Sentencia

Sentencia n° 2010-5 QPC de 18 de Junio de 2010

SNC KIMBERLY CLARK [Incompetencia negativa en materia tributaria]

Ante el requerimiento formulado al Consejo Constitucional el 23 de abril de 2010 por el Consejo de Estado (decisión n°), en la forma prevista por el artículo 61-1 de la Constitución, relativo a una cuestión prioritaria de constitucionalidad presentada por SNC KIMBERLY CLARK y relativa a la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución del tercer párrafo del 1 del artículo 273 del código general de impuestos, extraído del artículo 18 de la ley n° 66-10 de 6 de enero 1966.
 
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,
 
Vista la Constitución;
 
Vista la orden n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificada relativa a la ley orgánica sobre el Consejo Constitucional;
 
Visto el código general de impuestos;
 
Vista la ley n° 66-10 de 6 de enero de 1966 relativa a la reforma de los impuestos sobre el volumen de negocios y diversas disposiciones de orden financiero;
 
Visto el decreto n° 67-1164 de 15 de diciembre de 1967 por el que se garantiza la armonización del código general de impuestos con las disposiciones de la ley de 6 de enero de 1966 anteriormente nombrada;
 
Visto el reglamento de 4 de febrero de 2010 sobre el procedimiento seguido ante el Consejo Constitucional para las cuestiones prioritarias de constitucionalidad;
 
Vistas las observaciones presentadas en representación de SNC KIMBERLY CLARK por la SCP [Sociedad Civil Profesional] de Chaisemartin-Courjon, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, registradas el 12 de mayo de 2010;
 
Vistas las observaciones presentadas por el Presidente de la Asamblea Nacional, registradas el 12 de mayo de 2010;
 
Vistas las observaciones presentadas por el Primer Ministro, registradas el 17 de mayo de 2010;
 
Vistas las nuevas observaciones presentadas en representación de SNC KIMBERLY CLARK, registradas el 26 de mayo de 2010;
 
Vistos los documentos presentados y que acompañan el expediente;
 
Tras haber oído al Sr. Letrado Don Arnaud de Chaisemartin en representación de SNC KIMBERLY CLARK y al Sr. Letrado Don Thierry-Xavier Girardot, designado por el Primer Ministro, en la audiencia pública celebrada el 15 de junio de 2010;
 
Tras haber oído al ponente;
 

  1. Considerando que el artículo 271 del código general de impuestos se refiere a las reglas de deductibilidad en materia de impuesto sobre el valor añadido; que el 1 del artículo 273 del mismo código, resultante del artículo 18 de la ley de 6 de enero de 1966 anteriormente nombrada, dispone que mediante decretos adoptados en Consejo de Estado se determinarán las condiciones de aplicación del artículo 271; que en especial, su tercer párrafo, que es objeto de la cuestión prioritaria de constitucionalidad, prevé que estos decretos fijarán «la fecha en que podrán operarse las deducciones»;
     
  2. Considerando que, en opinión de la sociedad recurrente, las disposiciones del tercer párrafo del 1 del artículo 273, que remiten a un decreto adoptado en Consejo de Estado la tarea de fijar los plazos en que deben operarse las deducciones del impuesto sobre el valor añadido, vulnerarían el derecho enunciado en el artículo 14 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y del que disponen «todos los ciudadanos» para «constatar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración»; que estas disposiciones vulnerarían también el derecho de propiedad proclamado en su artículo 17; que estarían, por consiguiente, tachadas de incompetencia negativa;
     
  3. Considerando que con arreglo al primer párrafo del artículo  61-1 de la Constitución: «Cuando, con motivo de una instancia pendiente ante una jurisdicción, se alegue que una disposición legislativa vulnera los derechos y las libertades que garantiza la Constitución, se podrá someter el asunto, tras su remisión por parte del Consejo de Estado o del Tribunal de Casación, al Consejo Constitucional que se pronunciará en un plazo determinado»; que el incumplimiento por parte del legislador de su propia competencia tan sólo puede invocarse para confirmar una cuestión prioritaria de constitucionalidad en caso de que se vea afectado un derecho o una libertad garantizados por la Constitución;
     
  4. Considerando, por una parte, que de conformidad con el artículo 34 de la Constitución: «La ley fijará las normas sobre… base, tipo y modalidades de recaudación de los impuestos de toda clase… Las leyes de Presupuestos establecerán los ingresos y los gastos del Estado en las condiciones y con las reservas establecidas por una ley orgánica… »; que las disposiciones del artículo 14 de la Declaración de 1789 son desarrolladas en el artículo 34 de la Constitución y no instituyen un derecho o una libertad que pueda ser invocado, con motivo de un proceso ante una jurisdicción, para confirmar una cuestión prioritaria de constitucionalidad, con fundamento en el artículo 61-1 de la Constitución;
     
  5. Considerando, por otra parte, que el 1 del artículo 273 del código general de impuestos, por el hecho de remitir a un decreto adoptado en Consejo de Estado la tarea de fijar los plazos en los que deben operarse las deducciones a las que tienen derecho las personas sujetas al impuesto sobre el valor añadido, no vulnera el derecho de propiedad garantizado por los artículos 2 y 17 de la Declaración de 1789;
     
  6. Considerando que la disposición impugnada no es contraria a ningún derecho o libertad garantizados por la Constitución,
     
    RESUELVE:
     
    Artículo 1.- El tercer párrafo del 1 del artículo 273 del código general de impuestos, extraído del artículo 18 de la ley n° 66-10 de 6 de enero de 1966, es conforme a la Constitución.
     
    Artículo 2.- La presente sentencia será publicada en el Journal officiel [Boletín Oficial del Estado] de la República Francesa y notificada en la forma prevista por el artículo 23-11 de la orden de 7 de noviembre de 1958 anteriormente nombrada.
     
    Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión de 17 de junio de 2010, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Jacques BARROT, Don Guy CANIVET, Don Michel CHARASSE, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Don Hubert HAENEL, Don Jean-Louis PEZANT y Don Pierre STEINMETZ.
     
     
    Hecho público el 18 de junio de 2010.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.16. Article 14

  • 1.2.16.2. Contribution publique et rôle du Parlement

Les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en œuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2010-5 QPC, 18 Junio 2010, cons. 4, Journal officiel du 19 juin 2010, page 11149, texte n° 70)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel

  • 1.5.8.8. Contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois - Question prioritaire de constitutionnalité (article 61-1)

Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2010-5 QPC, 18 Junio 2010, cons. 3, Journal officiel du 19 juin 2010, page 11149, texte n° 70)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

  • 4.1.1.2. Article 2

Le 1 de l'article 273 du code général des impôts, en ce qu'il renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les délais dans lesquels doivent être opérées les déductions auxquelles ont droit les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.

(2010-5 QPC, 18 Junio 2010, cons. 5, Journal officiel du 19 juin 2010, page 11149, texte n° 70)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.4. Constitution du 4 octobre 1958

  • 4.1.4.3. Article 34

Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2010-5 QPC, 18 Junio 2010, cons. 3, Journal officiel du 19 juin 2010, page 11149, texte n° 70)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

Le 1 de l'article 273 du code général des impôts, en ce qu'il renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les délais dans lesquels doivent être opérées les déductions auxquelles ont droit les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ne porte pas atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.

(2010-5 QPC, 18 Junio 2010, cons. 5, Journal officiel du 19 juin 2010, page 11149, texte n° 70)
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