Sentencia n° 2004-505 DC de 19 de Noviembre de 2004

El Presidente de la República sometió al examen del Consejo Constitucional, el 29 de octubre del 2004, en aplicación del artículo 54 de la Constitución, la cuestión de saber si la autorización para ratificar el Tratado que establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el mismo día, debiera ir precedida de una reforma constitucional.
 
 
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,
 
 
con fundamento en lo dispuesto en:
 

• la Constitución del 4 de octubre de 1958, en particular, su título XV: “De las Comunidades Europeas y de la Unión Europea”;
   
• la Ordenanza núm. 58-1067 del 7 de noviembre de 1958 (modificada) relativa a la ley orgánica sobre el Consejo constitucional;
   
• el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
   
• el Tratado de la Unión Europea;
   
• los otros compromisos suscritos por Francia y relativos a las Comunidades Europeas y a la Unión Europea;
   
• el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;
   
  Tomando en consideración, además:
   
• las decisiones del Consejo constitucional núm. 2004-496 DC del 10 de junio del 2004, 2004-497 DC del 1ero de julio del 2004, 2004-498 DC y 2004-499 DC del 29 de julio de 2004;
   
• la sentencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos n° 4774/98 (asunto Leyla Sahin c. Turquie) del 29 de junio del 2004;
   
   
  Habiendo escuchado al ponente;
   
   
   
   

1. Considerando que, por el preámbulo de la Constitución de 1958, el pueblo francés proclamó solemnemente “su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbulo de la Constitución de 1946”;
    
    
2. Considerando que, en su artículo 3, la Declaración de los derechos humanos y del ciudadano enuncia que “el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación”; que el artículo 3 de la Constitución de 1958 dispone, en su primera línea, que “la soberanía nacional reside en el pueblo que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum”;
    
    
3. Considerando que el preámbulo de la Constitución de 1946 declara, en su fracción decimocuarta, que la República francesa se “conforma según las reglas del derecho público internacional “y, en su fracción decimoquinta, que” salvo reserva de reciprocidad, Francia acepta las limitaciones de soberanía necesarias para la organización y la defensa de la paz”;
    
    
4. Considerando que, en su artículo 53, la Constitución de 1958 consagra, como lo hacía el artículo 27 de la Constitución de 1946, la existencia de “Tratados o acuerdos relativos a la organización internacional”; que estos tratados o acuerdos no pueden ser ratificados o aprobados por el Presidente de la República sino en virtud de una ley;
    
    
5. Considerando que la República Francesa participa en las Comunidades Europeas y en la Unión Europea en las condiciones previstas por el título XV de la Constitución; que en particular, según su artículo 88-1: “la República participa en las Comunidades Europeas y en la Unión Europea, integradas por Estados que han elegido libremente, en virtud de los tratados que las instituyen, ejercer en común algunas de sus competencias”;
    
    
6. Considerando que estos textos de valor constitucional permiten a Francia participar en la creación y en el desarrollo de una organización europea permanente, dotada de personalidad jurídica e investida de poderes de decisión como resultando de transferencias de competencias acordadas por los Estados miembros;
    
    
7. Considerando, no obstante, que, cuando los compromisos suscritos a tal efecto contienen una cláusula contraria a la Constitución, ponen en entredicho los derechos y libertades constitucionalmente garantizados o afectan a las condiciones esenciales de ejercicio de la soberanía nacional, la autorización de ratificarlos requiere una revisión constitucional;
    
    
8. Considerando que es respecto a estos principios que corresponde al Consejo constitucional proceder al examen del tratado “que establece una Constitución para Europa” firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, así como de sus protocolos y anexos; que no obstante se sustraen al control de conformidad a la Constitución las cláusulas del Tratado que reanudan compromisos anteriormente suscritos por Francia;
    
    

• SOBRE EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA:
   
   

9. Considerando, en primer lugar, que se desprende de las cláusulas del Tratado sometido al examen del Consejo constitucional, con título “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”, y, en particular, de las relativas a su entrada en vigor, a su revisión y a la posibilidad de denunciarlo, que conserva el carácter de un tratado internacional suscrito por los Estados signatarios del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea;

10. Considerando, en particular, que la denominación de este nuevo Tratado no implica observación alguna con respecto a su constitucionalidad; que en efecto, se desprende, en particular, de su artículo I-5, relativo a las relaciones entre la Unión y los Estados miembros, que esta denominación no tiene incidencia en la existencia de la Constitución francesa y en el lugar de ésta en la cumbre del orden jurídico interno;
     
     

11. Considerando, en segundo lugar, que según el artículo 88-1 de la Constitución : “la República participa en las Comunidades Europeas y en la Unión Europea, integradas por Estados que han elegido libremente, en virtud de los Tratados que las instituyen, ejercer en común algunas de sus competencias”; que el constituyente de esta forma consagró la existencia de un ordenamiento jurídico comunitario integrado al ordenamiento jurídico interno y distinto del ordenamiento jurídico internacional ;

12. Considerando que en términos de lo dispuesto por el artículo I-1 del Tratado: “La presente Constitución, que nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir un futuro común, crea la Unión Europea, a la que los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. La Unión coordinará las políticas de los Estados miembros encaminadas a lograr dichos objetivos y ejercerá, de modo comunitario, las competencias que éstos le atribuyan”; que por providencia del artículo I-5, la Unión respetará la identidad nacional de los Estados miembros “inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos”; que según lo dispuesto por el artículo I-6 : “la Constitución y el derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta, primarán sobre el derecho de los Estados miembros”; que se desprende de una declaración anexada al Tratado que este artículo no confiere al principio de primacía un alcance distinto del que tenía anteriormente;

13. Considerando que, si el artículo I-1 del Tratado sustituye a las organizaciones establecidas por los Tratados previos con una única organización, la Unión Europea, dotada en virtud al artículo I-7 de personalidad jurídica, resulta del conjunto de las cláusulas de este Tratado, y, en particular, de la aproximación de sus artículos I-5 e I-6, que no modifica ni la naturaleza de la Unión Europea, ni el alcance del principio de primacía del derecho de la Unión tal como resulta, como lo juzgó el Consejo constitucional en sus decisiones mencionadas, del artículo 88-1 de la Constitución ; que, por lo tanto, el artículo I-6 del Tratado sometido al examen del Consejo no implica reforma de la Constitución ;

 
 
14. Considerando que procede apreciar la conformidad con la Constitución de la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión” que constituye la segunda parte del Tratado sometido al examen del Consejo constitucional;
 
 
15. Considerando, en primer lugar, que por providencia del artículo II-111 del Tratado y con excepción de sus artículos II-101 a II-104, los cuales se refieren solamente a las “instituciones, órganos y organismos de la Unión”, la Carta va dirigida a los Estados miembros “cuando apliquen el Derecho de la Unión” y “únicamente” en este caso ; que la Carta no tiene incidencia alguna en las competencias de la Unión ; que en virtud del apartado 5 del artículo II-112, paralelamente a los “derechos” directamente invocables ante los órganos jurisdiccionales, dicha Carta implica “principios” que constituyen objetivos que no pueden ser invocados sino contra los actos de alcance general relativos a su aplicación ; que entre tales “principios” figuran, en particular, el “derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales”, el “derecho de trabajar”, el “derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”, el “principio del desarrollo sustentable” y el “nivel elevado de protección de los consumidores” ;

16. Considerando, en segundo lugar, que, de acuerdo con el apartado 4 del artículo II-112 del Tratado, en la medida en que la Carta reconoce derechos fundamentales tal como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, “dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones”; que por lo tanto los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución, que se oponen al reconocimiento de derechos colectivos de cualquier grupo, en razón de su origen, cultura, lengua, o creencia, son respetados;
     
     
17. Considerando, en tercer lugar, que según lo dispuesto en su preámbulo, “los órganos jurisdiccionales de la Unión y los Estados miembros interpretarán la Carta teniendo debidamente en consideración las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del præsidium de la Convención que redactó la Carta”; que el apartado 7 del artículo II-112 del Tratado dispone también que : “las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la Carta de Derechos Fundamentales serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y los Estados miembros”;
     
     
18. Considerando, en particular, que, si el primer apartado del artículo II-70 reconoce el derecho a cada persona, individual o colectivamente, a manifestar, por sus prácticas, su convicción religiosa en público, las explicaciones del præsidium precisan que el derecho garantizado por este artículo tiene el mismo sentido y el mismo alcance que el garantizado por el artículo 9 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ; que se encuentra sujeto a las mismas restricciones, que resultan, en particular, de la seguridad pública, de la protección del orden público, de la salud y de la moral públicas, así como de la protección derechos y libertades de terceros ; que el artículo 9 del Convenio ha sido constantemente aplicado por la Corte Europea de los Derechos Humanos, y en último lugar por su decisión mencionada, en armonía con la tradición constitucional de cada Estado miembro ; que la Corte de esta forma ha tomado nota del valor del principio de laicidad reconocido por varias tradiciones constitucionales nacionales y que esta jurisdicción deja a los Estados un amplio margen de apreciación para definir las medidas más convenientes, habida cuenta de sus tradiciones nacionales, con el fin de conciliar la libertad de culto con el principio de laicidad ; que en estas condiciones son respetadas, las disposiciones del artículo 1ero de la Constitución según las cuáles”Francia es una República laica” que prohíben todo individuo de prevalerse de sus creencias religiosas para liberarse de las normas comunes que regulan las relaciones entre colectividades públicas y particulares;
     
     
19. Considerando, por otra parte, que el ámbito de aplicación del artículo II-107 del Tratado, relativo al derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, es más amplio que el del artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, puesto que no se refiere solamente a los conflictos relativos a derechos y obligaciones de carácter civil o a la fundamentación y motivación de una acusación en materia penal; que se desprende sin embargo de las explicaciones del præsidium que la publicidad de las audiencias pueda estar sometida a las restricciones previstas en este artículo del Convenio; que en virtud de lo anterior, “el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moral, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores de edad o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan, o en la medida considerada necesaria por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”;
     
     
20. Considerando, además, que si en virtud del artículo II-110, “Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme”, se desprende de los términos mismos de este artículo, como lo confirman las explicaciones del præsidium, que esta disposición se refiere exclusivamente al derecho penal y no a los procedimientos administrativos o disciplinarios; que, además, la referencia al concepto de identidad de infracciones, y no al de identidad de hechos, preserva la posibilidad para los órganos jurisdiccionales franceses, respetando el principio de proporcionalidad de las penas, de reprimir los crímenes y delitos que afectan a los intereses fundamentales de la nación previstos en el primero título del libro IV del código penal, habida cuenta de los elementos constitutivos propios a estas infracciones así como de los intereses específicos en cuestión;
     
     
21. Considerando, en cuarto lugar, que la cláusula general de limitación enunciada dentro del primer apartado del artículo II-112 establece : “Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás”; que las explicaciones del præsidium precisan que los “intereses generales reconocidos por la Unión” hacen referencia, en particular, a los intereses protegidos por el primer apartado del artículo I-5 en cuyos términos la Unión respeta “las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional”;
     
     
22. Considerando que se desprende de todo lo que precede que, sea por el contenido de sus artículos, sea por sus efectos sobre las condiciones esenciales relativas al ejercicio de la soberanía nacional, la Carta no implica la necesidad de reformar la Constitución;
     
     
     
     
23. Considerando que en virtud del artículo 88-2 de la Constitución, en su redacción que resulta de las reformas constitucionales del 25 de junio de 1992, del 25 de enero de 1999 y del 25 de marzo de 2003: “De acuerdo con criterios de reciprocidad y del modo previsto por el Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992, Francia concede las transferencias de competencias necesarias para el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria europea. - De acuerdo con los mismos criterios y del modo previsto por el Tratado que instituye la Comunidad Europea, en su redacción correspondiente al tratado firmado el 2 de octubre de 1997, se pueden conceder las transferencias de competencias necesarias para la determinación de las normas relativas a la libre circulación de personas y a los aspectos que a ella se refieran. - La ley establece las reglas relativas a la orden de detención europea, en aplicación de los actos adoptados sobre la base del Tratado de la Unión Europea”;
     
     
24. Considerando que requieren una reforma constitucional las cláusulas del Tratado que transfieren a la Unión Europea competencias que afecten las condiciones esenciales de ejercicio de la soberanía nacional en ámbitos particulares o según modalidades diversas de aquéllas que hayan sido previstas por los Tratados mencionados en el artículo 88-2;
     
     
25. Considerando que el “principio de subsidiariedad”, enunciado por el artículo I- 11 del Tratado, implica que, en los ámbitos que no sean competencia exclusiva de la Unión, ésta intervendrá sólo en caso “y en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse de manera más adecuada, debido a las dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión”; que, no obstante, la aplicación de este principio podría no ser suficiente para impedir que las transferencias de competencia autorizadas por el Tratado revistan una mayor amplitud o se produzcan según modalidades que puedan afectar las condiciones esenciales de ejercicio de la soberanía nacional;
     
     
26. Considerando que, de acuerdo con el artículo I-34 del Tratado, salvo disposición en contrario, la “ley europea” y la “ley marco europea”, que se sustituyen al “reglamento comunitario” y a la “directiva comunitaria”, se adoptarán, a propuesta únicamente de la Comisión, junto con el Consejo de Ministros, resolviendo por mayoría calificada prevista en el artículo I-25, y por el Parlamento Europeo, según el “procedimiento legislativo ordinario” previsto en el artículo III-396; que, salvo algunas excepciones, dependerán en adelante de este procedimiento todas las materias de la competencia de la Unión, en particular, aquellas que tratan del “espacio de libertad, seguridad y justicia” siendo objeto del capítulo IV del título III de la tercera parte del Tratado;
     
     
    . Por lo que se refiere a las transferencias de competencia que se producen en nuevas materias:
     
     
27. Considerando que requieren una reforma de la Constitución las disposiciones del Tratado que transfieren a la Unión Europea, y hacen desprenderse “del procedimiento legislativo ordinario”, competencias inherentes al ejercicio de la soberanía nacional; que esto se desprende, en particular, del artículo III-265, en el ámbito del control en las fronteras, del artículo III-269, en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, y de los artículos III-270 e III-271, en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, para aquellas competencias mencionadas en dichos artículos que no entran en las previsiones de los artículos 62 y 65 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, ni de los artículos 31 y 34 del Tratado de la Unión Europea;
     
     
28. Considerando que requiere también una reforma de la Constitución, habida cuenta del alcance que reviste tal disposición para el ejercicio de la soberanía nacional, el artículo III-274, relativo a la creación de una Fiscalía europea, órgano habilitado para perseguir a los autores de infracciones que afectan los intereses financieros de la Unión y ejercer ante los órganos jurisdiccionales franceses la acción pública relativa a estas infracciones;
     
     
    . Por lo que se refiere a las nuevas modalidades de ejercicio de competencias ya transferidas, aplicables a partir de la entrada en vigor del Tratado:
     
     
29. Considerando que requiere una reforma de la Constitución toda disposición del Tratado que, en una materia inherente al ejercicio de la soberanía nacional pero que ya depende de las competencias de la Unión o de la Comunidad, modifica las normas de decisión aplicables, ya sea sustituyendo la regla de la mayoría calificada a la de la unanimidad en el Consejo, privando así a Francia de todo poder de oposición, o bien confiriendo una función de toma de decisiones al Parlamento Europeo, el cual no es la emanación de la soberanía nacional, privando a Francia de todo poder propio de iniciativa;
     
     
30. Considerando, en consecuencia, que se requiere una reforma de la Constitución, cuando en adelante se hacen depender las medidas en cuestión por medio de una decisión del Consejo por mayoría calificada, en particular, los artículos III-270 e III-271, en la medida en que se trate de competencias ya transferidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, los artículos III-273 e III-276, que se refieren a la estructura, al funcionamiento, al ámbito de acción y a las tareas de Eurojust y Europol, y el b) del apartado 2 del artículo III-300, relativo a las acciones o posiciones de la Unión decididas a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores de ésta;
     
     
31. Considerando que lo mismo sucede, en la medida en que estas modalidades confieren una función de toma de decisiones al Parlamento Europeo, tal como se desprende en particular del el artículo III-191, que prevé que la ley o la ley marco europea establece las medidas necesarias para el uso del euro, así como del primer apartado del artículo III-419 que, en las materias relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, somete en adelante la instauración de toda clase de “cooperación reforzada” en la Unión a la aprobación del Parlamento Europeo;
     
     
32. Considerando que también sucede lo mismo con el artículo III-264, en la medida en que esta disposición sustituye el poder de iniciativa otorgado a cada Estado miembro en virtud de los Tratados previos por la iniciativa conjunta de un cuarto de los Estados miembros con el fin de presentar un proyecto de acta europeo en materias que dependen del espacio de libertad, seguridad y justicia, como las mencionadas en el artículo III-273 refiriéndose a Eurojust, y a los artículos III-275 a III-277 relativos a la cooperación policial;
     
     
    . Por lo que se refiere al paso por mayoría calificada en virtud de una decisión europea posterior:
     
     
33. Considerando que toda disposición del Tratado, del tipo de las denominadas por sus negociadores como “cláusulas pasarelas”, requiere una reforma de la Constitución que, en el caso que dicha materia sea inherente al ejercicio de la soberanía nacional, esta modalidad permite, incluso supeditando tal cambio a una decisión unánime del Consejo Europeo o el Consejo de Ministros, sustituir el método de decisión mayoritario con la regla de la unanimidad en el Consejo de Ministros ; que en efecto, tales modificaciones no requerirán, en el momento oportuno, ningún proceso de ratificación o aprobación nacional con miras a permitir un control de constitucionalidad sobre el fundamento del artículo 54 o del párrafo 2 del artículo 61 de la Constitución;
     
     
34. Considerando que tal es el caso en particular de las medidas previstas por el apartado 3 del artículo III-269, relativas al derecho de familia, mismas que tienen una incidencia transfronteriza, así como de las normas mínimas relativas al procedimiento penal previstas por el inciso d) del apartado 2 del artículo III-270, al igual que la disposición prevista por la fracción tercera del primer párrafo del artículo III-271, en lo relativo a las reglas mínimas que tienen que ver con la definición y a la represión de las infracciones en ámbitos de criminalidad especialmente grave que revisten una dimensión transfronteriza; que lo mismo sucede con el apartado 7 del artículo I- 40 y con el apartado 3 del artículo III-300, que permiten que decisiones relativas a la Política Exterior y de seguridad común, cuyo alcance no está limitado por el Tratado, que en adelante deberán ser tomadas por el Consejo a la mayoría calificada, si así lo decide el Consejo Europeo por unanimidad, pero sin ratificación nacional;
     
     
    . Por lo que se refiere a los procedimientos de reforma simplificada previstos por los artículos IV-444 e IV-445 del Tratado:
     
     
35. Considerando, por una parte, que, por las razones anteriormente mencionadas, debe también examinarse la “cláusula pasarela” general que figura en el artículo IV-444, que instituye un procedimiento de “reforma simplificada” del Tratado; que este artículo permite al Consejo Europeo, por su primer apartado, autorizar al Consejo, excepto en materia de defensa, a pronunciarse por mayoría calificada en un ámbito o en un caso para el cual el Tratado requiere la unanimidad y, por su segundo apartado, de autorizar la aprobación de leyes o leyes marco de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario cada vez que la parte III prevé un procedimiento legislativo especial; que en ausencia de procedimiento nacional de ratificación con miras a permitir un control de constitucionalidad, estas disposiciones requieren una reforma de la Constitución a pesar de la facultad otorgada a todo Parlamento nacional de oponerse a su puesta en aplicación;
     
     
36. Considerando, por otra parte, que el artículo IV-445 instituye un procedimiento de reforma simplificada relativa a las políticas y acciones internas de la Unión ; que la misma disposición prevé que, a propuesta de un Estado miembro, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo Europeo, decidiendo por unanimidad, “podrá adoptar una decisión europea a través de la cual modifique la totalidad o parte de las disposiciones del Título III de la parte III” relativas a las políticas y acciones internas de la Unión ; que según la segunda fracción de su segundo párrafo, esta decisión europea entrará en vigor solamente hasta después su aprobación por los Estados miembros “de conformidad con sus respectivas normas constitucionales”; que esta referencia a las normas constitucionales de los Estados miembros, en el caso de Francia, trata de la autorización legislativa prevista por el artículo 53 de la Constitución.
     
     
     
     
37. Considerando que el Tratado sometido al examen del Consejo constitucional aumenta la participación de los parlamentos nacionales en las actividades de la Unión Europea; que les reconoce, a tal efecto, nuevas prerrogativas; que procede apreciar si estas prerrogativas pueden ejercerse en el marco de las disposiciones actuales de la Constitución;
     
     
38. Considerando, en primer lugar, que el artículo IV-444 instaura, como se dijo, un procedimiento de reforma simplificada del Tratado; que la misma disposición prevé la transmisión a los parlamentos nacionales de toda iniciativa tomada en este sentido y añade que: “en caso de oposición de un Parlamento nacional notificada en el plazo de seis meses a partir de esta transmisión, no se adoptará la decisión europea...”;
     
     
39. Considerando, en segundo lugar, que la segunda fracción del párrafo 3 del artículo I-11 prevé que los parlamentos nacionales deben velar por el respeto del principio de subsidiariedad por parte de las instituciones de la Unión de acuerdo con el protocolo núm. 2; que se desprende de los artículos 6 y 7 de éste, completados por el artículo 3 del protocolo núm. 1, que un Parlamento nacional o, en caso dado, cada una de sus cámaras, podrá en adelante, en el plazo de seis semanas a partir de la fecha a la cual se le transmite un proyecto de acta legislativo europeo, enviar a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga las razones para las cuales se considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad ; que el proyecto deberá volverse a examinar cuando estos dictámenes reúnan un tercio de los votos de los parlamentos nacionales, o un cuarto de estos votos en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal o en el de la cooperación policial ; que a tal efecto, todo Parlamento nacional dispone de dos votos, cada una de las cámaras de un Parlamento bicameral disponiendo por consiguiente de un voto ; que después de esta reconsideración, el órgano del cuál el proyecto emana podrá decidir mantenerlo, modificarlo o retirarlo;
     
     
40. Considerando, en tercer lugar, que el artículo 8 del protocolo núm. 2 establece que la Corte de Justicia, competente para pronunciarse sobre las peticiones formadas por violación del principio de subsidiariedad, podrá también examinar un recurso transmitido por un Estado miembro " de conformidad con su ordenamiento jurídico en nombre de su Parlamento nacional o de una cámara del mismo”;
     
     
41. Considerando que el derecho reconocido al Parlamento francés de oponerse a una modificación del Tratado según el método simplificado previsto por el artículo IV-444 hace necesaria una reforma de la Constitución con el fin de permitir el ejercicio de esta prerrogativa; que lo mismo sucede de la facultad que se le confiere, en su defecto, según procedimientos inherentes a cada una de sus dos cámaras, de emitir un dictamen motivado o de integrar un recurso ante el Tribunal de Justicia en el marco del control del principio de subsidiariedad;
     
     
     
     
42. Considerando que ninguna otra de las disposiciones del Tratado sujeto al Consejo constitucional en virtud del artículo 54 de la Constitución implica una reforma de ésta;
     
     
     
     
43. Considerando que, por los motivos anteriormente enunciados, la autorización de ratificar el Tratado estableciendo una Constitución para Europa exige una reforma de la Constitución,
     
     
    D E C I D E:
     
     
    Artículo 1. - La autorización de ratificar el Tratado que establece una Constitución para Europa no puede llevarse a cabo sin una reforma previa de la Constitución.
     
    Artículo 2. - La presente decisión se notificará al Presidente de la República y se publicará en el Journal officiel de la República Francesa.
     
     
    Deliberado por el Consejo constitucional en su sesión del 19 de noviembre de 2004, estando presentes los miembros siguientes: Pierre MAZEAUD, Presidente, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Pierre JOXE y Jean-Louis PEZANT, Dominique SCHNAPPER, Pierre STEINMETZ y Simone VEIL.