécuté sous son contrôle. Il peut à tout moment ordonner la remise en liberté de cette personne notamment au vu des déclarations qu'elle a faites devant le procureur de la République. Par suite, le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conserve la maîtrise de son exécution pendant tout le temps nécessaire à la présentation devant lui de la personne arrêtée. Dès lors, le grief tiré de ce que la privation de liberté nécessaire à l'exécution du mandat échapperait à l'intervention d'un magistrat du siège doit être écarté.
Toutefois, si l'article 131 du CPP prévoit que le mandat d'arrêt ne peut être décerné qu'à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République, à raison de faits réprimés par une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, les dispositions relatives au mandat d'amener ne prévoient pas une telle condition. La conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne pourrait être regardée comme équilibrée si la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l'article 130 pouvait être mise en œuvre, dans le cadre d'un mandat d'amener, à l'encontre d'une personne qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
Il suit de là que, sous la réserve qui vient d'être énoncée, les articles 130, 130-1 et 133 du CPP ne méconnaissent ni l'article 66 de la Constitution ni l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2011-133 QPC, 24 Junio 2011, cons. 10, 11, 12, 13, 14, Journal officiel du 25 juin 2011, page 10840, texte n° 70)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

  • 11.6.2.2. Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des poursuites

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites.
Si, postérieurement à la saisine du Conseil constitutionnel, les dispositions contestées (articles 130, 130-1 et 133, alinéa 4, du CPP) ont été modifiées par la loi du n° 2011-392 QPC du 14 avril 2011, cette modification n'est pas applicable aux procédures antérieures. Elle est sans incidence sur l'examen, par le Conseil constitutionnel, des dispositions renvoyées.
Par suite, il n'appartient au Conseil constitutionnel de se prononcer que sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions contestées du CPP dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011.

(2011-133 QPC, 24 Junio 2011, cons. 5, 6, 7, Journal officiel du 25 juin 2011, page 10840, texte n° 70)
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